En sesión extraordinaria el Consejo General Electoral dio vista ayer al Partido Alianza por Yucatán (PAY) de la cancelación de su registro como instituto político regional, de modo que dispone de 10 días para que sus representantes aleguen lo que consideren a su favor.
Con esta disposición, la próxima semana recibiría este partido sus últimas prerrogativas que son $170,234 mensuales, pues para el siguiente mes se espera que ya esté confirmada la cancelación de su registro. Por lo tanto, ya no existirá.
Como informó el Diario, este partido perdió su registro y sus prerrogativas por no cumplir el principal requisito que exige la ley, obtener al menos el 1.5% de la votación total en la elección de diputados, y en la del 16 de mayo, el PAY apenas llegó al .35%.
Antes de que los consejeros aprobaran por unanimidad el inicio de este proceso de cancelación del registro del PAY, el representante de ese partido, Antonio Ortiz Alvareda, en breve intervención, dijo: “El partido que represento ejercerá sus derechos jurídicos”.
En el Consejo se informó que pasados los 10 días para que el PAY alegue, los consejeros dispondrán de hasta 30 días para confirmar o desechar la cancelación del registro.
Informan al PAY que su registro fue cancelado
Intentos de evitar una elección extraordinaria
El Consejo General Electoral intentará hoy cumplir la orden del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que no pudo hacer el Consejo de Hocabá, de sesionar para hacer el cómputo y confirmar el triunfo del PAN en ese municipio, declaró ayer el consejero general Ariel Aldecua Kuk.
Si se logra recabar toda la documentación necesaria, añadió, en sesión especial convocada para hoy a la una de la tarde, de manera supletoria el Consejo haría el cómputo de la elección de Hocabá, como lo hizo con el proceso de Mayapán.
Ayer informamos que el TEE le notificó a las 22:45 al Consejo que tiene un plazo de 48 horas para que, si las condiciones se lo permiten, cumpla la orden que se le dio al Consejo de Hocabá de reponer el proceso del cómputo de la elección, que no se hizo por los actos violentos que surgieron en ese municipio.
Aldecua Kuk informó que se espera poder reunir toda la documentación y cumplir con esta disposición hoy mismo, para rescatar ese proceso y evitar llegar a elecciones extraordinarias.
Sin embargo, aclaró, todo dependerá de si se logran recabar todos los documentos para desahogar la sesión.
“Lo ideal sería lograrlo y confirmar el triunfo del PAN en Hocabá”, expuso.
De lo contrario, indicó, se podría estar sentando un mal precedente, enviando un mensaje negativo, en el sentido de que por la vía de la violencia se pueden resolver asuntos electorales.
Consideró que convocar a elecciones extraordinarias en ese municipio, con los acontecimientos de violencia que se han registrado por los resultados electorales, no sería ni lo ideal ni lo adecuado.
“Unión con fin perverso”
Los senadores Beatriz Zavala Peniche y Hugo Laviada Molina aseguraron que la rápida liberación del “grupo de choque” presuntamente contratado por el PAN, luego de 30 días de arraigo, confirma una confabulación de las autoridades estatales para perjudicar al PAN.
—Se unieron, con fines perversos, la policía política de (Luis) Saidén Ojeda, la Procuraduría del ex cuñado de la gobernadora (Héctor Cabrera Rivero) y el Poder Judicial.
—Todo fue parte de la campaña sucia contra el PAN y ahora se demuestra que fue un invento con fines políticos.
Los siete detenidos en Komchén en vísperas de la elección del 16 de mayo, como informamos ayer, pasaron de arraigados a liberados bajo fianza en menos de dos horas y media, al determinarse en el Juzgado 8o. Penal que no hay elementos de robo o de algún otro delito grave.
—El hecho de que hayan sido arraigados por un delito grave y que éste no se haya comprobado significa que sólo lo inventaron para poder arraigarlos y mantener la causa política —enfatizó la senadora con licencia Beatriz Zavala.
—Es una clara prueba de la intervención de la policía del Estado y de la Procuraduría en el proceso electoral —añadió.
Lo ocurrido, indicó, es grave “porque se trata de la construcción de un expediente falso, con hechos falsos”.
—Se construye un expediente y se da un golpe mediático para dañar mi campaña en días previos a la elección y lo más grave es que se nos vinculó con robo de vehículos y se involucró a mi jefe de campaña (Luis Montoya Martínez), sobre quien sigue latente la amenaza de detenerlo, en clara “represalia política”.
—De ninguna manera aceptamos esas falsas imputaciones.
Laviada Molina señaló que perdieron contacto con los detenidos varios días, lo que hace sospechar que fue “negociada” su liberación.
Confabulación
- Grupo de choque Beatriz Zavala explicó cómo se afectó su campaña con el caso de los detenidos en Komchén.Difusión en grandes notas Fueron arraigados el día del cierre de campaña, dijo, y el Ministerio Público difundió notas diciendo que llegaron a desestabilizar la elección y les atribuyó delitos electorales involucrando a una diputada federal, a una ex diputada y al coordinador de mi campaña, Luis Montoya.
Participa la gobernadora “Este hecho político afectó a mi campaña y tuvo repercusiones el día de la elección, cuando la gobernadora declaró que había 'grupos de choque de partidos de oposición, como los que están arraigados', que pretendían desestabilizar la elección”.
Otro ejemplo La protección al reparto de láminas y despensas, que se comprobó cuando policías estatales intentaron detener al candidato Kirbey Herrera y a la diputada Lía Limón en el Periférico y dejaron libre a un vehículo público lleno de despensas.
“El dinero se fue a la campaña”
Igual como ha ocurrido con otras delegaciones federales, el gobierno del Estado no ha dado ni un peso de los $78.1 millones que ofreció aportar en los convenios que firmó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
A menos de tres semanas de cerrar el primer semestre de este año, la Secretaría de Fomento Agropecuario no ha depositado su parte de los programas en coejercicio, que son cuatro, pero dice que este viernes o el lunes hará un primer pago, indica el delegado de la Sagarpa, Gerardo Escaroz Soler.
Si el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco cubre los $78.197,485 del convenio, la Sagarpa aportará $194.042,337.
Sin embargo, la dependencia federal tendría una derrama total de $658.655,108 este año, un 88% más de lo que aportaría el Estado, dice Escaroz Soler.
Sólo en el Procampo, la Sagarpa pagará $176.7 millones y en el Programa Ganadero (Progan) serán $99.9 millones, precisa el funcionario federal.
La gobernadora se quejó, como publicamos, de que el gobierno federal no apoya al Estado con recursos en muchos rubros, entre ellos los que afectan el desarrollo y los que deben llegar a los municipios.
Las delegaciones de Economía, la Conagua y la Sedesol afirman que el dinero fluye en tiempo y forma y el que no aporta dinero para los programas es el Ejecutivo local.
“El dinero federal está llegando, por ley, de manera puntual mes a mes. No hay retrasos en participaciones, Ramo 33 y otros fondos que destina al Estado y los municipios”, afirma el diputado federal Daniel Avila Ruiz, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
“La gobernadora no tiene dinero porque se lo gastó en imagen, en Televisa y en la campaña electoral”, subraya el legislador panista, también presidente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
“Que no venga a decir que no llegan los recursos. No cubre su parte de los convenios con las delegaciones por dos razones: una, es porque no tiene dinero, ya se lo gastó, y dos, porque sabe que si lo da, se tiene que sujetar a las reglas de operación y los controles que son federales, a los que no está acostumbrada”, afirma el legislador panista.
“Prefiere manejar libremente el poco dinero que tiene porque así hay para los allegados, para cumplir los compromisos políticos que tiene”, apunta.
Por cierto, en su informe de la Cuenta Pública 2009, el Ejecutivo admite que cerró ese año con un ingreso de $23,818 millones, cuando su presupuesto aprobado por el Congreso del Estado fue de 16,740 millones de pesos.
Es decir, recibió $7,078 millones más, un aumento del 42%.
No obstante de que recibió más dinero, la secretaría de Fomento Económico (Sefoe) sólo pudo aportar $5 millones de un convenio de $66 millones que firmó en 2009 con la Secretaría de Economía, según revela el delegado Alberto del Río Leal.
Menos dinero a Pymes “En agosto de 2009 nos informaron, por oficio, que sólo tendrían $20 millones de ese convenio de apoyo a las Pymes (pequeñas y medianas empresas). Pero, finalmente, el 29 de diciembre, la Sefoe nos informó que sólo tenía $5 millones. Eso nos obligó a reducir de $66 millones, a sólo $10 millones el monto de los apoyos”, dice Del Río Leal.
“Para este año ya firmamos un convenio de $74 millones, pero la Secretaría ya dijo que sólo tiene $8 millones. ¿Quién no le cumple a los yucatecos?”, pregunta.
El DIF, legado de mucha obra
En vísperas de su tercer y último informe de actividades, la presidenta del DIF municipal, Susana Bustillos Lope de Bojórquez, se declara satisfecha del trabajo realizado en esa dependencia, con una inversión de más de $35 millones en obra pública a lo largo de tres años.
En ese lapso, afirma en una entrevista, se remodelaron varios Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y se construyeron seis centros de rehabilitación comunitaria, entre otros trabajos.
—Los edificios tendrán una vida útil de más de 30 años, es decir, más de 10 administraciones municipales —apunta—. Son edificios que van a permanecer.
Acompañada de Teresita Anguas Zapata, directora de la institución, Susana Bustillos detalla los programas que ha puesto en marcha el DIF municipal en este trienio.
Familia.— Mediante la coordinación de psicología se ha beneficiado a 14,171 personas a través de consultas psicológicas.
Se atendieron 2,843 casos de violencia intrafamiliar, mediante la coordinación de trabajo social.
Para prevenir y solucionar casos de violencia intrafamiliar, o cualquier problema de ese tipo, se creó el primer Centro de Mediación Familiar, en la comisaría de Caucel, con asistencia jurídica y psicológica gratuita, lo mismo que en trabajo social, para beneficio de 3,500 personas.
Niños, niñas y adolescentes.— Se creó el programa “Vive en positivo”, que promueve valores en los jóvenes. El plan llegó a 2,260 adolescentes de varias secundarias de la capital. Para ellos también se creó el centro “Expresión joven”, que ayuda a este sector de la población a solucionar sus dudas y mejorar sus relaciones familiares y sociales.
Se inauguró el Centro Recreativo “Báaxal Kaambal” (aprender jugando), donde se benefició a 1,978 niños con la formación de valores y conocimientos.
Otro proyecto innovador es el Cendi integrador, para niños y niñas con y sin discapacidad, único en el Sureste. El centro es un modelo de vanguardia en construcción, equipamiento y programa educativo de intervención e integración escolar. La inversión fue de $10.028,963.
Mujeres.— Con el programa de autosustento para mujeres en condiciones vulnerables, abrió sus puertas la tienda de manualidades “Manos por Mérida”.
El DIF municipal capacitó en los cinco Centros de Fortalecimiento de la Mujer a un promedio de 111 amas de casa, que recibieron 1,332 cursos y talleres en toda la administración.
En conjunto con madres de familia se ofreció alimentación y orientación nutricional a 280 niños diariamente, en los siete comedores infantiles, ubicados en comisarías y colonias marginadas.
Salud y bienestar.— Con una inversión de $11.758,638 se apoyó a 49 instituciones de beneficencia para impulsar su trabajo diario con la comunidad.
Por medio del programa de Apoyos Asistenciales a la Salud se dieron 2,238 apoyos a la salud (medicamentos, hospitalizaciones y material quirúrgico, etcétera), con inversión de $3.870,000.
Personas con discapacidad.— Se entregaron 3,342 apoyos en aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, audífonos, prótesis, operaciones de la vista y lentes).
Se inició la publicación de la revista bimestral “Somos uno, la alegría de la lucha constante”, para ofrecer una herramienta a padres de hijos con capacidades diferentes de Mérida y sus comisarías.
También se apoyó a 16,645 familias con becas económicas. La inversión fue de $6.846,250.
En el área de rehabilitación y recreación el DIF municipal creció un 200% en la atención a personas con discapacidad.
Al comenzar la administración había cuatro centros de rehabilitación y ahora ya son 12, en los que se brindan 156,859 terapias.
Se creó también el programa Abriendo caminos, con dos módulos móviles de rehabilitación, equipo médico y personal capacitado en fisioterapia, que lleva atención personalizada a los habitantes de la comisarías meridanas. Con este programa se atendieron todas las comisarías con 8,751 terapias.
Abrió sus puertas el Centro de Atención al Menor con Necesidades Especiales (Camne), donde hoy día se atiende a niños con necesidades educativas especiales. Brinda 3,400 terapias mensuales a pequeños de Mérida y sus comisarías.
Adulto mayor.— Se creó el Centro de Atención al Adulto Mayor (Caam), en el fraccionamiento Juan Pablo II, para brindar protección física, mental y social a los adultos mayores en estado de abandono. La inversión fue de $12.051,635.
El programa de ayuda alimentaria en despensas para adultos mayores y familias en extrema pobreza incrementó un 65% el padrón de beneficiarios, otorgando 46,650 despensas y 8,800 apoyos de leche y avena.
También comenzó el plan “Llego a ti”, con voluntarios, que llevan la despensa mensual hasta el domicilio de personas que por razones especiales no pueden ir a las oficinas del DIF.
Se creó la Rondalla del Adulto Mayor el DIF municipal “Hat Tzuz Kay” (canto bonito), que este año grabó su primer disco.
Se creó el primer equipo de tai-chi del adulto mayor.
Ahora se tienen 32 clubes y dos casas de día, que dan alimentación y actividades a más de 800 adultos mayores. (Continuará)
DIF Municipal
- Informe Mañana, a las 11 a.m., se rendirá el informe del DIF municipal, en el Centro Cultural Olimpo.En los Cendis En el documento que leerá Susana Bustillos Lope de Bojórquez, presidenta de la institución, se indica que este trienio aumentó en un 50% el porcentaje de niños que se atiende en los 12 Cendis.
La Casa de los Niñ@s Para brindar atención integral a los menores en situación de calle se puso en marcha La Casa de los Niñ@s, que ofrece alimentación, educación básica y recreación a menores en situación de riesgo.
Anuncia recortes Ivonne Ortega Pacheco
La mandataria señaló a pregunta expresa sobre el programa de austeridad de su gestión, que este déficit corresponde a recursos de los denominados de libre disposición.
''Es un recorte. Realmente nos hace falta alrededor de 260 millones a 300 millones de pesos, que no recaudamos como habíamos pensado en los gastos de libre disposición'', argumentó.
Unos, dijo, no llegaron de la Secretaría de Hacienda federal o que no han llegado, esperamos que finalmente ingresen, ''pero mientras son peras o son manzanas nosotros tenemos que entregarles buenas cuentas a la sociedad, tenemos que tener una administración equilibrada y por eso estamos haciendo este esfuerzo administrativo''.
Aclaró que por ahora trabajan en cada dependencia, en las áreas, donde harán el recorte de cada uno de los presupuestos, que en este momento no tienen.
''Todos trabajan en la parte en donde recortarán. Cada una de las áreas es muy diversa porque hay programas que no se pueden recortar, hay que sí pueden sufrir alguna modificación, pero hay otros que son insacrificables'', consideró.
Precisó que estos ahorros pudieran corresponden ''básicamente a gasto corriente, obviamente estamos buscando que en ese gasto corriente no se afecte lo que es el servicio a los ciudadanos y los programas'', básicamente en rubros como telefonía celular y gasolina.
También rechazó que su gestión esté en ''crisis económica'', dado que ''realmente estamos haciendo una adecuación a la condición del momento económico del estado, en este momento no recaudamos lo que habíamos pensado, que sería en el transcurso del año, y, bueno, tenemos que hacer un ajuste y apretar el cinturón''.
Menos trámites en el Ejecutivo
“No sé la razón, pero cada dependencia maneja sus tiempos y sus programas”, indica.
Al hablar del tema, Herbé Rodríguez dice que no sabe también si se trata de una copia o un “fusil” de la iniciativa que envió al Congreso el gobierno de Patricio Patrón Laviada, debido a que no la conoce.
“Nosotros enviamos nuestra propuesta a la Consejería Jurídica y veo que ellos la sometieron a consulta y luego al Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal”, apunta.
Rodríguez Sahuí desconoce, de este modo, quiénes intervinieron y los cambios que le hicieron a su propuesta original.
En relación con la pérdida de competitividad de Yucatán, que señalan el Instituto Tecnológico de Monterrey y la consultora aregional, el director del Inicc dice que se trata de un estudio parcial de indicadores, de manera que no refleja la situación real del Estado.
“Es un tema complejo e involucra diversos factores, muchos de ellos ajenos al Ejecutivo, como son el uso del suelo, las licencias de construcción, etcétera, que le corresponden al Ayuntamiento, y otros como la celebración de contratos, que le competen a Poder Judicial”, alega Rodríguez Sahuí.
Reciente estudio del Inegi sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de los 32 estados del país revela, como publicamos, que en 2008 la economía de Yucatán se estancó al caer la producción y el empleo.
Aunado a eso, un estudio del Itesm indica que Yucatán tuvo una caída también en el ranking de competitividad, al pasar del lugar 15 al 18.
Otro estudio, de la consultora aregional, indica que en 2009 —el segundo año de Ivonne Ortega— Yucatán cayó del lugar 17 al 20 en el “Indice de competitividad sistemática de las entidades federativas”, debido, entre otras cosas, a la baja inversión productiva y la falta de una política de desarrollo económico.
Rodríguez Sahuí considera que hay avances que los estudios no consideran, como el hecho de que el número de trámites en la administración pública estatal bajó de 631 a 498.
En casi tres años, dice, se eliminaron 133 trámites, entre internos (de las dependencias) y externos, que los ciudadanos, empresas y proveedores se veían obligados a realizar en sus diversas gestiones y solicitudes.
“Es resultado del proceso de mejora regulatoria que pusimos en marcha al llegar y que ahora se agilizaría aún más si se aprueba la iniciativa turnada al Congreso”, afirma.
“Un gran paso es la creación del Registro Unico de Personas Acreditadas en Yucatán (Rupay) —el gobierno anterior emitió un Acuerdo al respecto desde marzo de 2006—, ya que mediante una clave el ciudadano ya no tendrá que volver a hacer sus trámites en otras dependencias”, indica.
“Sería como una CURP, eso vendría a facilitar las cosas, ya no sería necesario que se abran expedientes en Obras Públicas, Hacienda, Seduma, etcétera”.
El director del Inicc afirma que, entre sus tareas, brindan asesoría a las dependencias para que reduzcan sus trámites y agilicen sus procesos.
“Cada año tienen que presentar sus programas de mejora regulatoria y les damos seguimiento y asesoría.
Rodríguez Sahuí confirma que otro factor que influye en la competitividad es el desarrollo económico del Estado, la inversión y la promoción.
Convertir a Progreso en un 'home port' (puerto de embarque) de cruceros, dice, es un acierto por la derrama económica de genera.
“Y se complementará muy bien cuando se haga el malecón internacional”, afirma.
Planes “casi maduros”
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco dijo que informará, con detalles, de los recursos que, según ella, no ha enviado la Federación a Yucatán como parte del presupuesto 2010.
Además, ofreció dar los datos precisos de las aportaciones que sí ha hecho su administración a los proyectos que se realizan junto con el gobierno federal.
La mandataria fue abordada sobre el tema en la Canacome, donde participó en la toma de protesta de la nueva directiva de esa cámara. Ofreció que proporcionará todos los datos por medio de su coordinador de prensa, Jesús Rivero Covarrubias.
Ayer publicamos que, contra las afirmaciones de Ivonne Ortega, los delegados de la Federación sostienen que el dinero fluye a tiempo y con creces. Y dieron cifras al respecto.
En su discurso en el acto de la Canacome, que reunió a buena parte del sector empresarial, la funcionaria hizo con ellos dos compromisos, dos metas “claras y concretas”: rescatar el Centro Histórico de Mérida y establecer el Centro Integrador Logístico.
—Manos a la obra, el tiempo apremia —expresó sobre el primero de esos puntos—. Apremia convertir la joya colonial, que es el corazón de la ciudad, en generadora de ingresos.
La gobernadora señaló que a esos planes seguirán muchos más que no se han concretado porque estaban en etapa de gestión, preparación y siembra. Ahora “están llegando a su punto de maduración”.
—En los pasados 34 meses hicimos mucho del trabajo en términos de infraestructura e inversión productiva, que son el equivalente al cimiento de una casa. Por eso no se ven ni se valoran tanto como se debiera.
—Lo que sigue es aprovechar esa base para dejar a Yucatán completamente transformado y preparado para el futuro.
El tema de los recursos de la Federación asignados a Yucatán durante esta administración generó ayer nuevas reacciones en algunos delegados de dependencias federales.
27 meses
- Oportunidad La gobernadora llamó a usar el tiempo que resta de su gobierno en “hacer historia en Yucatán”.La disyuntiva Ante un sector representativo de los empresarios dijo: “La decisión es clara: o trabajamos con amor por Yucatán o discutimos irrelevancias y perdemos oportunidades de desarrollo únicas”.
“Sin dinero, pero estatal”
Sólo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) generó en Yucatán una derrama de $1,613 millones en 2008, de $1,947 millones en 2009 y para este año rebasará los $2,300 millones, sumando sus 14 programas directos y el de Oportunidades.
La Sedesol es una de las dependencias federales, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que firma convenios con el gobierno del Estado a fin de “bajar” más recursos de la Federación.
En el caso de los programas directos de la Sedesol, en 2008 el Ejecutivo estatal únicamente aportó el equivalente al 4.4% ($31 millones) de la derrama de $690 millones; en 2009 aportó el 5.3% ($50 millones) de los $930 millones, y en este año lleva apenas $25 millones (4.2%) de los $583 millones que lleva ejercidos esa dependencia de enero a mayo, según informa el delegado Fernando Medina Gamboa.
Al día de hoy, cerca de cerrar el primer semestre, el gobierno del Estado aún no firma el convenio de este año, de manera que la Sedesol no sabe cuánto dinero aportará el Ejecutivo.
“Ya les ofrecimos que por cada peso que pongan nosotros ponemos dos, y vamos al 50% en el manejo de los programas que incluya el convenio”, subraya el delegado de Sedesol.
Entrevistado en relación con las queja de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, de que la Federación no manda recursos en muchos rubros, Medina Gamboa afirma que el dinero fluye por medio de las delegaciones y en el caso de la Sedesol van por arriba de sus metas, gracias a que el cambio en los ayuntamientos propició que los alcaldes salientes aprovecharan al máximo los convenios que firmaron con esa dependencia.
“La derrama sería mayor si el Ejecutivo ya hubiera firmado el convenio y aportara los recursos que le corresponden. No hay dinero, pero estatal”, apunta el delegado, quien fue blanco de denuncias de funcionarios y directivos del PRI en el reciente proceso electoral.
El coordinador de Oportunidades, Juan Valencia Heredia, deplora que por los reiterados ataques a la Sedesol, y en particular a ese programa, se suspendió anticipadamente la inscripción de más familias pobres al padrón de beneficiarios.
“Gracias a los ataques del PRI no pudieron entrar más de 4,000 familias y con ello Yucatán perdió una derrama de $80 millones. Como siempre, los más pobres son los que pagan los platos rotos de los excesos políticos”, deplora el ex diputado panista.
El delegado de la Conagua, Sergio Chan Lugo, afirma que el gobierno estatal no ha puesto ni un peso de los programas de este año y aún les debe $5.4 millones del ejercicio 2009.
El Ejecutivo debe aportar $121.2 millones del programa Apazu, $24 millones del Prossapys, $611,511 de Agua Limpia y $600,000 de Cultura del Agua, pero aún no los deposita.
No obstante, la Conagua ya “radicó” $173.2 millones y ya le depositó incluso al gobierno estatal, en el Fofay, $18.8 millones para realizar trabajos en los distritos y unidades de riego.
Federación
- Derrama El Centro SCT-Yucatán ya invirtió $430.8 millones de su programa de infraestructura de este año: 2010 El presupuesto 2010 de la SCT es de $1,170.3 millones. A la fecha ha generado 5,100 empleos directos.En espera El gobierno estatal debe aportar $146.5 millones a la Conagua.
“Sin derechos humanos, no hay democracia”
“Porque no se puede hablar del poder del pueblo cuando el pueblo no tiene garantizados sus derechos más fundamentales. Y ese mismo espíritu de promover los derechos más básicos de cada persona es el espíritu que ha guiado mi actuación como servidora pública”, añadió.
Según un boletín, como parte de las reuniones que sostiene con organizaciones, cámaras empresariales, universidades y otro tipo de organismos para integrar la Comisión de Transición, Angélica Araujo se reunió con integrantes de la Codhey, que preside Jorge Victoria Maldonado, en la sede de la misma institución.
Cuando fue directora del IVEY, recordó, le tocó atender la demanda de vivienda de personas con discapacidad.
“Así nació Casa Justa, un programa de Yucatán que hoy, orgullosamente, es un ejemplo y se aplica a nivel nacional. Precisamente uno de los objetivos centrales del proyecto que ahora encabezo es hacer de Mérida una gran Casa Justa”, resaltó.
El municipio, subrayó, debe ser una gran Casa Justa adaptada a las necesidades de todos, especialmente de aquellos que viven en condiciones de marginación y exclusión.
“Esa es, en pocas palabras, la visión que guía mis acciones en materia de política social y protección a grupos marginados y ese es el espíritu con el que hoy vengo ante ustedes para, de manera muy respetuosa, solicitarles que establezcamos un canal concreto de cooperación institucional”, dijo.
Angélica Araujo indicó que con la Codhey se impulsarán proyectos que vayan desde la capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos y la actualización de la reglamentación municipal del tema, hasta campañas de promoción y crear una Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
“A partir de hoy podemos inaugurar un nuevo capítulo de esfuerzo coordinado y de suma de voluntades en beneficio de todos los habitantes de este municipio. Creo que el trabajo en equipo generará muy buenos resultados para garantizar igualdad de oportunidades”, añadió.
Por la mañana, en entrevista radiofónica con Manuel Cauich Verde, conductor de un espacio informativo del Grupo Radio Fórmula, agradeció a los ciudadanos que contribuyeron al Plan Municipal de Desarrollo e insistió en que con la integración de la comisión de transición, compuesta por regidores electos y representantes de la sociedad civil, grupos colegiados y universidades, habrá un acercamiento para conocer el estado que guarda la administración pública. En la reunión estuvieron presentes José Inés Loría Palma y Carlos Fernando Pavón Durán, consejeros consultivos de la Codhey, así como José Enrique Goff Ailloud, Secretario Ejecutivo
Marcha panista el 1 de julio en Maxcanú
El candidato del PAN a la alcaldía, José Ariel Catzín Cih, dijo que está decepcionado del trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral porque no analizaron a fondo las pruebas aportadas, como vídeos, fotografías, copias certificadas, grabaciones y el acta donde consta que los representantes del PAN no tuvieron acceso a las casillas durante tres horas.
—También presentamos actas notariadas donde se prueba que no cuadran los votos con el padrón electoral —explicó.
—Continúa el control y la maniobra del gobierno del Estado en ese órgano electoral —afirmó el candidato perdedor—. Estuvimos en la sesión de los magistrados y no valoraron nada de lo que aportamos.
—La gente se manifestará con una marcha pacífica el día de la toma de posesión de la alcaldesa —anticipó—. Una encuesta que hicimos arrojó que de diez ciudadanos siete no votaron por el PRI y cinco lo hicieron por el PAN, pero eso no se refleja en los resultados oficiales.
Ariel Catzín, hermano menor de la alcaldesa electa, dijo que el gobierno del Estado no sólo metió la mano en la elección sino también en los órganos electorales “que están bien controladitos”. Dijo que el PAN seguirá la lucha jurídica.— Vamos a continuar la lucha jurídica —dijo—. Iremos al Tribunal Electoral Federal de Xalapa y luego al Trife.
Informó que convocará a sus simpatizantes para que les informe del trabajo de los magistrados y el día 1 de julio convocará para una marcha de protesta contra el ascenso al poder de su hermana Marlene.
Informó que la candidata a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche, visitará Maxcanú como parte de su demanda de limpieza electoral en Yucatán
Denuncian presunta impunidad priista
—Que me digan el nombre de un sólo priista que haya sido detenido y consignado en esta elección —reiteró durante una entrevista en la que se refirió a los desmanes que realizaron los priistas en Hocabá.
La profesora Cruz Nucamendi afirmó que agentes de la policía estatal fueron testigos de la violencia en Hocabá, pero los uniformados no hicieron caso del llamado de auxilio, de los reportes y “sólo se concretaron a observar los desmanes”.
—Saben que ganamos en Hocabá y por eso tratan de violentar el final del proceso —indicó—. Tenemos todas las actas que sustentan nuestra victoria electoral. De seis casillas ganamos 5 y en una perdimos por un voto. Priistas de Hocabá, como informamos ayer, golpearon a simpatizantes panistas, robaron documentación electoral, retuvieron y amenazaron de muerte a los consejeros y detruyeron bienes públicos.
El PAN denunció ante el Consejo General Electoral estos hechos y posteriormente denunciará por la vía penal a los priistas, entre ellos al ex candidato de Hocabá, Petronilo Mex.
—Defenderemos el triunfo legítimo del PAN —anticipó—. Cuando denunciamos que era una Elección de Estado fue porque las dependencias estatales participaron y la prueba es el trabajo de la policía estatal.
—La SSP se dedicó a encarcelar a los panistas y permitió la violencia al PRI —subrayó.
Lamentó que el presidente del CGE, Fernando Bolio Vales, haya evadido su responsabilidad y desprotegido a los consejeros de Hocabá.
Violencia
- Hocabá Magaly Cruz Nucamendi dice que el PAN ganó la elección municipal por 148 votos.Castigo La dirigente declaró que el mejor castigo para el presidente del Consejo Electoral, Fernando Bolio Vales, quien se escondió el día del conflicto, es que no lo reelijan.
Respeto Dice que el PAN hace uso de su derecho electoral por medio de la impugnación, pero respetará las decisiones de los órganos que califican el proceso electoral.
Señaló que en ese municipio el PRI “es partidario” y pide que se realicen elecciones extraordinarias, por considerarlas necesarias para que quien gane lo haga en un proceso transparente y limpio, que no deje dudas como las que hoy existen del proceso.
Ayer informamos que la violencia postelectoral resurgió ayer en Hocabá, con golpes, robos, secuestros y destrucción de bienes, de parte de priistas que asaltaron el Consejo Electoral Municipal y se robaron toda la documentación, por lo que es probable se convoque a elecciones extraordinarias.
Entrevistada al respecto, durante un desayuno que ofreció el PRI en el hotel Los Aluxes a los medios de comunicación con motivo del Día de la Libertad de Prensa, Alaine López afirmó que su partido acatará los fallos de la autoridad electoral en Hocabá y todos los casos que se den.
Señaló que para ella es claro que la mayoría de los yucatecos optó por su partido como opción de gobierno, y en respeto a esa voluntad ciudadana respaldan y apoyan a las instituciones.
En el caso de Hocabá, puntualizó: “hay que decir que todos los días simpatizantes del PAN se han dedicado a ofender y provocar a nuestros militantes a manera de venganza política”.
Señaló que los panistas los han amenazado con quitarles apoyos a familias priistas en caso de que el fallo electoral favorezca al PAN.
Inusitada liberación y denuncia por el caso Hocabá
Pese a que la Procuraduría del gobierno del Estado los acusó de delitos graves relacionados con el proceso electoral, los siete detenidos en la comisaría meridana de Komchén una semana antes de los comicios del 16 de mayo fueron liberados ayer con tal celeridad que motivó el comentario con cierta ironía de que “ahora sí hubo justicia pronta y expedita”.
Los trámites para la liberación en el Juzgado 8o. Penal se realizaron en menos de dos horas y media, tiempo en el que los acusados de tratar de violentar el proceso electoral por órdenes de líderes del PAN pasaron de arraigados a liberados bajo fianza.
La Procuraduría acusó a los detenidos de asociación delictuosa, robo y transporte de bien robado (éste delito es grave). Las órdenes de aprehensión que se expidieron sólo fueron por asociación delictuosa, aunque no se precisó el delito.
Luego de que permanecieron justamente un mes detenidos, se determinó que no hay elementos del robo ni de algún otro delito grave, de tal modo que pudieron salir bajo fianza de $6,500, con excepción de uno que pagó $8,000 porque fumó mariguana y manejaba un vehículo.
En otro aspecto del proceso comicial, el Tribunal Electoral del Estado ordenó ayer al Consejo General Electoral del Estado que en 48 horas reponga el proceso de cómputo de la elección de Hocabá, que no pudo hacer el consejo municipal debido a una serie de hechos de violencia, que también fueron denunciados. Lo más grave en Hocabá fue el robo de documentos electorales, dijo un funcionario del Consejo.
En menos de dos horas y media, los acusados pasaron de arraigados a liberados bajo fianza.
Con celeridad se llevaron al cabo los trámites pertinentes en el Juzgado 8o. Penal en horas de la tarde del miércoles.
De acuerdo con información oficial, la detención del “grupo de choque” fue la noche del sábado 8 en Komchén, porque los inculpados presuntamente amenazaban a priistas de comisarías si no votaban por el PAN.
La aprehensión estuvo a cargo de la SSP y se siguieron las indagatorias en la Procuraduría.
Con la sospecha de que cometieron graves delitos los siete acusados fueron arraigados.
Al terminar sus investigaciones la Procuraduría consignó el caso a ese juzgado por asociación delictuosa, robo y transporte de bien robado (éste delito es grave).
Sin embargo, las órdenes de aprehensión se expidieron sólo por asociación delictuosa, aunque no se precisa el delito que habrían cometido.
Se determinó que no hay elementos del robo ni de algún otro delito grave.
Los detenidos son José Francisco Ávila López, Sergio Pérez Mijangos, Manuel Rubio Arcila, Michel y Hugo Caballero Rodríguez, Joan Rodríguez Torres y José Antonio Delgado Reyes.
El PAN admitió que los hermanos Caballero Rodríguez llegaron a Mérida para colaborar en la campaña y agregó que indebidamente fueron detenidos.
Sin delito grave Al no haber un delito grave, los acusados recuperaron su libertad previa fianza de $6,500, con excepción de Rubio Avila quien pagó $8,000 porque fumó mariguana y manejaba un vehículo.
Poco después de las tres de la tarde de ayer los siete acusados fueron llamados al Juzgado 8o. previo ingreso al Cereso.
En 15 minutos se recibió a cada uno su declaración preparatoria, en la que coincidentemente sólo expresaron “me ratifico” a un acta del Ministerio Público. A las 5:30 de la tarde todos estaban libres y el comentario es que de inmediato saldrían de Mérida.
Dos de los acusados involucraron a Luis Montoya Martínez, ex presidente estatal del PAN. Se desconoce si se seguirá expediente contra el ex dirigente de ese partido.
La rapidez con que se hicieron los trámites mereció que un veterano litigante comentara que en esta ocasión se cumplió con el principio de “Justicia pronta y expedita”, lo que normalmente no ocurre en los juzgados.
La fiscalía puede apelar el caso.
Violencia, fórmula del PRI en Hocabá
Los priistas de Hocabá habrían encontrado en la violencia la fórmula para anular elecciones que no favorecen a su partido.
Por los comicios de mayo hicieron historia con tres irrupciones que hasta el momento no han tenido castigo.
Al contrario, parece que las autoridades electorales se encaminan a anular los comicios, con lo que los priistas inconformes lograrían su objetivo: impedir el triunfo de Guidilberto Echeverría Pacheco, del PAN.
De acuerdo con lo observado en ese municipio, ubicado pocos kilómetros al sur de Xocchel, los priistas fueron arengados por varias personas.
La noche de los comicios y a escasos metros de oficiales de la SSP, los priistas retuvieron dos horas a funcionarios de la casilla instalada en la escuela Alberto Echeverría Ferráez.
Tampoco permitieron que un funcionario del Ipepac se retirara del sitio a bordo de una camioneta. La turba, poco después, se trasladó al Consejo Electoral Municipal.
Destruyeron paquetes electorales que poco antes recibieron los consejeros electorales, a fin de impedir el cómputo, lo que finalmente lograron.
Para entrar, los priistas rompieron puertas y ventanas, destruyeron mobiliario y documentos en general.
La presidenta del Comité Electoral de se lugar, Fátima Janet Cen Chi, responsabilizó de los hechos a la ex diputada Leandra Moguel Lizama y otras personas, a quienes mencionó por sus nombres y apellidos o apodos.
El tercer brote violento fue anteayer, como publicamos, cuando de nuevo impidieron el cómputo en ese lugar.
Hoy podrían ir a Hocabá agentes del Ministerio Público y personal del Consejo General Electoral del Estado a realizar una inspección ocular de los daños causados al Consejo Municipal, según informó ayer el secretario ejecutivo del primer organismo, Alejandro Góngora Méndez.
Por la noche, añadió, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) le notificó el acuerdo para una sesión especial, para que de manera supletoria el Consejo General realice el cómputo de la elección municipal de Hocabá.
La violencia postelectoral, como informamos, resurgió anteayer en Hocabá, con golpes, secuestros, amenazas y robo de la documentación electoral, a manos de priistas de ese municipio, de manera no se pudo cumplir la orden del TEE de reponer el cómputo de la elección.
Luego de presentar junto con el presidente del Consejo General, Fernando Bolio Vales, la denuncia ante la Subprocuraduría para la Atención de los Delitos Electorales, por lo ocurrido en Hocabá, Góngora Méndez consideró que hoy mismo se podrían iniciar las diligencias del Ministerio Público.
Entre las primeras acciones está ir a Hocabá hoy mismo para hacer una inspección ocular y determinar los daños al recinto del Consejo Municipal.
Siempre por el conflicto de Hocabá, agregó, anoche el TEE notificó que será el Consejo General el que deberá concluir la sesión especial que no terminaron los consejeros municipales a consecuencia de los actos vandálicos.
Se le concede al Consejo General un plazo de 48 horas para cumplir esta orden.
Al hablar de su desaparición el día del conflicto en Hocabá, en entrevista el presidente del Consejo General, Bolio Vales, argumentó que se le acabó la batería de su teléfono celular y por eso no le contestaba al secretario ejecutivo.
Según dijo, estaba con el dentista, “pero además no era necesaria mi presencia y tampoco la de los demás consejeros”.
Presentes en la entrevista, Bolio Vales llamó “mis ángeles” a los consejeros electorales Ariel Aldecua Kuk y Néstor Santín Velázquez.
“Los tres somos los Angeles de Charlie”, bromeó.
Tribunal
- Sesiones Suspende el Tribunal Electoral la sesión para resolver impugnaciones municipales.Por Hocabá Se había previsto que hoy a más tardar sesionara el Tribunal Electoral del Estado para resolver unas nueve impugnaciones, pero por el conflicto de Hocabá se pospuso.
El fin de semana Se espera que este mismo fin de semana a más tardar se realice dicha sesión pública, y el lunes otra más por los casos de Mérida y las diputaciones plurinominales.
Denunciará el PVEM al primer edil
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpondrá la próxima semana dos denuncias contra César Bojórquez Zapata, alcalde de Mérida, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que considera que son pésimas las condiciones en que están los animales del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya.
También exigieron el cierre definitivo de Animaya y el traslado de los animales de nuevo al Centenario.
Mariana Boy Tamborrel, presidenta nacional del PVEM; Leonora Esquivel Frías, presidenta de Anima Naturalis, Rosario Sosa Parra, de la Asociación Yucateca por los Derechos de los Animales (ADAY), y Carlos David Ramírez y Sánchez, líder estatal del PVEM, realizaron una inspección a las instalaciones de Animaya, durante la cual los ambientalistas mostraron su enojo contra la autoridad municipal porque consideran inadecuadas las condiciones en que están los animales.
“En vez de hacer un parque para la gente se hubiese hecho una reserva ecológica. Se deforestó esta zona y los animales no tienen ni un poco de sombra y se están muriendo de hambre y sed por el calor”, expresó la doctora Leonora Esquivel.La presidenta nacional del PVEM agregó que desde su punto de vista político el proyecto se hizo para que César Bojórquez Zapata, presidente municipal de Mérida, se colgara la medalla y saliera triunfante, “pero se equivocó”.
Otro paso en ruta a nueva ley
Comisiones conjuntas del Congreso dictaminaron ayer la nueva Ley de Pesca y Acuacultura, que al aprobarse obligará al Ejecutivo del Estado a aplicar el programa de apoyo a los beneficiarios de los pescadores que pierdan la vida en el mar, entre otras cosas.
El presidente de la Comisión de Legislación, Gaspar Quintal Peraza, añadió que otra de las innovaciones de esta nueva ley es la creación del Consejo Estatal de Pesca, así como del Fondo Estatal de Pesca y Acuacultura para fomentar la integración del sector acuícola y pesquero en los programas a desarrollar.
Señaló que ahora sólo falta que la Diputación Permanente convoque a un nuevo período de sesiones extraordinarias para que el pleno de diputados apruebe este dictamen de la Ley de Pesca.
Consideró que este segundo periodo extraordinario podría ser la próxima semana y que entrarían otras tres o cuatro iniciativas de leyes que se espera dictaminar próximamente.
Todo listo para la transición
La convocatoria para formar parte de este órgano ciudadano concluirá esta misma semana y la realiza personalmente la presidenta municipal electa. De acuerdo con un boletín, ayer formalizó la invitación a rectores de distintas universidades y hoy hará lo propio con organismos empresariales y otras organizaciones.
En el área de Coordinación de Gobierno y Seguridad Pública estarán los regidores electos Santiago Altamirano Escalante y Álvaro Omar Lara Pacheco, así como representantes de Coparmex, el Colegio de Maestros en Administración Pública, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Modelo.
La Coordinación de Administración y Finanzas Municipales estará integrada por la síndico electa y coordinadora general de la Comisión de Transición, Elízabeth Vargas Aguilar, junto a la regidora electa Kathya Puerto Manzanilla, así como representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Coordinador Empresarial, Universidad Marista y el Colegio de Contadores Públicos.
En la Coordinación de Desarrollo Urbano, Económico, Infraestructura y Vivienda, los regidores electos Jorge Sobrino Argáez y Daniel Granja Peniche y representantes de la Canacome, CMIC, Canadevi, Universidad Anáhuac Mayab, Colegio de Profesionales en Economía, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos.
En la de Desarrollo Social, Humano y Cultural se integrarán los regidores electos Ricardo Béjar Herrera y Claudia Medina Caballero, junto a representantes de los Centros de Integración Juvenil A. C., Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer A. C., Salvemos una Vida A. C., Hogares Maná A. C., Sueños de Ángel A. C., Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiencia Mental A. C., Rompiendo Barreras A. C., Universidad Mesoamericana de San Agustín y la Universidad Felipe Carrillo Puerto.
Por último, la Coordinación de Servicios Públicos Municipales estará conformada por los regidores electos Humberto Hevia Jiménez y Julio Ávila, así como por representantes del Plan Estratégico de Mérida, Consejo Ciudadano del Agua, Canacintra, Universidad Tecnológica Metropolitana, Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
La alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo, explicó que la información que obtenga cada una de estas coordinaciones, producto del trabajo y las visitas a las unidades administrativas del Ayuntamiento, se organizará en carpetas individuales por cada una de las dependencias de primer nivel de la estructura orgánica del Gobierno Municipal en funciones.
Básicamente, se recopilará información relacionada con el marco legal de actuación, estructura orgánica, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programas y servicios en curso, así como el presupuesto autorizado, modificaciones y ejercicio al mes actual.
Angélica Araujo recordó que Elizabeth Vargas fungirá como coordinadora de enlace con el gobierno municipal en funciones.
Se deslinda la Profepa del lío agrario de Ucú
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha realizado en 10 años intervención alguna en el municipio de Ucú por delitos ambientales y la actual situación de los ejidatarios por sus tierras es de carácter agrario, no ambiental, declaró Enrique Cárdenas González, encargado de esa dependencia en el Estado.
En un boletín, el funcionario se refirió a declaraciones publicadas ayer de ejidatarios de Ucú que, de acuerdo con la versión, esperaban impacientes el retorno de los integrantes de la comisión que ayer se reunió con la gobernadora Ivonne Ortega.
—Nos extraña que nos involucren en este asunto, pues no hay en nuestros registros intervenciones por aprovechamientos o por transporte de leña o carbón fuera de ley. Mucho menos se han decomisado tres camiones —subrayó—. Desconozco las motivaciones de estos señalamientos y desearía que sólo se tratase de una equivocación.
El funcionario añadió que el cultivo de maíz en milpas es una actividad totalmente libre y que no hay ni un solo caso en Yucatán de intervención atribuible a la Profepa expresamente por impedir ese tipo de trabajo.
También dijo que el caso de las tierras de Ucú y sus negociaciones, ya sean oficiales o con particulares, es un asunto de carácter agrario, que no es competencia de la Profepa.
—No hemos detenido a nadie en el Periférico con leña o carbón y menos proveniente de Ucú
Profepa
- En corto La Profepa no expide permisos, dice uno de sus funcionarios: Recurrir a la Semarnat “Si hay quien desee obtener autorización de aprovechamiento forestal, tendrá que recurrir a la Semarnat para tramitar el permiso y cumplir las condicionantes. Nosotros vigilamos que quien realice alguna actividad que aprovecha recursos naturales cuente con aprobación escrita y cumpla con las condiciones de ley”, indicó Enrique Cárdenas.
“A los ciudadanos les corresponde evaluar” -Queja de ortega contra Gobierno Federal
Es a los ciudadanos a quienes corresponde evaluar y calificar el trabajo del alcalde de Mérida, Cesar Bojórquez Zapata, no a la gobernadora del Estado, afirmó ayer la jefa del Ejecutivo, Ivonne Ortega Pacheco, cuando se le pidió su opinión sobre la gestión del presidente municipal.
“No soy yo la que tiene que calificar el trabajo, creo que son los ciudadanos los que pueden valorar el esfuerzo que hace cada autoridad, no creo que sea yo la indicada para dar alguna calificación”, indicó.
Entrevistada en el hotel Hyatt al salir del foro Retos y Oportunidades de Financiamiento en el Sureste, señaló que cada quien hace su mejor esfuerzo y es a los ciudadanos a los que corresponde evaluarlos.
La gobernadora precisó: “Yo como gobernadora no debería emitir un comentario, porque al final de cuentas se convierte todo en dimes y diretes y prefiero ser muy respetuosa”.
Por otra parte, Ivonne Ortega afirmó que son muchos rubros en los que la Federación no le da recursos al Estado, básicamente los que afectan directamente al desarrollo, incluso de los propios municipios, como el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que no ha llegado, aseguró, y el Fondo de Estabilización de las Participaciones (Feief), que es dinero que se distribuye entre los ayuntamientos, entre otros.
En cuanto al foro en el que la gobernadora participó con una ponencia, el evento fue presidido también por Roberto Ureña Rangel, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).
En su discurso de inauguración el dirigente financiero señaló que las regiones del norte, occidente y sureste mexicano se distinguen por su activa participación y empuje, pero los recursos y apoyos que requieren no siempre llegan a las comunidades que más lo necesitan porque muchos de los esfuerzos tienden a centralizarse en la capital del país.
Para evitar esas situaciones, Ureña Rangel dijo que la AMFE establece ahora vicepresidencias regionales para ampliar su cobertura geográfica, conscientes de que en el interior del país hay una enorme oportunidad de crecimiento apoyando a sectores hoy desatendidos en materia financiera.
La gobernadora dijo que éste es verdaderamente el momento ideal para hablar de financiamiento y crédito en Yucatán y el mundo, se enfrentan a un gran reto y está en sus manos, actuar a la altura de las circunstancias que se presentan.
Cambios en el campo
Después de recibir la “purificación maya”, el secretario de Fomento Agropecuario y Pesca, Alejandro Menéndez Bojórquez, aceptó hablar sobre presuntas irregularidades en algunos proyectos y anunció un cambio en la política del campo yucateco.
El funcionario afirmó que ahora no todos los recursos se irán a fondo perdido, empezarán a acabar con el paternalismo porque no implica ninguna responsabilidad para el productor y promoverán la cultura de la aportación colectiva para impulsar los proyectos productivos.
Sin mostrar el enojo de otras ocasiones cuando le pedían su opinión sobre el presunto desvío de recursos en el campo, Menéndez Bojórquez afirmó que son dos o tres casos donde los beneficiarios no han cumplido ni concluido los proyectos que promovieron para recibir los recursos públicos. Por ello, funcionarios de la SFAyP visitan a los productores para ayudarlos, asesorarlos u obligarlos para que concluyan sus proyectos.
“Nosotros cumplimos con entregar los recursos públicos, tanto estatales como federales. Una vez que entregamos el apoyo la responsabilidad es de los productores”, afirmó.
“Tenemos conocimiento que a algunos les falta concluirlo o les falta una pequeña parte para echar andar su proyecto, reiteró. Cada área está visitando directamente a los productores, que son dos o tres, para puntualizarles que apliquen el recurso.
“ Si necesitan asesoría los ayudamos”, manifestó.
