Noticias de Yucatán
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Siguen las largas en el conflicto del comité pecuario
A casi seis años de que se inició un conflicto laboral en el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, la situación en esta dependencia, según reportan los afectados, se ha agudizado en dos frentes:
1) Afuera del Comité, inspectores pecuarios que fueron despedidos en una purga que implicó el desmantelamiento de la estructura de prevención de enfermedades bovinas se sigue quejando de atropellos a sus derechos, porque ese organismo obstaculiza el cumplimiento de resoluciones.
2) Adentro del Comité continúan aflorando las denuncias de acoso laboral contra antiguos inspectores, como el caso de Julio Antonio Arcos Delgado que publicamos hace unas semanas.
En visita a este periódico, ex supervisores pecuarios re latan que el Comité y la Junta siguen dando largas a la ejecución de acuerdos, pese a los mandatos de jueces federales a los que han recurrido en busca de amparo.
Contradicción
El caso de Jorge Armando Chi Chi, uno de los afectados, refleja una contradicción del tribunal laboral. El profesional obtuvo en 2011 un laudo a su favor, que incluía el pago de indemnización y su reinstalación laboral. A fines de febrero pasado tuvo que solicitar amparo contra la Junta por un acto que considera violatorio, pues esta autoridad declaró la improcedencia del incidente de liquidación de las prestaciones del laudo que dictó el 5 de agosto de 2011.
Otros ex inspectores que han recurrido a los juicios de amparo, por considerar que se atenta contra sus derechos a pesar de que recibieron laudos favorables, son Mario Humberto Ávila Basulto y Juan Manuel Torres . Ante las resoluciones de las autoridades federales surgen argumentos de los demandados —la parte patronal— que siguen retrasando la solución del conflicto.
Este caso, como ya publicamos, ha derivado en plantones, solicitudes de intervención al Ejecutivo del Estado y a la Presidencia, y una denuncia ante la PGR contra directivos del Comité por falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.
La situación adentro de la dependencia tampoco ha variado mucho. Los ex inspectores relatan como ejemplo que, aunque se reinstaló a Mario Ávila como dispuso la Junta de Conciliación, no se cumplieron las premisas del fallo —reponerlo en los términos y condiciones en que estaba— y se le asignó en un tinglado aislado que es definido como zona de castigo. En esta parte está también Julio Arcos. Se les muestra como escarmiento a los demás empleados.
“Todo esto no es más que ‘bullying’ y terrorismo laboral”, dice uno de los afectados.
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