Desechan en el Congreso el caso de la intromisión

16 septiembre 2011
Noticias de Yucatán

 (paleros, empleados del gobernador, impunidad, congreso)


Publicada:  16 septiembre 2011
Renán Guillermo, director de Cultura del gobierno del Estado, y Dorcas Mijangos, vocera del Instituto de Cultura, ayer en la sesión del Congreso yucateco
Renán Guillermo, director de Cultura del gobierno del Estado, y Dorcas Mijangos, vocera del Instituto de Cultura, ayer en la sesión del Congreso yucateco Ver fotos(1)
  Las advertencias sobre la injerencia del Ejecutivo en el órgano electoral local llegó ayer a los diputados estatales, con una petición de citar al presidente de ese organismo, Fernando Bolio Vales, para que informe al respecto.

Pero tal como llegó fue desechada por la bancada del PRI, que en voz de Roberto Rodríguez Azaf, dijo que no procede esa solicitud porque está basada en suposiciones. Los priistas usaron su mayoría, y se les sumó Omar Corzo Olam, del PVEM.

Los diputados del PAN y del PRD apoyaron la propuesta de citar al funcionario, misma que presentó el legislador Tito Sánchez Camargo.

El tema se planteó en la sesión de ayer del Congreso.

Otro asunto que llegó a los diputados locales fue una solicitud de juicio político contra el presidente municipal de Kanasín, Leonor Chan Uicab. La presentó la señora Lilia Nidelvia Acosta Quijano, quien dijo ser representante de tianguistas de ese municipio que -afirmó- fueron golpeados por la policía municipal.

Ella llegó acompañada de un grupo de personas, quienes se rehusaron a hablar de su presencia en el edificio legislativo. Insistieron en que las preguntas se dirigieran a la señora Acosta Quijano.

Esa petición fue presentada en la Oficialía de Partes.

  En la sesión se aprobó, por unanimidad, desaparecer al Instituto de Cultura de Yucatán y en su lugar crear la Secretaría de Cultura y las Artes. Esto ocurre a un año de que concluya la presente administración estatal e implica mayor gasto en burocracia porque automáticamente subirán los salarios de funcionarios que ahora tendrán un rango mayor.

Para ello se reformó el Código de la Administración Pública de Yucatán.

  Afuera del recinto personas de la tercera edad pertenecientes a la agrupación Proyecto Yucateco, encabezado por Dilio Buenfil Arjona, se quejaron de diversos servicios y entregaron un escrito al Congreso. Piden que el gobierno reparta entre ese sector de la población apoyos económicos equivalente a un salario mínimo, y se implante en Yucatán el seguro por desempleo
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