Noticias de Yucatán
La Secretaría de Salud del gobierno federal ha detectado
graves irregularidades en la administración del Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), en 2016, a cargo de Rafael
Barrera Zoreda, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control
de esa dependencia.
Ese documento revela múltiples anomalías en la
adjudicación de los contratos. También evidencia el bajo nivel de productividad
del hospital, ya que de sus 138 camas censables únicamente se ocupan en
promedio 81, es decir, el 58.7%. Además, tres de los cinco pisos del edificio
no se utilizan y solo trabajan seis de los nueve quirófanos. Asimismo, la
auditoría muestra una preocupante disminución en los pacientes remitidos por el
IMSS e ISSSTE, del 45.3% y 59.8%, respectivamente, en relación con el ejercicio
2015.
Barrera Zoreda llegó al cargo en septiembre de 2014, por
el apoyo del gobernador Rolando Zapata Bello. Antes, fungía como director de
Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, que
encabeza Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.
ANTECEDENTES. En 2015 y 2016 salieron a la luz
varias quejas por el desempeño de Barrera Zoreda, principalmente por presuntas
irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios externos, como
los de farmacia y hemodiálisis, pero es hasta ahora cuando se publica un
informe oficial sobre ese tema y el desempeño de Barrera Zoreda.
El informe, cuya copia conoció Mayaleaks, lo redactó
el Órgano Interno de Control de la SSA y lo turno a la Auditoría Superior de la
Federación para los efectos correspondientes.
El HRAEPYse creó en 2006 con el objeto de ofrecer
servicios de salud de alta en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo,
pero entró en funciones hasta 2008. Se trata de un Hospital Federal de
Referencia, es decir, que recibe enfermos remitidos por otros hospitales y
cuenta con infraestructura biomédica de alta complejidad y una cartera de 28
especialidades médico quirúrgicas. El año pasado ejerció un presupuesto de 943
millones, 467 mil 500 pesos.
IRREGULARIDADES. Según la auditoría del Órgano Interno de
Control (OIC), entre las irregularidades detectadas en el hospital aparecen las
siguientes:
. Inconsistencias en los procedimientos de adjudicación
por licitación pública, sobre todo en las fechas de realización de las juntas
de aclaraciones.
. En los concursos por invitación a cuando menos tres
personas, no se evidenciaron las propuestas técnicas y económicas de los
licitantes correspondientes a nueve contratos por 7 millones 635 mil 300 pesos.
. En 30 contratos por excepción a licitación pública, por
124 millones 895 mil pesos, no se evidenció la documentación legal y
administrativa del proveedor.
. Las solicitudes de requisición de bienes y servicios
contratados no estaban firmadas o no se proporcionaron.
. No se acreditaron los supuestos en los que se
fundamentó la adjudicación directa por excepción a licitación pública de 16
contratos, por 113 millones, 860 mil 500 pesos.
. Los informes mensuales de las contrataciones, que se
enviaron al OIC, no incluyeron los supuestos de excepción en los que se
fundamentaron las adjudicaciones directas, además, se consideraron contratos
formalizados en meses distintos de los reportados.
. Los informes trimestrales, presentados al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, no consideraron la síntesis sobre la
conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas por
adjudicación directa, por monto y por excepción a licitación pública, así como
tampoco procedimientos de licitaciones públicas.
. Se observó que 69 contratos y 22 convenios
modificatorios, por un monto contratado de 351 millones, 998 mil 800 pesos
fueron firmados por personal que no contaba con las atribuciones, de acuerdo
con la normativa vigente, o carecían de alguna de las firmas de los participantes.
¿Y LAS GARANTÍAS? Por lo menos 25 contratos y seis
pedidos, por los que se erogó un total de 69 millones, 609 mil 500 pesos, no
contaron con las garantías de cumplimiento.
. Se encontraron deficiencias en la elaboración de 21
estudios de mercado correspondientes a contratos por 162 millones, 585 mil 900
pesos, principalmente por no considerar la información relativa a las
condiciones técnicas de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes o
servicios que evidencien que no se limitó la libre participación.
. De otros once contratos por 73 millones 178 mil 400
pesos, no se proporcionaron los estudios de mercado.
. Tampoco se proporcionó la documentación justificativa y
comprobatoria que avale los pagos realizados por la adquisición de bienes y servicios
de siete contratos y un convenio modificatorio, por 22 millones, 878 mil 800
pesos. Continuará (ML).
