(Apro).- La secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se negó a transparentar al público en general sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés: en su declaración de servidora pública disponible en Declaranet, solo indicó su trayectoria profesional, que incluye entre otros la función de titular de la notaría pública 182 de la Ciudad de México, ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec.
Su caso no es aislado: Esteban Moctezuma Barrangán, ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, tampoco quisieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer a la ciudadanía sus situaciones patrimoniales y posibles conflictos de interés. En los últimos 17 años, Moctezuma fue presidente de la Fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego.
Manuel Bartlett Díaz –otrora secretario de Educación Pública y de Gobernación en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel De La Madrid, gobernador de Puebla y dos veces senador–; ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que ingresa 313 mil 924 pesos mensuales netos –. Además, el hombre informó que es titular de fondos de inversión y de capital por 51 millones 377 mil pesos, y dueño de tres locales y dos edificios, que pagó de contado en las últimas cuatro décadas.
En los últimos días, prácticamente todos los integrantes del nuevo gabinete federal entregaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sus declaraciones patrimoniales de servidores públicos, la cual a su vez publicó los documentos en su plataforma Declaranet. Los funcionarios pueden decidir que la información patrimonial y sobre posibles conflictos de interés no se den a conocer a la ciudadanía en general.
Javier Jiménez Espriú, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, reportó que su conyugue es socia de Grupo Idesa, S.A. de C.V., la empresa que se asoció con Braskem –la filial de la brasileña Odebrecht, involucrada a su vez en un escándalo internacional de corrupción– para operar el complejo Etileno XXI. El hombre también indicó que es titular de tres cuentas bancarias, dos carros japoneses, y recordó que fue presidente del consejo de administración de Nec de México, S.A. de C.V. entre 1996 y 2016.
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otrora jefe de gobierno capitalino, indicó que heredó de su madre una casa de 334 metros cuadrados en julio de 2017, e informó que no tiene vehículos a su nombre. Registró una cuenta bancaria, sin monto asociado, y planteó que su esposa, la diplomática hondureña Rosalinda Bueso Asfura, es socia de la empresa Estrategia y Comunicación Aster, S.A. de C.V.
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el secretario de Agricultura, es el secretario que reportó en su declaración pública el mayor ingreso del gabinete: 255 mil 265 pesos mensuales netos, divididos entre su salario de 149 mil pesos por cargo público, y 106 mil pesos por “servicios profesionales”. El hombre también indicó que es dueño de cinco casas, un departamento, dos terrenos y una oficina, que compró durante los años 2000; y que es titular de cuatro cuentas bancarias.
Le sigue María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, quien registró ingresos por 219 mil 893 pesos mensuales netos, pues a sus 149 mil por cargo público se suman 70 mil pesos por “servicios profesionales”. La mujer reportó dos cuentas bancarias, un “terreno rústico” de 4 mil 838 metros cuadrados, así como un automóvil Chevrolet Sedan de 2007.
Jorge Alcocer Varela, ahora secretario de Salud, también reportó ingresos por “servicios profesionales”, de 35 mil pesos mensuales netos. También indicó que es propietario de un departamento de 95 metros cuadrados y de una camioneta Land Rover que compró por 651 mil pesos a crédito en 2012; y que es titular de una cuenta bancaria y una participación en un fondo de inversión.
Carlos Urzua Macías, quien encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó ingresos por 111 mil 792 mil pesos mensuales netos, así como un local y una casa de 435 metros cuadrados, pagada a crédito en 2009. En materia de inversiones, registró una cuenta bancaria dotada de 38 mil 496 dólares e informó sobre la incorporación de un fondo de inversión por 2 millones 20 mil pesos, así como un rubro de “organizaciones privadas” por un millón 580 mil pesos.
Miguel Torruco Marqués, el consuegro de Carlos Slim Helú quien dirige la Secretaría de Turismo (Sectur) en la administración de AMLO, reportó por su parte tres casas –una que heredó de su madre, y dos de más de mil metros cuadrados pagadas por contado en 1988 y 2015–, así como inversiones en fondos de inversión y una cuenta bancaria, con montos desconocidos.
La académica Graciela Márquez Colín, quien en los últimos 15 años fue investigadora en el Colegio de México, planteó que es dueña de dos departamentos y una casa –todos comprados a crédito entre 1992 y 2009–, así como de cuatro cuentas bancarias, cinco tarjetas de crédito y créditos hipotecarios.
Octavio Romero Oropeza, el actual director general de Pemex, registró ingresos por 191 mil pesos mensuales; una casa, dos departamentos y tres “terrenos rústicos”, así como cabezas de ganado por 3 millones de pesos y tres cuentas bancarias, en las que reportó cerca de 2 millones de pesos.
María Luisa Alcalde Lujan y Román Meyer Falcón, los dos integrantes más jóvenes del gabinete federal –con menos de 35 años–, reportaron ingresos que rondan los 100 mil pesos. La primera participa en un fondo de inversión, por un millón 448 mil pesos, y es dueña un carro japonés de 200 mil pesos y un departamento de 142 metros cuadrados comprado en 2014 por un millón 900 mil pesos; el segundo informó ser dueño de un departamento de 100 metros cuadrados, tres cuentas bancarias y… un refrigerador pagado al contado.
Hasta la fecha, aun no aparecen las declaraciones patrimoniales de Josefa Blanco Ortiz Mena –titular de la Secretaría de Medio Ambiente– y de Rocío Nahle, la secretaria de Energía; tampoco está disponible a la consulta la declaración de Alejandro Gertz Manero, el actual titular de facto de la Procuraduría General de la República (PGR), ni de Alfonso Romo, el jefe de oficina de AMLO, así como de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
