Noticias de Yucatán
(abuso, injusticia, prepotencia, influyentismo)
(abuso, injusticia, prepotencia, influyentismo)
Escándalo de una magistrada yucateca en una tienda en Mérida
Publicada: 22 diciembre 2011
Publicada: 22 diciembre 2011
Agentes de la Fiscalía yucateca en el interior de una tienda, a donde acudieron por exigencias de una magistrada del Tribunal Superior 
(1)
(1)
En un hecho sin precedente en Yucatán, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia ordenó el uso de la fuerza pública para su beneficio personal y obligó con ella a una casa comercial a devolverle el dinero de una compra.
Enojada porque no le entregaron en el plazo convenido los muebles que había comprado, la magistrada Ligia Cortés Ortega dio órdenes para que agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaran en una tienda de muebles de una plaza comercial del poniente de Mérida.
Pese a que los agentes dependen directamente del Poder Ejecutivo, no del Judicial, varios policías armados se presentaron en la tienda y cerraron los accesos durante más de tres horas, hasta que los encargados del establecimiento cumplieron las exigencias de la funcionaria. Las políticas de la empresa establecen que en caso de retraso en la entrega, el cliente puede recibir su dinero en un plazo hasta de seis días. Sin embargo, la magistrada exigió y logró que se lo devolvieran el mismo día.
Los encargados de la tienda se mostraron indignados con lo que calificaron de una muestra de prepotencia de la funcionaria, pues, "si eso le hizo a un comercio, ¿qué no les hará a los ciudadanos?". La movilización policíaca llamó la atención en esa zona.
En otro caso que indica cómo el aparato de justicia se pone al servicio de funcionarios o sus familiares, ayer el juzgado 7o. dio a una hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco un trato que no se le brinda en ningún juzgado al común de los ciudadanos.
Fuera de su horario acostumbrado, pues los funcionarios judiciales permanecieron en espera aproximadamente una hora, el juzgado 7o. se prestó para una diligencia "privada" en que María Isabel Ortega Pacheco "perdonó" a uno de sus acusados.
Enojada porque no le entregaron en el plazo convenido los muebles que había comprado, la magistrada Ligia Cortés Ortega dio órdenes para que agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaran en una tienda de muebles de una plaza comercial del poniente de Mérida.
Pese a que los agentes dependen directamente del Poder Ejecutivo, no del Judicial, varios policías armados se presentaron en la tienda y cerraron los accesos durante más de tres horas, hasta que los encargados del establecimiento cumplieron las exigencias de la funcionaria. Las políticas de la empresa establecen que en caso de retraso en la entrega, el cliente puede recibir su dinero en un plazo hasta de seis días. Sin embargo, la magistrada exigió y logró que se lo devolvieran el mismo día.
Los encargados de la tienda se mostraron indignados con lo que calificaron de una muestra de prepotencia de la funcionaria, pues, "si eso le hizo a un comercio, ¿qué no les hará a los ciudadanos?". La movilización policíaca llamó la atención en esa zona.
En otro caso que indica cómo el aparato de justicia se pone al servicio de funcionarios o sus familiares, ayer el juzgado 7o. dio a una hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco un trato que no se le brinda en ningún juzgado al común de los ciudadanos.
Fuera de su horario acostumbrado, pues los funcionarios judiciales permanecieron en espera aproximadamente una hora, el juzgado 7o. se prestó para una diligencia "privada" en que María Isabel Ortega Pacheco "perdonó" a uno de sus acusados.
Abuso de autoridad
Una magistrada usa la fuerza para recuperar un pago
Publicada: 22 diciembre 2011
Una magistrada usa la fuerza para recuperar un pago
Publicada: 22 diciembre 2011
Por órdenes de la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, elementos de la Fiscalía General del Estado impidieron más de tres horas la entrada y salida en Mueblerías Dico de Plaza las Américas por una cuestión particular; en la imagen se observa, armado, a Efraín Encalada Burgos, acompañante de la funcionaria (1)
(1)
Escándalo en una tienda de muebles de Plaza las Américas: la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, con prepotencia y abuso de autoridad, mantuvo secuestrada tres horas la mueblería.
Por órdenes de la magistrada, un comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y seis elementos se apostaron en las puertas e impidieron la salida y entrada de clientes y empleados. Todo por el retraso en la entrega de unos muebles.
Ana Vázquez Camacho, gerente de la Muebles Dico de Plaza las Américas, explicó que todo se originó por el retraso en la entrega de una sala y un centro de entretenimiento que había comprado la magistrada el 1 de diciembre y se le debía entregar el pasado domingo.
Javier González Ramos, empleado de la mueblería que atendió a Ligia Cortés, dijo que debido al retraso en la entrega de una sala tipo catalán, la funcionaria exigió que se le devolviera su dinero.
Sin embargo, las políticas de la tienda indican que en caso de una cancelación el cliente recibirá su dinero en un plazo de hasta seis días.
Esta situación fue lo que molestó a la magistrada, quien exigió que se le pagara en ese momento, amenazando con cerrar la tienda. Para sorpresa de los empleados, a la una de la tarde llegaron al lugar elementos uniformados y armados de la Fiscalía General del Estado, quienes impidieron la entrada y salida de la tienda.
La magistrada amenazó con acusar de robo a la gerente de la tienda y a los ejecutivos que la atendieron.
"Prácticamente los empleados y clientes estuvieron secuestrados hasta que se les entregó el cheque, a las tres y media de la tarde; fueron momentos de miedo y mucha tensión", señaló la gerente
.
Por órdenes de la magistrada, un comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y seis elementos se apostaron en las puertas e impidieron la salida y entrada de clientes y empleados. Todo por el retraso en la entrega de unos muebles.
Ana Vázquez Camacho, gerente de la Muebles Dico de Plaza las Américas, explicó que todo se originó por el retraso en la entrega de una sala y un centro de entretenimiento que había comprado la magistrada el 1 de diciembre y se le debía entregar el pasado domingo.
Javier González Ramos, empleado de la mueblería que atendió a Ligia Cortés, dijo que debido al retraso en la entrega de una sala tipo catalán, la funcionaria exigió que se le devolviera su dinero.
Sin embargo, las políticas de la tienda indican que en caso de una cancelación el cliente recibirá su dinero en un plazo de hasta seis días.
Esta situación fue lo que molestó a la magistrada, quien exigió que se le pagara en ese momento, amenazando con cerrar la tienda. Para sorpresa de los empleados, a la una de la tarde llegaron al lugar elementos uniformados y armados de la Fiscalía General del Estado, quienes impidieron la entrada y salida de la tienda.
La magistrada amenazó con acusar de robo a la gerente de la tienda y a los ejecutivos que la atendieron.
"Prácticamente los empleados y clientes estuvieron secuestrados hasta que se les entregó el cheque, a las tres y media de la tarde; fueron momentos de miedo y mucha tensión", señaló la gerente
.
