Están ligadas a proyectos que se realizan con recursos federales. El dinero se “baja” por los cauces legales, aunque llaman la atención las circunstancias en que se hacen los pagos.
El caso salió a flote luego de que regidores panistas de Motul se opusieron a la autorización de un nuevo reglamento de construcción en el municipio con costo de más de medio millón de pesos, por considerarlo innecesario ya que meses atrás aprobaron uno sin cargo al erario. Además, de acuerdo con los ediles, no había diferencias significativas entre uno y otro ordenamiento, más que el elevado pago.
En medio de esa negativa surgió que el alcalde ya había liberado un anticipo de $239,000 a la empresa sin hacerlo del conocimiento del Cabildo. La carátula del ordenamiento tiene el logotipo de la Sedatu.
El representante de la compañía lo es también de una empresa que recibió un millón de pesos por el “Atlas de Peligros” de Progreso. El 80% del dinero provino de Sedesol.
Ven operaciones oscuras con tres empresas comunes
Primer caso. El 9 de enero de este año el Ayuntamiento de Progreso presentó el “Atlas de Peligros”. Tuvo un costo de un millón de pesos, de los cuales la Secretaría de DesarrolloSocial del gobierno federal aportó el 80 por ciento y la Comuna progreseña financió el 20% restante.
La autora del Atlas es la empresa Servicios Integrales Gika, S.A. de C.V.
Segundo caso. Este mismo año, en sesión de Cabildo, fue presentado en Motul un reglamento de construcción del municipio que sustituiría a uno presentado y aprobado apenas meses antes. No “pasó” la propuesta del alcalde Julián Pech Aguilar.
El reglamento, con costo de más de medio millón de pesos, es de la autoría de Grupo Esan del Sureste (Gesan).
Tercer caso. El 23 de junio, los regidores de Tizimín son convocados a una sesión en la cual, entre otras cosas, se analizarían y aprobarían obras de infraestructura e imagen urbana en el municipio.
En el orden del día se indicaba que se sometería al cuerpo edilicio la aprobación de la asignación directa de tales obras a Kerai Construcciones. Finalmente esa sesión no se celebró.
Puntos en común
En los tres casos hay un punto de coincidencia. Aunque en apariencia son empresas diferentes involucradas en la prestación de servicios a los municipios, las tres tienen a un personaje en común: Juan Carlos Gasca Pérez Tejada, quien aparece como apoderado de las compañías.
Con excepción de Gika, las otras empresas son de reciente creación y, coincidentemente también, figura como su representante Enrique González Urzaiz, un ingeniero civil que se desempeñó como coordinador del programa de Rescate de Espacios Públicos en la delegación local de Sedesol hasta 2012, cuando se efectuó el cambio de gobierno.
Hay constancias de que Servicios Integrales Gika ha intervenido en otros municipios. Al Ayuntamiento de Umán, por ejemplo, le vendió un manual de administración de los Centros de Desarrollo Comunitario en 2011, cuando el alcalde era José Javier Castillo Ruz, ahora diputado.
Nada tendría de especial su trabajo con los municipios si no fuera por las condiciones en que se le asigna. En el caso de Motul que relatamos líneas arriba, en febrero de 2013 el Cabildo aprobó el Reglamento de Construcciones del Municipio, que no tuvo costo al erario, según reportan regidores de esa ciudad.
Súbitamente, en diciembre de ese mismo año se conoce la elaboración de otro reglamento de construcción con algunos cambios no significativos ni representativos para el municipio. La diferencia es que sí tenía un costo para el municipio, de $559,468, y los regidores se enteraron de que el alcalde Pech Aguilar le entregó a Grupo Esan del Sureste, en abril de este año, un anticipo de $239,000 sin que lo aprobara el Cabildo.
Más aún, en la carátula del Reglamento de Construcción que se ha intentado imponer en Motul se indica el 12 de diciembre de 2013 como fecha de la versión final del documento, pero en actas oficiales consta que la empresa fue inscrita ante las instancias mercantiles el 7 de enero de este año.
En la parte superior de la portada del reglamento está el logotipo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En el registro de la compañía se dice que su objeto social es “la construcción, remodelación, restauración, equipamiento y mantenimiento de bienes inmuebles y sus instalaciones, etcétera”. No se le ve relación con la elaboración de reglamentos.
“Aquí hay varios puntos que merecen explicación”, dice Marco Pasos Tec, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, al aportar elementos sobre los casos ya relatados.
En opinión del dirigente panista, la forma oscura en que se han manejado los contratos asignados a esas empresas lleva a pensar que se está haciendo “bistec” en los municipios.
“Hasta ahora sólo sabemos de unos casos, pero no dudamos que haya más”, indica Pasos Tec en una entrevista de la cual ofrecemos más pormenores en otro lugar de esta página.- ÁNGEL NOH ESTRADA
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
Diferentes y coincidentes | Datos de tres empresas
Algunos apuntes sobre los trabajos realizados por tres empresas diferentes pero con representantes comunes:
Atlas del millón
Servicios Integrales Gika cobró un millón de pesos por la elaboración de un “Atlas de Peligros” para Progreso. El 80 por ciento del dinero fue aportado por la Sedesol federal y el 20% corrió por cuenta de la Comuna de ese municipio.
Había uno de 2011
En 2011, en la administración anterior, se había presentado otro “Atlas de Peligros” para Progreso, que fue también financiado en parte por Sedesol.
El apoderado
El representante de Gika es Juan Carlos Gasca Pérez Tejada, quien es también apoderado de las empresas Grupo Esan del Sureste, inscrita oficialmente en enero pasado, y Keria Construcciones, con registro desde noviembre de 2013.
Hasta anticipo
Grupo Esan del Sureste es autora de un reglamento de construcción de Motul, por el cual cobrará $559,468. En abril se le dio un anticipo de $239,000.
Asignación directa
Keria Construcciones aparece en los planes del Ayuntamiento de Tizimín para una serie de obras que se le pretende adjudicar de manera directa. El representante de estas dos últimas empresas es Enrique González Urzaiz, quien fue funcionario de Sedesol.
¿Hay triangulación?
Marco Pasos Tec, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, considera necesaria una explicación sobre los casos de Progreso, Tizimín y Motul en que están involucradasempresas que en apariencia son diferentes, pero tienen a los mismos representantes y por lo menos dos obtuvieron su inscripción a fines de 2013 y a principios de 2014.
“Aquí hay algo oscuro, y si no es así que nos lo expliquen, porque es importante la transparencia”, recalca. “Vemos triangulación, empresas creadas con poco tiempo de diferencia, al parecer para negocios del momento…”
El dirigente se refiere a los casos que consignamos en la información principal de esta página. Las empresas Grupo Esan del Sureste, Keria Construcciones y Servicios Integrales Gika aparecen en servicios prestados a diferentes municipios.
En Progreso se pagó un millón de pesos a Gika por un “Atlas de Peligros”; en Tizimín se trató de imponer un paquete de obras, en forma directa, a Keria Construcciones, y en Motul se hizo un pago anticipado -sin la aprobación del Cabildo- de más de $200,000 a Grupo Esan del Sureste por un reglamento de construcciones a pesar de que meses antes los regidores habían avalado uno sin costo.
En las tres empresas aparece Juan Carlos Gasca Pérez Tejada como apoderado. Keria Construcciones fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en noviembre de 2013, y Grupo Esan obtuvo su inscripción el 7 de enero de este año.
Pasos Tec, a quien acompaña en la entrevista Omar Pérez Avilés, director de Acción de Gobierno del PAN, subraya que entre los aspectos que más llaman la atención están el intento de suplantar un reglamento ya establecido en Motul y la prisa del alcalde Julián Pech Aguilar por pagar y buscar, sin éxito, la aprobación del Cabildo al nuevo ordenamiento.
También señala que en los municipios hay obras prioritarias, y no ve como tal el pago de fuertes cantidades por estudios y proyectos que quizás representan más el “bistec” de alguien.
Los documentos son pagados con recursos federales.
“Si se quiere pagar por ese tipo de trabajos bien se podría buscar en los municipios a profesionales locales, que además conocen su comunidad”, dice.
El secretario panista basa sus declaraciones en informes de regidores de su partido.
En nota aparte abundamos en el caso de Motul.
Revisión en el más alto nivel
El 4 de agosto pasado, en sesión del Cabildo, se sometería a la aprobación de los regidores de Motul un nuevo reglamento de construcción de ese municipio, para sustituir a uno autorizado en 2013.
En abril, sin conocimiento del Cabildo, el alcalde Julián Pech Aguilar había liberado un anticipo de $239,000 a la empresa Grupo Esan del Sureste, de un total de $559,468 por la elaboración del ordenamiento.
Según consta en actas de la sesión de agosto, finalmente el alcalde decidió solicitar “que nos diéramos nuestro tiempo”, porque “aquel (documento) que habíamos realizado a través de la Sedatu ya se nos hizo llegar”.
En efecto, en la carátula del nuevo reglamento aparece el logotipo de la Sedatu.
En una parte de su intervención, consignada en el relato de la asamblea edilicia, Pech Aguilar dice: “Primero el secretario de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, lo había revisado a través de su dependencia, y en un acto simbólico se le entregó al gobernador para que ellos también lo revisen y vean si no contraviene ninguna disposición del Estado”.
“Ya la han revisado y nos la entregaron para que ahora nosotros la revisemos y veamos si no contraviene una disposición municipal”, agrega.
De las otras empresas, en Tizimín la Comuna trató de imponer un paquete de obras a Kerai Construcciones.
En Progreso, Gika se encargó del “Atlas de Peligros” del municipio, por el cual recibió un millón de pesos.
Grupo Esan y Keria Construcciones tienen al mismo representante: Enrique González Urzaiz. Su apoderado es Juan Carlos Gasca Pérez Tejada,- ÁNGEL NOH ESTRADA
De un vistazo
Nació en enero
Grupo Esan del Sureste, S. de R.L. de C.V., la empresa que está cobrando más de medio millón de pesos por un reglamento de construcción en Motul, fue inscrita el 7 de enero de este año ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Su objeto social es “la construcción, remodelación, restauración, equipamiento y mantenimiento de bienes inmuebles y sus instalaciones, etcétera”.
