Una nueva caravana migrante con destino a Estados Unidos
partió en la madrugada del miércoles desde la estación metropolitana de San
Pedro Sula, Honduras. Un grupo de unas 900 personas (según datos del Instituto
Guatemalteco de Migración) y se dirigieron a la frontera El Corinto, la más
cercana a la costa del Caribe, que une Honduras con Guatemala. Al mismo tiempo,
otro grupo de unos 200 integrantes permaneció en la estación con el propósito
de ponerse en ruta al amanecer. La marcha se convocó a través de mensajes en
redes sociales como Facebook y grupos de Whatsapp.
Se trata de la segunda caravana de migrantes que se organiza
durante este año, la primera después de que se decretara la pandemia por
COVID-19. De hecho, el acceso terrestre a Guatemala apenas se reabrió el pasado
viernes 18 de septiembre. Además, esta convocatoria llega a poco más de un mes
de las elecciones en Estados Unidos en las que el presidente Donald Trump se
juega la reelección contra el demócrata Joe Biden.
A última hora de la noche no había reportes de que agentes
de la Policía hondureña trataran de obstruir el paso de los migrantes, cuyo
grupo más rezagado transitaba por la colonia López Arellano, una barriada
popular de San Pedro Sula con fuerte presencia de pandillas.
Las autoridades migratorias guatemaltecas, país que deben
atravesar los migrantes antes de llegar a México, anunciaron que se habían
establecido diversas coordinaciones para “atender” la caravana sin especificar
si les permitirá el paso. Los países del C4 (Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua) disfrutan de un régimen de libre tránsito entre ellos presentando el
documento de identidad. Ahora debido a la pandemia el control fronterizo se ha
endurecido y para el ingreso Guatemala exige prueba de no padecer COVID-19 (PCR
o antígeno). No obstante, existen muchos puntos ciegos por donde los migrantes
están acostumbrados a transitar.
El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un
comunicado en el que desmintió “cualquier aseveración sobre regularizar el paso
de caravanas de personas migrantes indocumentadas por la frontera sur del
territorio nacional, como se difunde en redes sociales”.
“El INM no promueve caravanas de personas nacionales y
extranjeras por México”, dice el comunicado, que no da detalles sobre el
previsible despliegue de Guardia Nacional en la frontera.
La última marcha de estas características llegó al sur de
México entre el 18 y el 23 de enero de este año. Cerca de 4 mil migrantes
trataron de cruzar por las fronteras de El Ceibo, Tabasco, y Ciudad Hidalgo,
Chiapas en diferentes jornadas, pero las caravanas fueron disueltas. En todos
casos los migrantes fueron detenidos, encerrados en estaciones migratorias y
posteriormente deportados.
En aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que existían empleos en México para aquellos que lo desearan. Sin
embargo, la oferta se limitó a ser retornados a sus países y esperar a que se
pusiera en marcha en Honduras y El Salvador los programas “Sembrando Vida” y
“Jóvenes Construyendo el Futuro”. Como Animal Político reveló, el dinero
destinado a esos proyectos todavía no ha salido de México.
Las caravanas migrantes se en una fórmula para tratar de
alcanzar Estados Unidos que tuvieron su auge en octubre y noviembre de 2018,
cuando todavía estaba en la presidencia Enrique Peña Nieto. Entonces, miles de
personas (al menos siete mil según las autoridades de Suchiate, en Chiapas), en
su mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, atravesaron México
hasta llegar a Tijuana, Baja California, con intención de cruzar Estados
Unidos.
En enero de 2019, con Andrés Manuel López Obrador en el
gobierno, más de 15 mil centroamericanos que integraban la primera caravana de
aquel año recibieron tarjetas de residente por motivos humanitarios.
Las presiones de Donald Trump hicieron girar la política
migratoria de México. En junio, el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo
por el que se comprometió a frenar el flujo hacia el norte. Desplegó 6 mil
integrantes de la Guardia Nacional en el sur y aceleró la implantación del
programa “Quédate en México” que obliga a solicitantes de asilo en Estados
Unidos a quedarse en ciudades como Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo o Matamoros
esperando hasta su cita con el juez. Más de 65 mil personas fueron incluidos en
este programa, que posteriormente incluyó a Guatemala, Honduras y El Salvador
como “terceros países seguros”.
En enero de este año la situación fue bien diferente a 2019
y los migrantes fueron interceptados, detenidos y deportados.
La pandemia por COVID paralizó los flujos migratorios. Estados
Unidos decretó el cierre de fronteras y suspendió las garantías legales,
cerrando la posibilidad de pedir asilo e imponiendo un modelo de deportación
exprés. Este sistema sigue funcionando en la actualidad.
