(1)La delegación local de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) del gobierno del Estado incurrieron en un incumplimiento al no publicar las listas de beneficiarios de los apoyos de Alianza para el Campo de la parte final de 2009 y todo el ejercicio de 2010.
Esa publicación es obligatoria, establecida en las reglas de operación de la Sagarpa, y se hacía año con año hasta fines de 2009, cuando se debió haber hecho con los beneficiarios de la reasignación de recursos en noviembre.
Al no publicarse esa relación, en ninguna de las vías establecidas en las normas de la Sagarpa, hay grandes probabilidades, de casi un cien por ciento, de que el productor que solicitó apoyo nunca se entere de que su proyecto fue aprobado y, por tanto, no reclame los recursos.
En investigaciones realizadas por reporteros de Grupo Megamedia sale a relucir que se hicieron algunas notificaciones personales, casi de manera clandestina. Hacer avisos por esa vía a cientos de productores de todo el Estado requeriría gran cantidad de recursos humanos y económicos.
Documentos en poder de Megamedia arrojan nombres, proyectos y cantidades aprobadas en la recta final de 2009 y el "fast track" de 2010. Son documentos que nunca fueron "subidos" a medios electrónicos e impresos, como establecen las normas.
Los apoyos corresponden a Alianza para el Campo, pero en las reglas de operación de la Sagarpa se les menciona como Activos Productivos.
En esas reglas se establece la obligación de publicar los resultados de los proyectos aprobados y no aprobados, la entrega de los apoyos y, en su caso, la reasignación de recursos no ejercidos y la publicación del segundo bloque de beneficiarios.
En el artículo 21 de esas normas, segundo párrafo, se indica que "todo solicitante de los programas y componentes" tiene derecho a recibir la respuesta de su solicitud y conocer la relación de folios aprobados y no aprobados. En el caso de los recursos "convenidos con entidades federativas, éstas lo publicarán en sus páginas electrónicas".
El artículo 23 dispone, en su fracción II, la obligación de publicar los resultados "a más tardar el primer día hábil de la semana siguiente a la conclusión del dictamen".
Al mismo tiempo se obliga a cada unidad ejecutora, en este caso la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Sagarpa, de publicar "en el medio oficial de difusión y en un diario de mayor circulación de las respectivas entidades federativas, incluyendo su página electrónica y listados impresos en las ventanillas", la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados, señalando el plazo y forma específica para hacer efectivos los apoyos que fueron autorizados.
El mismo precepto señala: "Los interesados que hubieran presentado solicitudes de apoyo, por este hecho y con base a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley de procedimiento administrativo, aceptan expresamente ser notificados mediante medios de comunicación y/o mediante las publicaciones en la prensa".
Por ley, el 3% del total de la bolsa asignada a los apoyos es para las publicaciones. Es decir, si se aprueban $200 millones se destinarán $600,000 a la publicación.
Hasta 2008 la relación se publicó en Diario de Yucatán. En 2009 se hizo en otra publicación local de menor circulación y en 2010 no aparecieron las listas de los apoyos en ningún medio, según consta en una revisión.
Un incumplimiento de una dependencia federal y otra estatal pone en duda la transparencia en la entrega de millonarios apoyos al campo yucateco, pues ambas instancias saltaron pasos del procedimiento que marca la ley.
Se trata de recursos de Alianza para el Campo, pero en la normatividad respectiva se les conoce mejor como Apoyos Productivos. Van dirigidos a productores de diferentes rubros.
La delegación local de la Sagarpa y la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del Estado, a cargo de Gerardo Escaroz Soler y Alejandro Menéndez Bojórquez, respectivamente, están obligadas por ley a hacer públicas las listas de proyectos aprobados y no aprobados, junto con los nombres de los beneficiarios, en los portales electrónicos de las dependencias y en el periódico de mayor circulación. Esta disposición se cumplió hasta 2008, pero en 2009 sólo se hizo hasta octubre y en una publicación local afín al Ejecutivo local y al PRI.
En 2010 no se dio a conocer ninguna lista, pero, según consta en documentos oficiales, sí se liberaron varios millones de pesos. No se sabe cómo se pudieron enterar los productores del curso a sus solicitudes, aunque, de acuerdo con datos recabados, sólo algunos, de cientos, fueron avisados de manera directa. El plazo para la publicación venció en noviembre.
En estos días la Secretaría de Fomento Agropecuario y Alejandro Menéndez son blanco de una auditoría federal. Un funcionario ligado al manejo financiero de la dependencia presentó su renuncia el viernes
