Por considerar que sus derechos constitucionales han sido violados, empresarios, comerciantes, abogados y otras personas iniciaron una batalla legal contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Los afectados han recurrido a la justicia federal, tramitando diversos juicios de amparos contra la titular del Ejecutivo.
Ellos aseguran que la gobernadora ha violado las leyes, pero en algunos casos también acusan conjuntamente a otros funcionarios del gabinete estatal.
Y en varios casos han tenido la razón, al menos eso han determinado los jueces federales que concedieron en las últimas semanas el amparo a varios de los quejosos, entre quienes hay empresarios identificados con el PRI, como Jacinto Worbis Alonzo, propietario de Grúas Jaswor, quien se ha inconformado contra la titular del Ejecutivo y alguno de sus colaboradores.
Según se averiguó en el edificio del Poder Judicial de la Federación, los casos no son esporádicos, pues en los cuatro Juzgados de Distrito que funcionan en Mérida hay juicios en proceso, incluso en las últimas semanas aumentó la “cascada de amparos“ interpuestos contra la gobernadora.
Entre los afectados está incluso el Infonavit, que recurrió al amparo —juicio 156 del Juzagtdo Priemro— al parecer por la negativa de la gobernadora para concederle la fuerza pública.
Otros casos son de César Augusto Alcocer Quintal, VW Financial Services, José Francisco Ponce de León —ganó el caso—, Marcos Delgado Villaneuva, Autos Payo Obispo, Armando Cano Salazar, Efraín Ramírez Herrera, Mario Humberto ALvarez y Palmero, Guadalpue del Socorro López Cardeña.
Empleados y funcionarios de los juzgados indicaron que es común que se interpongan amparos contra un gobernante, pero lo extraordinario ahora es que son muchos y que sea alto el porcentaje de quejosos que ganan los juicios, lo que demuestra que tienen razón al acusar a la gobernadora de violaciones a sus derechos constitucionales.
Los juicios interpuestos contra la gobernadora son por diversos motivos, pero hay varios casos en los que la queja recurrente es por la negativa de la titular del Ejecutivo a proporcionar apoyo para realizar desalojos de mandatos judiciales.
Trascendió que el gobierno del Estado retrasa la entrega de la fuerza pública porque son medidas impopulares, pues generalmente los desalojos son contra gente que pierde sus viviendas por préstamos bancarios o promovidos por grandes despachos de abogados.
El alcalde de Mérida, César Bojórquez, también enfrenta algunos juicios, aunque son mínimos en comparación con los de la gobernadora.
Entre los casos que hay contra el alcalde meridano está el de Eva Duarte Cisneros, que lo acusa a él y al director de Desarolllo Urbano.
Otros presidentes municipales demandados son los de Cacalchén, por queja de Luis Cauich Xool; y de Kanasín, por demanda de María Baas Cauich.
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