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Las denuncias públicas sobre los hechos violentos del lunes llegaron ayer al Distrito Federal, donde legisladores panistas mostraron los hechos.
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En la reunión se exhibirá también la relación que hay entre la alcaldesa Angélica Araujo Lara y el cabecilla de los golpeadores, Carlos Herrera Chalé, que ya circula en las redes sociales, por medio de una fotografía en la que posan ambos en un acto oficial.
Los vínculos entre la presidenta municipal priista y el jefe del grupo de choque enviado por el gobierno fueron causa de revuelo en los medios nacionales.
"Vamos a pedir que se restituya el estado de derecho en Yucatán, que se rompió el 4 de julio, dejando a los ciudadanos a merced de los grupos de choque contratados por el gobierno", subraya Guillermo Vela Román, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar.
"El estado de derecho se rompió incluso antes del 4 de julio, ya que todo el proceso para hacer el paso deprimido violó reglamentos y leyes para imponerlo de manera unilateral y usando la fuerza para reprimir a los manifestantes", advierte.
"Los trabajos continúan brincando todas las leyes. La lucha legal ya se hace, ya hay un recurso legal, ya se metió y en la reunión vamos a dar los detalles", afirma Vela Román.
"Partiendo de la salvaje agresión del 4 de julio, vamos a pedir que no haya impunidad, los agresores del mediodía trágico ya están siendo identificados de manera pública, documentada, y se debe proceder contra ellos.
"Hay que exigir que no haya impunidad, menos ahora que en las redes sociales se va sabiendo la marcada relación que existe entre Angélica Araujo y los golpeadores profesionales. Todos son conocidos de ellos", recalca.- FÉLIX UCÁN SALAZAR
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Derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán dispuso una medida cautelar que consiste en pedirle al Ayuntamiento de Mérida y a la Secretaría de Seguridad Pública que se abstengan de realizar actos que puedan atentar contra la integridad física y los derechos humanos de las personas que protesten contra las obras en la glorieta de Montejo.
Seguridad pública. A la Secretaría de Seguridad Pública, en particular, se le pide que brinde la protección debida a quienes se manifiesten en la llamada glorieta de la paz.
Guardia permanente. Personal de la Codhey hará una guardia permanente en la glorieta, a fin de estar preparada para tomar conocimiento de cualquier hecho que lo amerite.
Respuesta a una demanda. La Codhey dispuso las medidas mencionadas en atención a una queja de integrantes del Frente Cívico Familiar
