- El caso de Ucú, motivo de debate ayer entre diputados del PRI y el PAN
- El PRI revive el asunto de venta de tierras en Hunucmá
El pago de tierras de Ucú no es sólo un caso de ilegalidad sino también de prepotencia porque se ha dicho hasta el cansancio que es incorrecto y el gobierno se aferra a comprar algo que no puede, afirmó ayer en la tribuna del Congreso la diputada panista Magaly Cruz Nucamendi.
Según dijo, con el finiquito del pago de anteayer “se consumó el delito de peculado”.
En respuesta, el priista Carlos Pavón Flores negó que se trate de peculado y dijo que de la misma forma el gobierno anterior compró tierras en Hunucmá por medio de Antonino Almazán.
“En todo caso, ahí también se cometió un delito”, afirmó.
Ayer informamos que aun sin tener los títulos de propiedad, el gobierno del Estado pagó el saldo de $11.7 millones que debía a los ejidatarios de Ucú por sus tierras, en medio de las denuncias de peculado y presuntas violaciones a la ley agraria.
Este tema fue motivo de debate ayer en el Congreso. El primero que lo llevó a la tribuna fue el panista Renán Barrera Concha, al señalar que el día anterior se confirmó lo que diputados de Acción Nacional denunciaron reiteradamente, con el pago que hizo el gobierno estatal.
Expresó su preocupación porque una vez más el Ejecutivo del Estado, pasando por alto la ley, hizo el pago de 11.7 millones de pesos a pesar de las denuncias y un proceso judicial, y pidió que se esté pendiente de lo que suceda en este caso.
El priista Pavón Flores insistió en que se trata de una compra “perfecta y legal”, sin delito alguno, y por eso se hace todo de manera pública y transparente.
Los diputados del PAN llevaron ayer a la tribuna del Congreso el tema del pago de tierras de Ucú y, en respuesta, uno del PRI les recordó la compra de terrenos “en precios ridículos” en Hunucmá, durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada.
En asuntos generales el diputado priista Carlos Pavón Flores negó la acusaciones de que se cometen peculado y otras violaciones a la ley agraria en el caso de Ucú.
En todo caso, indicó, habría que revisar cómo hizo la anterior administración estatal la compra de tierras de Hunucmá, porque, según él, fue igual que ahora en Ucú.
En respuesta, la coordinadora de los panistas, Magaly Cruz Nucamendi, dijo que comparar este caso con el de Hunucmá por las tierras adquiridas para el frustrado aeropuerto, y las tierras de Caucel para Ciudad Caucel, es sólo un distractor.
“Ese es el método que siempre usa el Ejecutivo estatal y todos los que no quieren que el pueblo se entere de lo que sucede en realidad”, añadió.
El panista Renán Barrera Concha recordó que en la pasada Legislatura se aprobó al Ejecutivo estatal contratar un crédito, del cual se tomaron los recursos para pagar el día anterior $1.7 millones a ejidatarios de Ucú para liquidar la compra ilegal de sus tierras.
Recordó que se ha denunciado el posible delito de peculado del gobierno del Estado en esta operación comercial, por lo cual quisiera le respondieran: —Qué intereses puede haber detrás de este asunto, cuando los propios ejidatarios reconocen que no cuentan con los títulos de propiedad.
—¿Hubo o no la intervención de intermediarios? ¿Qué han hecho las autoridades ministeriales con la denuncia en la Procuraduría? ¿Ha recibido carpetazo o línea para que detener las investigaciones? ¿Dónde están los documentos comprobatorios de los pagos que ha hecho la Secretaría General de Gobierno desde 2008 hasta ayer? ¿Dónde están los recibos, contratos, convenios y demás documentos que dan sustento a esta operación? Siempre en asuntos generales, el priista Roberto Rodríguez Asaf planteó las ventajas y bondades que habría con la nueva ley de Mejora Regulatoria del Estado, que está por recibir el dictamen correspondiente y posiblemente se apruebe la próxima semana.
—Esta iniciativa le apuesta a crear cambios que mejoren las condiciones económicas del Estado y generen mayores beneficios a la sociedad con el fomento al desarrollo económico y la desrregularización de los procesos administrativos —apuntó.
“Es una estrategia del gobierno del Estado para tirarle el paquete al gobierno federal, como si él tuviera la obligación de avalar una operación irregular”, indica la ex procuradora del DIF Yucatán.
El gobierno del Estado pagó, como publicamos, el saldo de $11.7 millones que le debía a los ejidatarios de Ucú y admitió que aún no tiene la propiedad.
“Ya es hora de que el gobierno federal, y el Registro Agrario Nacional en particular, aclaren cuál es la situación jurídica de las tierras de Ucú”, subraya la ex diputada Gamboa Wong.
“Les pido a las autoridades federales, que no han hablado hasta ahora, que expliquen muy bien cuáles son las irregularidades que se han cometido en este caso y si procede o no la obtención del dominio pleno de las tierras para acabar de una vez por todas con esta polémica”, apunta la ex coordinadora de la bancada panista del Congreso.
“Sería muy valioso que el RAN u otra instancia federal salga al paso y aclare puntualmente este asunto.
“Para nosotros queda muy claro que el gobierno del Estado sí incurrió en ilegalidades en la operación de compraventa y en los delitos de peculado y prestación indebida del ejercicio público, ya que pagó por un bien que no tiene y así lo han reconocido públicamente ellos mismos”.
Patricia Gamboa coincide en que con el pago del finiquito el gobierno del Estado consumó el delito de peculado.
“Lamentablemente, hasta hoy nuestra denuncia sigue paralizada por la Procuraduría. El gobierno del Estado es juez y parte en este caso, otro caso que parece perfilarse a la impunidad”, advierte la ex legisladora panista.
