Sale "raspado" el PRI en peculado de González Canto

30 agosto 2011
Noticias de Yucatán

(peculado, desvío, acarreo, transporte, impunidad)

Involucran en unos pagos al presidente estatal del partido
Publicada: 30 agosto 2011

El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez al interponer su denuncia ayer en la Contraloría estatal
El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez al interponer su denuncia ayer en la Contraloría estatal Ver fotos(1)

Los presuntos desvíos con el pago de más de $52 millones a una empresa del subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto salpican ahora al PRI, con una denuncia contra el presidente de ese partido, Luis Hevia Jiménez.

El dirigente era oficial mayor del gobierno del Estado cuando se hizo la mayor parte de los pagos, por "servicios de transportación" a eventos de la gobernadora Ivonne Ortega, a excursiones y "apoyos varios".

La denuncia fue interpuesta ayer en dos instancias: la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.

A principios de julio publicamos amplia información de Central 9, Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sobre los pagos realizados a la empresa Urbanos de Mérida, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es González Canto, subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno.

Hasta abril de este año el Ejecutivo pagó más de $52 millones a esa empresa, no obstante que, por ley, González Canto no puede ser proveedor del gobierno. Quedaban pendientes de pago otros $19 millones.

El 14 de julio los regidores panistas Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab interpusieron una denuncia contra el subsecretario ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Le atribuyeron desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.

Ayer, Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez Moguel se presentaron ante esas mismas instancias para denunciar a Hevia Jiménez, quien fue oficial mayor del Ejecutivo hasta febrero de este año, cuando fue electo presidente estatal del PRI.

A la Contraloría se le pide que finque responsabilidad administrativa a Hevia Jiménez, lo inhabilite para ocupar de nuevo un cargo público y se proceda penalmente en su contra.

A la Fiscalía se le reportan hechos delictuosos contra el erario y se le pide que proceda a desahogar "todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos".

La denuncia se basa en los siguientes aspectos:

1) De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Oficialía Mayor le corresponde coordinar la realización de eventos protocolarios y ceremonias del Poder Ejecutivo.

2) El Código de la Administración Pública dispone que es de su competencia atender los requerimientos del Despacho del Gobernador(a) en materia de transporte, servicios generales, comunicaciones, adquisiciones, servicios y recursos humanos.

3) Con esas atribuciones, Hevia Jiménez contrató y pagó, a cargo del erario, a la empresa de González Canto para servicios diversos, muchos de ellos de tinte partidista.

4) Independientemente de otros ilícitos, el actual presidente del PRI violó varios preceptos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y otros ordenamientos, pues es responsable de actos y omisiones que afectaron la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones.

"Las fechas de muchos pagos coinciden con eventos del PRI. Parece que la ordeñada del erario llegó a las cubetas que alimentan a ese partido", indicó Pérez Moguel.


Se extiende al PRI una acusación de peculado
Dicen que el líder estatal del partido es cómplice de un pago
Publicada: 30 agosto 2011

La acusación de peculado y desvío de recursos atribuida al subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se extendió ayer al PRI yucateco.

En una denuncia que interpusieron ante la Contraloría General y la Fiscalía General del Estado, el regidor Kirbey Herrera Chab y el ex diputado Orlando Pérez Moguel dicen que el presidente estatal del PRI, Luis Hevia Jiménez, fue quien, como oficial mayor del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, contrató los servicios pagados a la empresa camionera de González Canto, Urbanos de Mérida.

Los pagos ascendieron a más de $52 millones hasta marzo pasado.

Los denunciantes presumen complicidad y triangulación de recursos para beneficiar al PRI.

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