Noticias de Yucatán
(juicio político, desvío, corrupción, impunidad)
(juicio político, desvío, corrupción, impunidad)
Publicada: 27 septiembre 2011
"El secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez incurrió en falsedad de informes dados a una autoridad, falsificación de documentos, tráfico de influencias y abuso de autoridad al aceptar en donación el terreno de Chabihau", afirma el diputado Renán Barrera Concha, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas.
"El tesorero estaba impedido para recibir un terreno del fundo legal, porque éste sólo se le da a personas de escasos recursos, a quien no posee ningún bien inmueble en el Estado y a los que son vecinos del lugar, como disponen los Decretos 334 y 229, requisitos que evidentemente no cumple el funcionario", subraya el legislador, vocal de la Comisión de Presupuesto del Congreso.
"Para obtener la donación, Ricalde Ramírez debió presentar entonces un certificado de no propiedad falso, porque sí tenía propiedades en el Estado, y un certificado de vecindad también falso, porque no vive en Yobaín ni en Chabihau, lo cual significa que hay otras dependencias involucradas en este ilícito", advierte Barrera.
"El decreto 239 obligaba al Ayuntamiento de Yobaín que presidía Adonay Avilés Sierra a revisar acuciosamente la solicitud de donación del terreno y no sólo no lo hizo sino que sería cómplice del delito de falsificación de documentos".
"El propio Ricalde Ramírez ya reconoció públicamente que sí recibió el terreno, así que el delito ya se cometió. Además de las sanciones administrativas que hay que fincarle, debe proceder el juicio político y hasta una demanda penal en su contra, el tesorero debe ser llevado a juicio", apunta Barrera Concha.
"Y respecto a sus otras cinco propiedades, lo menos que puede hacer la Contraloría es investigar el origen de esos predios y averiguar de dónde sacó el dinero para comprarlos, ver si el aumento de su patrimonio va en función de sus ingresos", advierte.-
"Cometió un delito"
El juicio contra el tesorero debe proceder, afirman
Publicada: 27 septiembre 2011
El juicio contra el tesorero debe proceder, afirman
Publicada: 27 septiembre 2011
Con base en lo que disponen los decretos 239 y 334 sobre donación de terrenos del fundo legal, la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos y el Código Penal, el diputado Renán Barrera Concha afirma que el secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, cometió un delito al aceptar un predio en Chabihau que le otorgó el Ayuntamiento de Yobaín.
"De entrada violó el artículo 4 del Decreto 239 que dice que todo solicitante de lotes del fundo legal deberá acreditar a satisfacción de la autoridad municipal lo siguiente:
A) Que no posee ningún bien inmueble en el Estado.
B) Que tiene modo honesto de vivir y cuál es su normal ocupación.
C) A cuánto asciende en promedio su ingreso diario.
D) Que 30 vecinos del lugar expresen por escrito, firmado y ratificado, en conformidad con la solicitud y el avencidamiento del peticionario.
"Con sólo este artículo, el tesorero incurrió en falsificación de documentos al acreditar que no tenía propiedad, porque sí tenía otros predios. De paso emboletó al Registro Público de la Propiedad, que es el que expide la constancia.
"La donación de terrenos del fundo legal es para personas de escasos recursos y es obvio que Ricalde Ramírez no está en esa situación, pues sus ingresos son altos".
"Y tres, tuvo que presentar un acta de vecindad falsa, pues no vive en Yobaín ni en Chabihau. Aquí o mintió al Ayuntamiento o lo hizo cómplice".
Corresponsabilidad
"De cualquier manera el Cabildo es corresponsable, pues debió cerciorarse de que el tesorero cumplía todos los requisitos para darle el terreno", apunta el legislador.
"Como tesorero, Juan Ricalde maneja recursos que van a los municipios y aquí hasta se puede configurar tráfico de influencias o abuso de autoridad, ya que puede retener o tomar represalias contra comunas que no se cuadran.
"Al incurrir en una responsabilidad, el juicio político debe proceder. Procede incluso una denuncia penal contra el secretario, que lo menos que puede hacer es renunciar al cargo", indica.
"De entrada violó el artículo 4 del Decreto 239 que dice que todo solicitante de lotes del fundo legal deberá acreditar a satisfacción de la autoridad municipal lo siguiente:
A) Que no posee ningún bien inmueble en el Estado.
B) Que tiene modo honesto de vivir y cuál es su normal ocupación.
C) A cuánto asciende en promedio su ingreso diario.
D) Que 30 vecinos del lugar expresen por escrito, firmado y ratificado, en conformidad con la solicitud y el avencidamiento del peticionario.
"Con sólo este artículo, el tesorero incurrió en falsificación de documentos al acreditar que no tenía propiedad, porque sí tenía otros predios. De paso emboletó al Registro Público de la Propiedad, que es el que expide la constancia.
"La donación de terrenos del fundo legal es para personas de escasos recursos y es obvio que Ricalde Ramírez no está en esa situación, pues sus ingresos son altos".
"Y tres, tuvo que presentar un acta de vecindad falsa, pues no vive en Yobaín ni en Chabihau. Aquí o mintió al Ayuntamiento o lo hizo cómplice".
Corresponsabilidad
"De cualquier manera el Cabildo es corresponsable, pues debió cerciorarse de que el tesorero cumplía todos los requisitos para darle el terreno", apunta el legislador.
"Como tesorero, Juan Ricalde maneja recursos que van a los municipios y aquí hasta se puede configurar tráfico de influencias o abuso de autoridad, ya que puede retener o tomar represalias contra comunas que no se cuadran.
"Al incurrir en una responsabilidad, el juicio político debe proceder. Procede incluso una denuncia penal contra el secretario, que lo menos que puede hacer es renunciar al cargo", indica.
