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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un nuevo llamado contra la escalada de violencia en el país, sin embargo, también dejó en claro que la inseguridad no se resuelve “con perdones” ni “llamados a misa”.
En el contexto de las campañas electorales y en uno de los momentos con más violencia en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, la cúpula empresarial encabezada por Juan Pablo Castañón emplazó:
Exigimos que pongan las condiciones mínimas para que nosotros podamos salir adelante con nuestro propio esfuerzo: los gobiernos actuales y los que aspiran a gobernarnos. Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa”.
La cúpula empresarial enfatizó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva.
Hace dos meses, recordó, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero, debido a que el asedio del crimen organizado era insoportable.
La semana pasada, insistió, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, lo mismo que la mina “Dolores”, en Chihuahua, que emplea a más de mil 800 empleados.
“La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables”, fustigó el CCE.
Y luego se lanzó contra el magisterio disidente:
“Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada”.
De acuerdo con Castañón, el robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2017. Y aún más grave, más de 90 políticos han perdido la vida en este proceso electoral.
“Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos porque no existen condiciones de seguridad para operar”, reprochó.
Los empresarios exigieron que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos.
El CCE demandó que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario, y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia.
También pidió avanzar, sin mayor dilación, en la implementación de una Fiscalía General autónoma y la formación de ministerios públicos independientes, pues la impunidad en la que quedan más de 95% de los delitos que se cometen en el país “es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”.
De acuerdo con el organismo cúpula, la inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México.
El CCE recordó que, en indicadores de competitividad que nos comparan con otros países, como el Índice de Competitividad Internacional del IMCO o el del Foro Económico Mundial, la falta de un estado de derecho, la corrupción y la impunidad, así como la calidad de las instituciones, son identificadas como una de las mayores debilidades del país.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un nuevo llamado contra la escalada de violencia en el país, sin embargo, también dejó en claro que la inseguridad no se resuelve “con perdones” ni “llamados a misa”.
En el contexto de las campañas electorales y en uno de los momentos con más violencia en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, la cúpula empresarial encabezada por Juan Pablo Castañón emplazó:
Exigimos que pongan las condiciones mínimas para que nosotros podamos salir adelante con nuestro propio esfuerzo: los gobiernos actuales y los que aspiran a gobernarnos. Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa”.
La cúpula empresarial enfatizó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva.
Hace dos meses, recordó, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero, debido a que el asedio del crimen organizado era insoportable.
La semana pasada, insistió, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, lo mismo que la mina “Dolores”, en Chihuahua, que emplea a más de mil 800 empleados.
“La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables”, fustigó el CCE.
Y luego se lanzó contra el magisterio disidente:
“Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada”.
De acuerdo con Castañón, el robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2017. Y aún más grave, más de 90 políticos han perdido la vida en este proceso electoral.
“Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos porque no existen condiciones de seguridad para operar”, reprochó.
Los empresarios exigieron que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos.
El CCE demandó que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario, y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia.
También pidió avanzar, sin mayor dilación, en la implementación de una Fiscalía General autónoma y la formación de ministerios públicos independientes, pues la impunidad en la que quedan más de 95% de los delitos que se cometen en el país “es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”.
De acuerdo con el organismo cúpula, la inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México.
El CCE recordó que, en indicadores de competitividad que nos comparan con otros países, como el Índice de Competitividad Internacional del IMCO o el del Foro Económico Mundial, la falta de un estado de derecho, la corrupción y la impunidad, así como la calidad de las instituciones, son identificadas como una de las mayores debilidades del país.
