En la víspera de una denuncia por peculado que interpondrán legisladores federales contra el gobierno del Estado, el senador panista Hugo Laviada Molina afirmó ayer que la “compra perfecta” resultó ser la “prueba perfecta” para comprobar un desvío de $343.3 millones en Ucú.
“Las confesiones del consejero jurídico del Ejecutivo (Sergio Cuevas González), de que pagaron por un bien que jurídicamente no se puede vender, no sólo nos dan elementos para denunciarlos por la vía penal sino también por la vía agraria”, advirtió el legislador.
“Los contratos que dicen tener carecen de validez, porque el objeto de la compraventa, las tierras de uso común, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
“Por tanto, todos los actos realizados son nulos de pleno derecho, más aún que las tierras son forestales.
“No pueden acreditar la propiedad de las 3,000 hectáreas, los $343.3 millones que dicen que pagaron están al aire, la compra se tambalea y sólo falta que las instancias competentes confirmen las irregularidades para echar abajo la operación y fincar responsabilidades”.
Por otro lado, el senador Laviada Molina afirmó que los testimonios del presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, confirman la compra encubierta de 581 hectáreas que operó el mismo intermediario del gobierno del Estado, Fernando Pérez Escalante.
“El comprador de Monterrey es el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Es el vaso comunicante entre las dos compraventas de Ucú.
“En esta otra danza de los millones y procedimientos ilegales, que estarían generando dinero público para las campañas del PRI, hay elementos para interponer una denuncia penal federal. No hay que olvidar que en este escándalo está involucrada la candidata del PRI a la alcaldía”, advirtió.
“En un país de leyes se tendría en la cárcel a los responsables de este desvío de recursos públicos, además de obligarlos a resarcir el daño patrimonial”, afirma.
En una visita a Ucú, como publicamos, el presidente y el tesorero del ejido, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, confirmaron que no han podido concretar la venta de sus tierras al gobierno del Estado, pero ya les pagaron $293.2 millones por las 3,000 hectáreas pactadas.
Entre esa suma y el pago que dice haber hecho el Ejecutivo, de $343.3 millones, hay una diferencia de $50 millones que están al aire, pues no se sabe dónde están o quién los tiene.
Los ejidatarios revelaron también que el intermediario del gobierno del Estado, Fernando Pérez Escalante, es el mismo operador de la venta paralela de 581 hectáreas del ejido, “a un comprador de Monterrey” que, según los legisladores del PAN es Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.
“Desde el momento en que el gobierno del Estado se presentó al ejido en 2008 a anunciar la compra de las tierras y ofrecer un precio por ellas incurrió en un acto de comercio”, afirma el senador Laviada Molina.
“Eso parece bien, sólo que el objeto de la compra-venta, las tierras de uso común, está fuera del comercio, es inalienable, no se puede vender y, por tanto, el trato es nulo de origen.
“El Ejecutivo se convirtió en especulador al seguir el mismo procedimiento de las asambleas en las que se pacta la compra, se fijan las formas de pago y se cambia el destino de las tierras a favor de prestanombres, siempre con dinero de por medio y haciendo firmar en blanco a los ejidatarios.
“Se dio una simulación de actos jurídicos. También existe una lesión al ejido porque la pretendida compraventa se hizo sin un avalúo del Indabin o de un banco”.
