Como se esperaba, los diputados del PRI rechazaron la denuncia que 19 ciudadanos pusieron contra la presidenta municipal Angélica Araujo Lara, acusada de graves violaciones a la ley con su proyecto del "paso deprimido" y la represión del 4 de julio.
Con cinco votos en contra y dos a favor, se evitó dar entrada a la petición de juicio político contra la funcionaria. De esa forma ya no es posible que las acusaciones concretas sean ventiladas, analizadas y discutidas en la Comisión Instructora que se crearía para estudiar ese caso.
En menos de dos horas se resolvió la cuestión. Incluso a los diputados les tomó más tiempo leer las más de 80 páginas del dictamen elaborado al respecto y el cual votaron en forma nominal para dejar constancia de la postura de cada uno de ellos.
La reunión se realizó en un pequeño salón, abarrotado por auxiliares y seguidores de los diputados y "orejas" del Poder Ejecutivo estatal. En contraparte, se impidió el paso a dos de los 19 solicitantes del juicio: Yazmín Gaspar Góngora y Adelaida Salas Salazar, quienes llegaron temprano al recinto y obtuvieron el gafete de "visitantes".
Pero los guardias del lugar ni siquiera les permitieron acercarse a la escalera que lleva al salón. Las dos activistas alegaron que las sesiones de los diputados son públicas y, además, días antes el diputado priista Víctor Caballero Durán les garantizó que podrían asistir.
Fuera del edificio permaneció un grupo de la "policía política", pues se temía una arribazón de gente a esa sesión pública. En ella intervinieron con voz y voto los siete integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que encabeza Caballero Durán. También hubo otros diputados que pudieron opinar, pero no votar.
En total, hubo nueve legisladores afines al PRI y tres al PAN. Llamó la atención que no hubiera más diputados panistas interesados en el tema, ni asistieran los dos del PRD.
La junta no fue para abordar el asunto de fondo ni revisar las pruebas que se exponen, sino sólo para decidir si se cubren los requisitos para determinar la procedencia del juicio político. En caso afirmativo, se le daría entrada.
Sin embargo, en la discusión ambos bandos se acusaron de caer en el error de erigirse en juzgadores, lo cual sólo compete a la Comisión Instructora.
El principal argumento de los priistas fue que no se cumplió con ninguna de las ocho fracciones del Artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, relativo a la pertinencia del juicio.
"No hay ninguna violación grave ni sistemática, como pide la ley", dijo Caballero Duran. Aunque los hechos que se exponen fueran ciertos, no son violaciones graves ni sistemáticas ni generalizadas.
"Por lo tanto, la petición debe ser desechada por ser notoriamente improcedente".
Los dos panistas opinaron lo contrario. Renán Barrera Concha sostuvo que hay elementos para que proceda la petición y pidió que la Comisión Instructora sea la que revise los ocho puntos del Artículo 7o.
Citó el dictamen del Colegio Yucateco de Arquitectos contra el túnel, y consideró que la postura de los priistas era rechazar el juicio político para defender a la presidenta municipal.
"¿Los hechos del 4 de julio no violan las garantías de los ciudadanos?", les preguntó.
"Una golpiza de 14 horas no es algo reiterado. ¿Y quien es el responsable de esa agresión? Que contesten a esto".
Tito Sánchez Camargo, también del PAN, pidió que sea la Comisión Instructora la que analice el fondo de la cuestión. "No hay prisa", insistió. Agregó que uno de los aspectos del Artículo 7o. que se cumplen es la violación grave y sistemática a las garantías individuales. También se violaron las leyes de Obras Públicas, de Asentamientos humanos, de Profesiones, de Gobierno de los Municipios, de Equilibrio Ecológico, el Reglamento de Preservación de la Zona de Patrimonio Cultural y la Constitución estatal.
Los del PRI replicaron que la opinión del Colegio Yucateco de Arquitectos es de tipo consultiva, la autoridad no está obligada a acatarla. Y remitieron a los agredidos a la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias jurisdiccionales más a las que toca atender ese tipo de asuntos.
Agregaron que a la relación de leyes que enumeró Tito Sánchez se puede agregar otras 50 más, pero incluso de ese modo no se cumple el requisito de violaciones sistemáticas y reiteradas.
Los priistas consideran que los hechos de 4 de julio fueron una "gresca" entre ciudadanos, justificaron la inacción de la Policía Municipal porque aquella ocurrió fuera de su jurisdicción e indicaron que la oposición al túnel es sólo de " un grupo reducido" que trata de "sentirse dueños de las expresiones del resto de los ciudadanos".
Según ellos, no se violó el derecho de asociación, y que la presidenta municipal no incurrió en incumplimiento de algún deber al no enviar a la fuerza pública a la glorieta, "pues para ello debe existir una norma que obligue a dicha autoridad a cumplir con ese deber (sic)".
Al principio de la reunión -a las 9:20 horas- se intentó que no participara Renán Barrera porque lo consideran juez y parte debido a que él estuvo en la glorieta el 4 de julio y, por tanto, paradójicamente, viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El juicio se desechó con el voto de Caballero Durán, Adolfo Calderón Sabido, Martha Góngora Sánchez, Carlos Pavón Flores y Omar Corzo Olan. Renán Barrera y Tito Sánchez votaron a favor.
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