El abogado José Antonio Peniche Sansores, defensor de Keysi Johana González Corrales, nos solicita precisar que su cliente fue absuelta por la justicia federal de los delitos que le atribuyeron las autoridades ministeriales durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
En relación con una información que publicamos anteayer, en la que se alude a un nuevo problema legal en que está involucrada la señora González Corrales, el abogado subraya que este conflicto es “un asunto de índole estrictamente civil y de derecho privado” y señala que las acusaciones del pasado tuvieron su origen en un “encarnizado pleito” entre Rafael Acosta Solís, entonces subprocurador del Estado, y el delegado de Migración, Hernán Vega Burgos. Incluso, afirma que funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega “pretendieron asesinar” a su representada.
El defensor nos envió una carta que en su parte medular dice lo siguiente:
—La señora González Corrales desaprueba con firmeza el mote que la prensa, funcionarios públicos y otros actores involucrados en los hechos del año 2009 le han impuesto como “La madame yucateca”, toda vez que no se dedica a la actividad de la prostitución ni al lenocinio; asimismo, no existe absolutamente ningún proceso judicial pendiente por desahogar en su contra por delitos de esa naturaleza y los que en su momento se instruyeron ante los tribunales del fuero común y del fuero federal en nuestro país dictaminaron su inocencia por los delitos de privación ilegal de la libertad, trata de personas y lenocinio en la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y delincuencia organizada y trata de personas en el Juzgado 2o. de Distrito, ratificándolo así el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito en el Estado a pesar de haber apelado la sentencia absolutoria la delegación local de la entonces Procuraduría General de la República.
—Además, el Organismo de Investigación Judicial, a través de la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado de San José de Costa Rica, desistió expresamente de la acción penal ejercida contra mi cliente por no existir pruebas suficientes para aspirar a una sentencia condenatoria por el delito de crimen organizado y proxenetismo (trata de personas) en dicho país centroamericano. Y no solo eso: hoy por hoy tanto el Estado Mexicano, encabezado en ese entonces por el ex presidente Enrique Peña Nieto, como el gobierno del Estado de Yucatán de la ex gobernadora Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y ex funcionarios de ambos órdenes de gobierno se encuentran sometidos a un procedimiento de Derechos Humanos Internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D. C., en autos del expediente P-1062-12 por las múltiples violaciones a las garantías individuales de mi representada, a quien incluso pretendieron asesinar ex funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega, quienes hoy gozan de la más descarada y oprobiosa impunidad en nuestro país, ya que hasta hoy no han sido castigados judicialmente.
—En segundo término, es totalmente arbitrario que se ventile en cualquier medio de prensa un asunto de índole estrictamente civil y de derecho privado como lo es la desaveniencia que pudiera tener con el señor Jorge Briceño Alonzo, en razón de que los procesos judiciales que se ventilan en un juzgado en materia civil no deben trascender las fronteras de cualquier tribunal hacia la opinión pública porque se trata de asuntos en los que los involucrados son meramente particulares y no autoridades. Y aun si fuera legal y correcto involucrar a la opinión pública con algo de esta naturaleza, resulta increíble la versión del “afectado” en dicho caso, dado que si Keysi González Corrales se dedicara a la trata de personas, o bien, a la prostitución o el lenocinio como irresponsablemente sostiene, y siendo esta actividad ilegal la tercera mejor remunerada después del narcotráfico internacional y el tráfico de indocumentados en Latinoamérica, considero que no tendría absolutamente ningún problema en pagar mes a mes las rentas del predio que habita, así como los servicios del mismo. Sin embargo, por respeto a la familia del señor Briceño Alonzo y a su propia persona, mi cliente ha decidido reservarse los motivos y las razones por los cuales existe un desacuerdo entre ellos ante la prensa, aunado a que prefiere no incurrir en algún acto difamatorio ni calumnioso en agravio del señor Briceño, sino acudir ante las instancias judiciales legalmente constituidas para hacer valer su defensa y sus argumentos en claro acatamiento al marco legal.
—Habría que recordar las circunstancias que dieron origen a la fama pública que le han dado injustamente a mi cliente, las cuales radican en el encarnizado pleito que tuvieron el ex subprocurador de Ivonne Ortega, el Lic. Rafael Acosta Solís, y el entonces delegado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Hernán Vega Burgos, siendo que el primero de los nombrados, en un claro abuso de poder y con base en la coalición de otros ex funcionarios públicos que encabezaban el gobierno local, y con el evidente ánimo de perjudicar la imagen y la persona del licenciado Hernán Vega, mi cliente fue imputada de toda una serie de delitos del fuero común y del fuero federal y de los que hoy no queda ni el más mínimo rastro en virtud de que la justicia federal la absolvió lisa y llanamente de toda acusación al no poder acreditar ningún delito la entonces Procuraduría General de Justicia del gobierno de Ivonne Ortega, quien inventó cada una de las pruebas que integraban los expedientes. Megamedia.
