En maratónica audiencia de más de 13 horas, un Juez Penal del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en Mérida, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de peculado agravado cometido en pandilla al alcalde de Motul y un empresario.
Se trata de la primera vez que vinculan penalmente a servidores públicos en funciones en Yucatán y fue por conductas ilícitas con las cuales desviaron recursos públicos del municipio mencionado.
Como se ha informado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ejercitó acción penal en diversos asuntos que derivaron de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) contra servidores públicos y particulares de Motul.
Detectan irregularidades en el manejo de recursos públicos en Motul
Esto, en virtud de que al realizarse los procedimientos de fiscalización se detectaron irregularidades en el manejo, administración y aplicación de los recursos públicos, como la simulación en la ejecución de obras pagadas pero no ejecutadas.
Uno de esos asuntos fue resuelto ayer lunes en la sala de audiencias del Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se resolvió la situación jurídica de los implicados en el asunto, audiencia que inició a las 8:30 horas y concluyó luego de las 21:30 horas.
Fue en continuación de la audiencia que se inició el pasado día 21 de junio, cuando la Fiscalía Anticorrupción imputó los hechos delictivos y solicitó la vinculación a proceso de los acusados.
Sin embargo, a petición de los defensores se otorgó un plazo mayor para resolver su situación jurídica y presentar argumentos defensivos, que luego de su análisis por el juzgador resultaron insuficientes para evitar que fueran vinculados a proceso por los hechos que se les atribuyen.
¿Por qué se vinculó a proceso penal al alcalde de Motul?
De acuerdo con los datos recabados en el juzgado, el asunto correspondió al pago de la construcción de una calle en 2021 con recursos del Estado, pero en la auditoría se descubrió que la obra ya había sido realizada años antes con recursos federales, de modo que se pretendía simular la construcción de algo ya hecho.
Se obtuvieron numerosos datos de prueba que dejaron al descubierto que la obra no fue realizada en el segundo contrato, pero sí se había sacado el recurso del erario municipal y se había falseado documentación comprobatoria de la obra para beneficiar al empresario por un importe superior a 800,000.00 pesos.
Medidas cautelares a los acusados del desvío del erario
Por esta razón, el juez consideró que hay elementos suficientes para vincular a proceso a los acusados, quienes previamente fueron sometidos a medidas cautelares como la exhibición de una garantía económica por cada imputado, prohibición de salir del Estado, prohibición de acercarse a los testigos así como la presentación periódica dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares.
Asimismo, el juez Control fijó el plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria a la Fiscalía Anticorrupción a efecto de que formule su acusación para que los imputados sean llevados a juicio.
Esta es la primera vez que se vincula a proceso penal a un servidor público de primer nivel en funciones por delitos cometidos en hechos de corrupción.
