Noticias de Yucatán
(abuso, injusticia, impunidad)
Tema: Justicia
(abuso, injusticia, impunidad)
Queja por la nula respuesta oficial en un caso de abuso
Publicada: 20 noviembre 2011
Publicada: 20 noviembre 2011
Después de casi cuatro años de un ir y venir en dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial, y ante infructuosas solicitudes de audiencia con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, Rocío Rodríguez Alayola pregunta en voz alta: "¿En manos de quién estamos?"
Es la esposa del notario público Carlos Alfredo Evia Salazar, quien, como publicamos anteayer, se enfrenta a una orden de aprehensión por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
El fedatario interpuso una demanda de amparo para tratar de evadir el arresto, pero la justicia federal resolvió en su contra hace cinco semanas.
En una entrevista, la señora Rodríguez Alayola relata detalles de un prolongado peregrinar en oficinas públicas en busca de que se le haga justicia, sin hallar eco en las autoridades.
Cuando se le pregunta si ve interés del gobierno en proteger a su esposo, de inmediato responde: "No han hecho nada".
Ha intentado, desde hace cuatro años, hablar con la gobernadora para exponerle su situación. A la fecha no hay respuesta a sus peticiones.
Recurrió a la jefa del Ejecutivo porque el notario se ostenta como su asesor y, además, hay una violación a la Ley del Notariado, que en su artículo 60 dispone como causa de suspensión, cese o remoción de los fedatarios el hecho de que muestren una conducta que cause "descrédito a la función notarial".
Rocío Rodríguez recurrió a la directora del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán, Georgina Rosado Rosado, con la esperanza de hallar apoyo por tratarse de una oficina de apoyo a la mujer.
"Me respondió que si intervenía en el caso me iba a perjudicar en lugar de ayudarme", explica la denunciante. "Demostró que es una funcionaria que sólo sirve para cortar listones y acompañar a la gobernadora, no para ayudar a la mujer".
A continuación, una síntesis de los antecedentes de la nula respuesta oficial:
-A principios de 2008 la señora Rodríguez Alayola promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar pensión alimenticia para ella y su hija menor de edad.
-El Juzgado 2o. de lo Familiar resolvió a su favor y condenó a Evia Salazar al pago de $24,000 mensuales. El acusado sólo entregó unos pagos parciales, de bajo monto, y dejó de cumplir. Entonces su esposa lo denunció por la vía penal y se giró una orden de aprehensión. El notario recurrió a la justicia federal, que le negó el amparo.
-Todo eso ocurrió en un largo período durante el cual Rocío Rodríguez, según su relato, fue despojada por su esposo de la casa conyugal -cuando estuvo enferma en el hospital- y de un automóvil. Evia Salazar transfirió propiedades a un prestanombres, para aparentar insolvencia.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
Es la esposa del notario público Carlos Alfredo Evia Salazar, quien, como publicamos anteayer, se enfrenta a una orden de aprehensión por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
El fedatario interpuso una demanda de amparo para tratar de evadir el arresto, pero la justicia federal resolvió en su contra hace cinco semanas.
En una entrevista, la señora Rodríguez Alayola relata detalles de un prolongado peregrinar en oficinas públicas en busca de que se le haga justicia, sin hallar eco en las autoridades.
Cuando se le pregunta si ve interés del gobierno en proteger a su esposo, de inmediato responde: "No han hecho nada".
Ha intentado, desde hace cuatro años, hablar con la gobernadora para exponerle su situación. A la fecha no hay respuesta a sus peticiones.
Recurrió a la jefa del Ejecutivo porque el notario se ostenta como su asesor y, además, hay una violación a la Ley del Notariado, que en su artículo 60 dispone como causa de suspensión, cese o remoción de los fedatarios el hecho de que muestren una conducta que cause "descrédito a la función notarial".
Rocío Rodríguez recurrió a la directora del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán, Georgina Rosado Rosado, con la esperanza de hallar apoyo por tratarse de una oficina de apoyo a la mujer.
"Me respondió que si intervenía en el caso me iba a perjudicar en lugar de ayudarme", explica la denunciante. "Demostró que es una funcionaria que sólo sirve para cortar listones y acompañar a la gobernadora, no para ayudar a la mujer".
A continuación, una síntesis de los antecedentes de la nula respuesta oficial:
-A principios de 2008 la señora Rodríguez Alayola promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar pensión alimenticia para ella y su hija menor de edad.
-El Juzgado 2o. de lo Familiar resolvió a su favor y condenó a Evia Salazar al pago de $24,000 mensuales. El acusado sólo entregó unos pagos parciales, de bajo monto, y dejó de cumplir. Entonces su esposa lo denunció por la vía penal y se giró una orden de aprehensión. El notario recurrió a la justicia federal, que le negó el amparo.
-Todo eso ocurrió en un largo período durante el cual Rocío Rodríguez, según su relato, fue despojada por su esposo de la casa conyugal -cuando estuvo enferma en el hospital- y de un automóvil. Evia Salazar transfirió propiedades a un prestanombres, para aparentar insolvencia.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
Tema: Justicia
En contexto:
Cronología
Lucha de casi cuatro años
Principios de 2008: Carlos Evia Salazar es condenado a pagar $24,000 mensuales a su esposa Rocío Rodríguez Alayola y la hija de ambos, por concepto de pensión alimenticia.
Noviembre de 2008: La denunciante dirige una carta a Ivonne Ortega para pedirle de nuevo audiencia y exponerle su caso. No hubo respuesta.
Septiembre de 2009: La mujer recurre al Consejo de Notarios. Le plantea la situación y le subraya que su esposo viola la Ley del Notariado con su conducta.
Ocubre de 2011: El notario pierde un juicio de amparo y queda firme la orden de aprehensión en su contra, que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado.
Lucha de casi cuatro años
Principios de 2008: Carlos Evia Salazar es condenado a pagar $24,000 mensuales a su esposa Rocío Rodríguez Alayola y la hija de ambos, por concepto de pensión alimenticia.
Noviembre de 2008: La denunciante dirige una carta a Ivonne Ortega para pedirle de nuevo audiencia y exponerle su caso. No hubo respuesta.
Septiembre de 2009: La mujer recurre al Consejo de Notarios. Le plantea la situación y le subraya que su esposo viola la Ley del Notariado con su conducta.
Ocubre de 2011: El notario pierde un juicio de amparo y queda firme la orden de aprehensión en su contra, que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado.
