Cinco de las 46 delegaciones federales en el Estado siguen acéfalas debido a conflictos entre los gobiernos estatal y federal derivados de la selección de candidatos para esas oficinas.
Por medio de esas 46 representaciones, el gobierno federal genera una derrama local de unos $5 mil millones.
Hasta ayer también estaba sin mando la delegación del IMSS, pero ya tomó posesión como su nuevo titular Alberto Reyes Carrillo, ex secretario de Planeacion del Estado, quien empezó a despachar ayer mismo en esa delegación, ubicada en el edificio del Centro Médico Nacional “Ignacio García Téllez”.
Este último nombramiento fue motivo del más reciente roce entre los gobiernos estatal y federal. Grupos identificados con el Ejecutivo local ocuparon esa dependencia para protestar y tratar de impedir que el funcionario tomara posesión de sus oficinas.
La ocupación terminó con la llegada de agentes de la Policía Federal al edificio.
Incluso, la designación de Reyes Carrillo habría sido el motivo de un altercado público que sostuvieron hace unas semanas la gobernadora Ivonne Ortega y el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh.
Una de las dependencias de la Federación que continúan sin representante local tiene rango de primer nivel: la Secretaría de la Reforma Agraria, en manos temporalmente de Erwin Pacheco López.
También está vacante la titularidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a cargo por ahora de Enríque Cárdenas González.
Otra oficina sin delegado es el Infonavit.
La subgerente de Crédito, Yolanda Meneses González, es la que ha figurado en actos públicos de ese instituto. El Infonavit figura en una lista de empresarios, comerciantes, abogados y otras personas que comenzaron una batalla legal contra la gobernadora Ivonne Ortega por considerar que ésta violó derechos constitucionales.
La Administración Portuaria Integral de Progreso (API) es una de las delegaciones que están acéfalas. Por ahora está bajo responsabilidad de su apoderada general, Ana Lucía Parra Vega.
Otra es la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene como encargado a Juan Manuel León León.
Unos 30 de los 46 delegados federales son yucatecos. El resto provienen de otras partes del país. Parte de éstos ya fincaron su residencia en Yucatán por el tiempo que llevan establecidos en esta tierra.
Uno de esos funcionarios con más tiempo en esas representaciones federales es Enrique Escalante Semerena, de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
En las fuerzas armadas es donde se registran más cambios en los mandos.
Buena parte de los delegados yucatecos están identificados con la ex candidata del PAN a la alcaldía, Beatriz Zavala Peniche, y otros más con el ex gobernador Patricio Patrón Laviada y los ex alcaldes Xavier Abreu Sierra y Luis Correa Mena.
Los hay que no son de ningún grupo, como los delegados de la Secretaría del Trabajo y de la PGR, Luis López y Juan Manuel León, respectivamente, así como el representante del Fifonafe, Roger Balbino Mena Rosado, quien tiene parentesco con el ex alcalde Luis Correa, pero habría logrado el cargo por su trabajo en las filas del ex presidente Vicente Fox.
En la lista de yucatecos sólo figuran dos mujeres: Lenisse Sánchez Peniche, de la Condusef, y Diana Canto Moreno, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Otros son Renán Canto Jairala (SCT), Gerardo Escaroz Soler (Sagarpa), Fernando Medina Gamboa (Sedesol), Joaquín Díaz Mena (SEP), Alberto del Río Leal (Economía), Enrique Manero Moreno (Semarnat), Manuel Fuentes Alcocer (Diconsa), Raúl Paz Alonso (Liconsa) y Juan Valencia Heredia (Oportunidades).
Tambien Carlos Briceño Ramírez (Registro Agrario Nacional), Jacinto Sosa Novelo (Procuraduría Agraria), Luis López Pérez (Trabajo y Previsión Social), Benito Rosel Isaac (Migración), Fernando Rosel Flores (Banobras), Rafael Castilla Peniche (Profeco), Sergio Chan Lugo (Conagua), Manuel Vadillo Ramírez (Corett), Roger Mena Rosado (Fifonafe), Alfonso Lozano Poveda (Fonacot) y Joaquín Mier y Terán (Fonaes).
