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Cansada de sufrir extorsión, amenazas y agresiones verbales, Wendy Uicab López, directora de una guardería en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida, decidió no prestarse a la corrupción de los funcionarios de la Sedesol federal, por lo que solicitó el apoyo del próximo coordinador de programas federales, Joaquín Díaz Mena, así como la intervención de la Secretaría de la Función Pública.
La directora de la guardería pidió que se investigue y evalúe al actual delegado de esta dependencia y de ser necesario se le cese del cargo, al delegado de Sedesol, Héctor Miguel Enríquez López, por encubrir las prácticas corruptas de sus funcionarios, y se le finque responsabilidad penal por su omisión y presunta participación en las extorsiones de las que ha sido víctima.
Indicó que existen dos denuncias directas contra el subcoordinador operativo de estancias infantiles de la Sedesol, Manuel Morales Briseño, pero en el estado hay más de doscientas guarderías, por lo que podría haber más establecimientos afectados, de ahí que se está investigando si hay más víctimas de esta red de corrupción. Sin embargo, dijo, muchas de las personas involucradas temen porque han sido amenazadas, por lo que no realizan la denuncia.
“La coordinadora del área de estancias infantiles, Sthephanie Dinorah Álvarez Torres y el Delegado sabían del problema pero jamás hicieron nada para impedir los atropellos y todo está documentado”, dijo.
Lamentó que sean puras mujeres las afectadas, que buscan trabajar en paz, apoyando a otras madres de familia y a sus hijos, “en mi caso no ha sido abuso sexual, pero sí violencia psicológica, física e incluso institucional por parte de la Sedesol”, comentó.
Narró que la situación se da cuando ella pretendió aumentar el número de matrícula, y al someterse a la supervisión para avalar la guardería comenzaron las amenazas.
“Me pedían 10 mil pesos y 2 mil 500 pesos por cada niño autorizado. Actualmente cuidamos a 19 niños y teníamos la intención de ampliar la capacidad; la Sedesol tiene que hacer la medición, y de acuerdo a eso se puede llegar a tener hasta 60 niños si se tiene el espacio habilitado”, dijo.
Expresó que la función del subcoordinador era agilizar el trámite ya que el proceso es largo, pero mientras tanto la guardería no recibía el apoyo.
“Los conflictos comenzaron desde 2016, pero el intento de extorsión se dio el 28 de julio de 2017, y desde ese momento no me han dado el subsidio federal que asciende a más de 17 mil pesos al mes”, comentó.
Señaló que los papás pagan una cuota de correspondencia, con la que actualmente se sostiene y que es la misma cantidad por la que Sedesol da que son 950 pesos por cada niño y mil 800 por menores con discapacidad.
En 2016, el Centro Universal para Niños Activos y Sociales, conocido como “CUNAS”, fue sujeto de una demanda penal por daños, lesiones y omisión de responsabilidades en perjuicio de un pequeño de 1 año 8 meses, quien sufrió un duro golpe en la cabeza y resultó hospitalizado, hecho que fue ocultado a sus padres.
La señora Leticia del Carmen Berrón y Roberto Rodríguez Medina, padres del menor, acudieron al Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados, pues luego de la demanda interpuesta contra esa guardería participativa del IMSS, señalaron que al parecer había un complot en contra de ellos, ya que en tres guarderías más les habían negado el ingreso al menor lesionado y a su hermana.
Además, sufrieron amenazas por parte del departamento jurídico del IMSSS, quienes les advertían que de no retirar la demanda en cuestión, los pequeños no serían aceptados en ninguna otra guardería bajo su responsabilidad.
El tema fue llevado a tribuna por el diputado Jorge Féliz Várguez Canul, quien pidió a las autoridades asumir su responsabilidad y solicitó que se fincaran también responsabilidades a los directamente involucrados en ese caso. Fuente:laverdadnoticias.
