Noticias de Yucatán
(apro).- Desde mayo pasado, la agencia Proceso informó
sobre los niveles de violencia extrema, impunidad y presuntos nexos de
autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército con el narco en el
binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo.
Desde hace una década, este lugar ubicado en la región de
la Costa Grande de Guerrero ha sido el escenario de una batalla entre bandas
criminales, no sólo por el control político de la región sino también para
imponer su hegemonía en esta zona considerada como de trasiego de cocaína y
precursores químicos para elaboración de metanfetaminas.
En este contexto se registró el asesinato del funcionario
estadunidense Dog Bradley, ultimado a tiros el jueves 28 de diciembre en plena
zona hotelera de Ixtapa, crimen que se suma a los más de 2 mil 600 homicidios
que se registraron en 2017 y que se caracterizan porque siguen impunes ante la
falta de resultados de las autoridades ministeriales.
En el texto El narco se enquista y placea en Ixtapa
Zihuatanejo, publicado el 19 de mayo pasado, se indica que la historia de
complicidades que ha salpicado a funcionarios del gobierno del priista Héctor
Astudillo, como el jefe de la oficina del Ejecutivo estatal, Alejandro Bravo
Abarca, así como alcaldes priistas y perredistas de la región de la Costa
Grande, ha sido documentada por Procesodurante los últimos cinco años.
En esta zona, el mandatario estatal anunció uno de los
cinco proyectos estratégicos de su administración, enfocados al desarrollo de
un puerto marítimo en el municipio de La Unión, el cual será una ampliación del
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado por el narco.
En mayo de 2016, Apro dio a conocer que el
contexto de violencia se había reactivado un mes antes en este corredor
estratégico de drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos
criminales que actúan bajo el manto protector de las autoridades rompieron una
tregua que mantenían desde 2014.
