La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de deficiencias en adjudicaciones directas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) en 2017, cuando el ministro Luis María Aguilar Morales presidía el máximo tribunal del país.
En ese año, la SCJN realizó erogaciones por 276 millones 904 mil pesos mediante 183 procedimientos de adjudicación directa, al haberlos considerado “urgentes, especiales o de renovación sin procedimiento de adjudicación”, de las que la ASF identificó que no se garantizaron las mejores condiciones para la Suprema Corte.
"El marco normativo en materia de adquisiciones de material bibliográfico y hemerográfico no considera los elementos que garanticen las mejores condiciones para la SCJN ni tampoco se acreditaron los elementos mediante los cuales se determinaron los títulos, editoriales y número de ejemplares de diversos libros adquiridos”, se señaló.
Incluso, en el informe se detalló que el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, no contiene la información completa y detallada conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
También resaltó que la percepción por “Ayuda de anteojos” no fue incorporada a la base del cálculo del ISR y se carece además de un marco normativo que considere la obligación de que el sindicato compruebe la entrega-recepción de los bienes adquiridos para sus agremiados.
El informe señala que se determinaron 12 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la Corte antes de la integración del informe y las otras nueve generaron igual número de recomendaciones.
La Auditoría Superior concluyó que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto algunos aspectos.
En la auditoría pasada, la ASF halló que la SCJN tenía deficiencias y debilidades importantes en el control y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
El dictamen indicó que la SCJN no tiene control adecuado de los proveedores, lo cual no garantiza que los servicios cumplan con niveles de calidad y servicio comprometidos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que hasta 2017 en el Nuevo Sistema de Justicia Penal persistía el riesgo de saturación en los procesos y alertó que si esta situación no se controlaba, los derechos de las víctimas no podrían ser garantizados.
Incluso señaló que durante la presidencia del ministro Luis María Aguilar, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) careció de elementos que posibilitaran determinar si con el nuevo sistema se avanzó en atender la problemática estructural de dicho sistema, caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, defensoría pública rebasada y deficiente vinculación entre policía y ministerio público.
Venguardia
