La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) sostuvo que hasta la tarde de ayer no había recibido alguna comunicación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se le “confirme, precise o desmienta” la suspensión en los procesos electorales de este año de la aplicación de las leyes de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte de las reformas del llamado plan B.
Adelantó que, de confirmarse alguna decisión en este sentido, presentará una impugnación para revertir la determinación que es “arbitraria e ilegal”.
Tras difundirse que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió las acciones de inconstitucionalidad, la CJEF aseveró en un comunicado que sería “inusitado” haber emitido la suspensión, porque, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”. Además, expuso que la Ley General de Comunicación Social “no versa sobre materia electoral” y su objetivo es regular el gasto público, por lo que insistió en que “darle carácter electoral” contradice el criterio de regulación de comunicación social.
