(2)El gobierno estatal refinanciará dos cuantiosos créditos contratados en 2009 por un monto de $1,370 millones, con lo que obtendría un ahorro de aproximadamente $100 millones prorrateados en 16 años.
El refinanciamiento no implica cambio de bancos o de plazos para el pago.
En rueda de prensa convocada ayer por los secretarios de Planeación y de Hacienda, Ulises Carrillo Cabrera y Juan Ricalde Ramírez, y por el consejero jurídico, Sergio Cuevas González, se informó de la reducción de las tasas de interés de esos préstamos en un punto porcentual, lo que arrojaría ese ahorro de $100 millones a valor nominal en el periodo 2011-2027, es decir, un ahorro anual de 6.2 millones de pesos en promedio.
Ese dinero, explicó Ricalde Ramírez, pasaría a la partida de recursos de libre disposición para destinarlo luego al gasto social, como obras, nuevos empleos, etcétera.
Los préstamos sujetos a este refinanciamiento son el otorgado por BBV Bancomer por $700 millones, a una tasa de interés de TIIE más 1.84 puntos porcentuales y con una vigencia de 15 años; y el de Banco del Bajío por $670 millones, a una tasa de TIIE más 2.15 puntos y a un plazo de 18 años.
Antecedentes
Esta sería la segunda reestructuración de la deuda pública en esta administración. En marzo, el gobierno firmó un contrato con Banorte para refinanciar dos adeudos del gobierno: uno contratado en 2003 (en la gestión de Patricio Patrón Laviada), que vencía en 2012; y otro obtenido en 2008 por el gobierno de Ivonne Ortega, para la compra de terrenos en Ucú. El refinanciamiento se hizo por $310 millones a un plazo de 18 años.
El plan de refinanciamiento anunciado ayer se propone disminuir el porcentaje de participaciones federales comprometido como garantía de pago de los préstamos. Actualmente, este porcentaje, dijo Carrillo Cabrera, es de 23.8%, pero buscamos bajarlo a 18.8%.
El funcionario añadió que la "deuda pública de Yucatán es absolutamente manejable. Si no lo fuera, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) no habría autorizado una línea de crédito al Estado por $2,600 millones".
Como estado, agregó, ocupamos el sexto lugar en el país con menor deuda pública y mantenemos nuestra calificación crediticia en "A".
Carrillo Cabrera rechazó las afirmaciones de que la deuda pública y los compromisos de pago lleguen a los $10,000 millones, como dicen algunos.
"Es totalmente falso, es una fantasía", insistió. "No existe manera de llegar a esa cifra. Son ganas de mal informar a la sociedad. La deuda pública, la reconocida por el Congreso asciende a $1,644 millones".
Diferencia
El polémico secretario explicó que una cosa es la deuda pública y otra los arrendamientos, las deudas de corto plazo, etcétera. Esto no es deuda, es gasto, así lo reconocen hasta las normas del propio Colegio de Contadores de México, insistió.
También negó que el gobierno local haya comprometido un sólo peso en pagos a los PPS's (Proyectos para la Prestación de Servicios). "Lo haremos hasta mayo de 2012, cuando empiece a funcionar el Museo de la Cultura Maya, pero fuera de eso, hasta ahora no tenemos ningún compromiso de pago con PPS".
-¿Y las deudas de proveedores y las otras de corto plazo, que sumarían más de mil millones de pesos? -preguntó el Diario.
-Eso es parte del gasto corriente anual y no de la deuda estatal multianual -respondió Carrillo, quien pidió a Ricalde Ramírez informar la cifra de esos adeudos. Este dijo que la deuda de proveedores suma $400 millones.
Según el secretario de Planeación, el gobierno del Estado paga a sus proveedores en plazos de 30, 90 y 180 días. Ese dinero forma parte de un fondo revolvente anual.
"Puedo asegurar -afirmó- que esta administración, cuando termine, no dejará un sólo peso de deuda a proveedores".-HERNAN CASARES CAMARA
Tema: Gobierno del Estado
Lo que no se dijo
La calificadora de inversiones Fitch, que otorga al gobierno la calificación crediticia "A", que menciono ayer Ulises Carrillo, explica que esa calificación "corresponde a una sólida calidad crediticia respecto a otras entidades", pero "cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros..."
La calificación crediticia de Fitch tiene perspectiva negativa.
El pasivo a corto plazo del gobierno al 31 de diciembre de 2010 era de $1,480 millones, incluyendo $1,234 millones de cuentas por pagar, no $400 millones como dijo ayer Juan Ricalde.
Los $100 millones que se ahorraría el gobierno en intereses, son menos que los $135 millones que la Coordinación General de Comunicación Social habría pagado a decenas de empresas fantasmas.
