Noticias de Yucatán
01/05/2010
Legisladores federales del PAN interpusieron hoy una denuncia penal por el delito de peculado contra funcionarios del gobierno de Yucatán, encabezados por Ivonne Ortega Pacheco, por la presunta compra irregular de terrenos ejidales.
El senador Hugo Laviada Molina indicó que en la querella, presentada ante la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común, también se establece que varios funcionarios incurrieron en el delito de prestación indebida del servicio público, al canalizar recursos oficiales para la adquisición de tierras al poniente de la entidad.
En compañía del senador Alfredo Rodríguez y Pacheco y de las diputadas federal Rosa Adriana Díaz Lizama y local Patricia Gamboa Wong, Laviada Molina señaló que la gestión de Ortega Pacheco invirtió más de 343 millones de pesos en la compra de tierras ejidales.
Por norma, sostuvo, el gobierno estatal sólo puede adquirir tierra mediante la expropiación o por medio de una compra a terceros, pero ya entregó 300 millones de pesos sin que cuente con los títulos de propiedad.
Señaló que el consejero jurídico del estado, Sergio Cuevas González, ya admitió que son tierras ejidales tres mil 12 hectáreas que el gobierno ya ''contrató'' con propietarios del polígono de Ucú, donde se prevé construir con complejo habitacional metropolitano.
De acuerdo con la ley, señaló, estas tierras no pueden ser vendidas, una de las razones por las cuales el Registro Agrario Nacional mantiene detenido el trámite para su conversión en propiedad privada.
A esto, puntualizó, se suma el hecho de que hay cerca de 50 millones de pesos de los 343 millones que el gobierno del estado destinó para la adquisición de terrenos, que ''no aparecen'' y se cree que fueron entregados a un particular para adquirir unas 600 hectáreas más.
''Estamos hablando de que el dinero se habría canalizado a Fernando Pérez Escalante, corredor inmobiliario vinculado a un constructor de Monterrey, entre cuyos socios está Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora'', sostuvo.
Ante las presuntas anomalías, los legisladores federales interpusieron por escrito y ratificaron la denuncia contra funcionarios de las secretarías de Gobierno, Hacienda, el Instituto de Vivienda de Yucatán, la Consejería Jurídica y la gobernadora.
Además, se sigue un proceso ante autoridades federales del Registro Agrario Nacional por esas presuntas irregularidades y se ha presentado una solicitud ante la Cámara de Diputados para que se analice el caso.
''También -añadió Laviada Molina- ya analizamos si interponemos una queja ante la PGR, porque para la ‘adquisición’ de los terrenos se utilizan recursos producto de un préstamo y cuyas garantías son las participaciones federales''.
El senador Hugo Laviada Molina indicó que en la querella, presentada ante la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común, también se establece que varios funcionarios incurrieron en el delito de prestación indebida del servicio público, al canalizar recursos oficiales para la adquisición de tierras al poniente de la entidad.
En compañía del senador Alfredo Rodríguez y Pacheco y de las diputadas federal Rosa Adriana Díaz Lizama y local Patricia Gamboa Wong, Laviada Molina señaló que la gestión de Ortega Pacheco invirtió más de 343 millones de pesos en la compra de tierras ejidales.
Por norma, sostuvo, el gobierno estatal sólo puede adquirir tierra mediante la expropiación o por medio de una compra a terceros, pero ya entregó 300 millones de pesos sin que cuente con los títulos de propiedad.
Señaló que el consejero jurídico del estado, Sergio Cuevas González, ya admitió que son tierras ejidales tres mil 12 hectáreas que el gobierno ya ''contrató'' con propietarios del polígono de Ucú, donde se prevé construir con complejo habitacional metropolitano.
De acuerdo con la ley, señaló, estas tierras no pueden ser vendidas, una de las razones por las cuales el Registro Agrario Nacional mantiene detenido el trámite para su conversión en propiedad privada.
A esto, puntualizó, se suma el hecho de que hay cerca de 50 millones de pesos de los 343 millones que el gobierno del estado destinó para la adquisición de terrenos, que ''no aparecen'' y se cree que fueron entregados a un particular para adquirir unas 600 hectáreas más.
''Estamos hablando de que el dinero se habría canalizado a Fernando Pérez Escalante, corredor inmobiliario vinculado a un constructor de Monterrey, entre cuyos socios está Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora'', sostuvo.
Ante las presuntas anomalías, los legisladores federales interpusieron por escrito y ratificaron la denuncia contra funcionarios de las secretarías de Gobierno, Hacienda, el Instituto de Vivienda de Yucatán, la Consejería Jurídica y la gobernadora.
Además, se sigue un proceso ante autoridades federales del Registro Agrario Nacional por esas presuntas irregularidades y se ha presentado una solicitud ante la Cámara de Diputados para que se analice el caso.
''También -añadió Laviada Molina- ya analizamos si interponemos una queja ante la PGR, porque para la ‘adquisición’ de los terrenos se utilizan recursos producto de un préstamo y cuyas garantías son las participaciones federales''.
