Publicada: 9 agosto 2011
(2)Un grupo de diputados decidiría hoy si el Poder Legislativo da entrada a una petición de someter a juicio político a la alcaldesa Angélica Araujo Lara por las violaciones legales que se le atribuyen en el proyecto del "paso deprimido" y la violenta represión contra ciudadanos que se opusieron a esa obra.
Respecto a ese juicio, que puede derivar en diversas sanciones contra Angélica Araujo, entre ellas la destitución, tres presidentes de cámaras empresariales dieron sus puntos de vista.
Carlos Worbis Rosado, líder de los industriales del vestido, señaló que hace muchos años que no se veía una petición de ese tipo, y toca a los legisladores decidir si procede o no.
Víctor Castillo Espinosa, presidente de los constructores, manifestó que no es abogado, no sabe de leyes, y la cámara que representa no le corresponde meterse en ese asunto.
Sin embargo, considera que si la legislación permite que una persona o agrupación presente esa demanda, entonces ésta debe ser atendida.
La presidenta local de la Canacintra, Marisol Lugo Ayora, dijo a su vez que no puede emitir una opinión al respecto porque no tiene más información que la que se ha publicado en los medios de difusión.
Agregó que los socios de esa agrupación se oponen a la violencia y consideran importante mantener la paz.
Posible proceder
Se considera que los representantes del PRI usarán su mayoría para rechazar esa solicitud y poner fin a ese asunto. La presunción de ésto se basa en el comportamiento que mostró la bancada priista cuando 19 ciudadanos hicieron la denuncia.
Esa vez, como ya informamos, se alegó que 18 de los 19 interesados no ratificaron esa demanda y, por tanto, quedaron fuera del proceso.
Pero los demandantes protestaron por ese proceder, recordaron las trabas que tuvieron para presentar esa demanda, y, además, en dos ocasiones pidieron a los "representantes del pueblo" fijar fecha y hora para cumplir ese trámite pero aquellos no respondieron.
"Actuar mañoso"
Indicaron que esa actitud obedece a un "actuar mañoso" de los legisladores, quienes se comportan como adversarios de los ciudadanos, no como representantes de éstos.
La forma como se ha desarrollado el caso, todavía en pañales, se interpreta como interés por cerrarlo lo más pronto posible y evitar que se siga hablando de él. El grupo del PRI podría disimular y dejar correr parte de los trámites, para después rechazar el asunto cuando se vote en el pleno.
Sin embargo, se dice que ello daría pie a que la demanda genere mayor adhesión social. Por eso les urge cerrarlo.
El asunto se abordará hoy a partir de las 9 horas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, integrado por cinco diputados afines al PRI: Víctor Caballero, (presidente), Martha Góngora, Carlos Pavón, Adolfo Calderón y Omar Corzo. Parte de ellos laboró en el Ejecutivo estatal.
Los que votarían a favor del juicio político son Renán Barrera y Tito Sánchez, del PAN.
Bases legales
El Dip. Renán Barrera considera que hay bases legales para sancionar a la presidenta municipal. Las violaciones a la ley que ella cometió con el proyecto del "paso deprimido" son:
-No escuchó a la sociedad ni hizo una consulta pública. Ese proyecto no figura en el presupuesto de egresos, y no se respetó el patrimonio cultural.
-No es una obra prioritaria ni necesaria y no cumple con el reglamento de construcciones ni con las normas de protección al medio ambiente.
-En los hechos del 4 de julio se violaron los derechos humanos de los manifestantes, al no otorgarles ni garantizarles la seguridad pública y ejercicio de las libertades de expresión y de asociación.
Según el legislador panista, se violaron la Ley de Seguridad Pública Estatal, las constituciones estatal y federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y el Reglamento de Construcciones del municipio.
También, la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, la declaratoria de zonas de patrimonio cultural y el Reglamento de Preservación de Zonas de Patrimonio Cultural, y la Ley de Participación Ciudadana.- Hansel Vargas Aguilar
Tema: El paso deprimido
El túnel de Montejo
1) Todo comenzó cuando el Ayuntamiento anunció la construcción de un túnel en la glorieta de Prolongación de Montejo con Circuito Colonias.
2) La sociedad civil se manifestó en contra porque la considera una obra innecesaria que no resuelve el problema de la vialidad que la Comuna pretende atender con ella.
3) Consideró que el túnel es caro y su construcción afecta el entorno, declarado Patrimonio Municipal.
4) Expertos en la materia, estudiantes, cámaras empresariales y diversos sectores pidieron que no se haga la obra, pero fue concursada y asignada a Proser.
5) Entonces comenzó un movimiento de resistencia civil que incluyó plantarse delante de la maquinaria para evitar su construcción.
6) El 4 de julio el movimiento fue violentamente disuelto mediante porros que sacaron del lugar a golpes con tubos y otros objetos contundentes a los manifestantes.
7) Durante la agresión la policía se quedó de brazos cruzados por órdenes de la gobernadora, hasta que los porros se fueron.
