Seis días antes de que venza el ultimátum que le fijaron los campesinos y aún sin tener los títulos de propiedad, el gobierno del Estado pagó ayer el saldo de $11.7 millones que debía a los ejidatarios de Ucú.
En medio de las denuncias por peculado y por presuntas violaciones a la Ley Agraria, las autoridades estatales finiquitaron el trato con el ejido por las 3,012 hectáreas, a casi dos años y medio de que comenzó la polémica operación.
El martes 20 de este mes, el gobierno del Estado canceló abruptamente el pago del finiquito, en una medida que causó inconformidad en Ucú. Luego de una reunión, funcionarios de la Consejería Jurídica y del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se comprometieron a pagar en 15 días.
La fecha vencía el miércoles 4 de agosto, pero el Ejecutivo adelantó ayer el pago, a tres días del tercer “informe ciudadano” de la gobernadora Ivonne Ortega.
Bajo vigilancia policíaca, con cierre de calles y personal armado de Cometra, los empleados del Ejecutivo y las autoridades del ejido encabezaron el pago a los 176 ejidatarios, de $38,886 cada uno, y 180 posesionarios de Ucú, a $27,000.
El comisario José Antonio Euán Dzul admitió que no tienen los títulos de propiedad de las tierras, pero aún así les pagaron el finiquito: “Que de eso (de los títulos) luego nos informan”, indicó el campesino.
Pablo Castro Alcocer, funcionario de la Consejería Jurídica, declinó informar sobre el pago, pero luego, en un comunicado, el Ejecutivo confirmó que estará “a la espera de que el Registro Agrario Nacional (RAN) concluya los procedimientos para la escrituración de los terrenos”. Es decir, admite que no tiene la propiedad.
El gobierno del Estado informa, en un comunicado, que con el pago de ayer a los ejidatarios de Ucú por la compraventa de 3,012 hectáreas da “por finiquitado el compromiso contraído con los labriegos de esa localidad”.
El Ejecutivo dice que ahora estará “a la espera de que el Registro Agrario Nacional (RAN) concluya los procedimientos para la escrituración de los terrenos”. Pablo Castro Alcocer, subconsejero de Servicios Legales y Vinculación Institucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, estuvo al frente del pago a los campesinos en el comisariado ejidal de Ucú, pero no accedió a una entrevista sobre los detalles del finiquito y la situación jurídica del caso.
El funcionario ofreció que emitirían un comunicado, como ocurrió horas más tarde. En el boletín se informa que “las actas que avalan la realización de las asambleas ejidales fueron enviadas a las autoridades agrarias correspondientes, por lo que todo se ha hecho conforme a las leyes vigentes en la materia”.
“Desde el 19 de mayo de 2008, el Ejecutivo tomó posesión de las tierras, donde se desarrollará un importante proyecto inmobiliario, industrial y de servicios denominado Ciudad Ucú”.
Sin embargo, frente a la versión oficial hay varios hechos. Uno de ellos es que ya terminó de pagar un bien que no tiene en propiedad. Se trata de más de $343 millones provenientes de un crédito que contrató en 2008.
El ejido carece del dominio pleno y de los títulos de propiedad debido a que la superficie no es susceptible de ser vendida por tratarse tierras con vocación forestal, según establece el artículo 160 de la Ley Agraria.
Ayer se averiguó que el trámite ante el RAN sigue detenido y no hay ningún cambio en torno a la situación jurídica de las tierras. Incluso, trascendió que el Ejecutivo ya sabía de esa situación y aún así decidió pagar el finiquito.
Ucú
- Finiquito Ayer no abrieron las cantinas de Ucú y tampoco se vio a los vendedores de artículos.“Hasta para las viejas” Contento, bien vestido, Julio Chan Dzul, de 73 años, comentó, luego de cobrar sus $38,886, que el dinero se iría en pago de deudas, en sus hijos y nietos y “hasta para las viejas”.
“A la michigan” “Nos apend...., debimos cobrar lo mismo que los ejidatarios. Pero para la próxima vamos a ir 'a la michigan' o no hay nada”, advirtió el posesionario Eliseo Pech Castillo.
