La herencia de 500 diputados en tres años: escándalos, moches y demasiada opacidad

23 agosto 2015
Noticias de Yucatán


Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Los propios coordinadores parlamentarios de la LXII Legislatura que concluye el próximo 30 de agosto afirman que pasará a la historia como la que le entregó a México las reformas estructurales que necesita para su crecimiento. También fue la que dejó deudas históricas con la ciudadanía, principalmente en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Especialistas en asuntos parlamentarios consultados por SinEmbargo coincidieron en que los integrantes de la Legislatura por concluir fueron selectivos en las reformas que aprobaron, privilegiaron los acuerdos políticos por encima del bienestar nacional, abrieron boquetes financieros inexplicables y en general, dejaron más sinsabores que éxitos en la percepción ciudadana.
“Los diputados federales, igual que los senadores, sí aprobaron reformas estructurales y constitucionales importantes. Por contraste, también tienen una clara deuda pública en materia de transparencia”, explicó María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.
También quedará impregnada en las páginas de la historia, la negativa de la mayoría de los diputados salientes pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a acompañar las investigaciones de casos paradigmáticos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, y los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, entre otros escándalos gubernamentales.
El Congreso realizó una serie de comparecencias de secretarios de Estado para dar cuenta “del estado que guarda la Nación”, pero se realizaron principalmente en el marco de la glosa de los informes anuales de gobierno y no necesariamente para explicar los temas coyunturales.
Así quedó pendiente la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para explicar el impacto de la Reforma Fiscal o la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso de los normalistas.
“Hubo faltantes en la parte de control del ejercicio del Poder Ejecutivo”, sostuvo Guillermo Áviles, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información.
“En ese sentido habría que avaluar si hubo suficientes comparecencias, por ejemplo de los secretarios de Estado, porque había coyunturas importantes en las que había que llamar al secretario de Hacienda, al de Educación, a la de Desarrollo Social, y conocer cuáles fueron los resultados de sus labores”, agregó. Si bien es cierto que hubo un incremento en el acceso a la información pública disponible a la ciudadanía, ésta resulta insuficiente para satisfacer el interés de la ciudadanía por conocer asuntos relevantes, como es el ejercicio del gasto público, el uso y destino de los recursos del presupuesto o los conflictos de interés de cada legislador.
A la par, la información disponible en los sitios electrónicos del Congreso resulta insuficiente para atender la demanda de información de organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años también se ha incrementado su participación en tareas de vigilancia y evaluación del trabajo legislativo.
“Los diputados y senadores fueron selectivos en los cartuchos que querían utilizar y los que querían quemar”, explicó María del Carmen Nava, de Visión Legislativa. Pero más allá de la necesidad de entregar información útil y oportuna, el Congreso ha sido omiso en explicar algunos escándalos en los que estuvieron involucrados los legisladores salientes .
Está el caso del Diputado Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su papel de coordinador parlamentario fue acusado de instrumentar una red de cobro de cuotas a cambio de asignaciones presupuestales, los llamados “moches”, operados desde San Lázaro.
Aunque Villarreal ha negado sistemáticamente las acusaciones, ninguna autoridad interna o externa de la Cámara de Diputados ha informado si ha iniciado una investigación contra el Diputado federal o las conclusiones de las pesquisas.
En otro escándalo memorable, en febrero de 2013, el Diputado panista, Juan Pablo Adame, subió a su cuenta de Twitter (@JuanPabloAdame) la fotografía de un Mercedes Benz estacionado en la Cámara de Diputados cuya placa ha sido sustituida por una “charola” con la leyenda “Poder Legislativo Federal”.
El lujoso automóvil resultó ser propiedad del Diputado priista José Rangel Espinosa, legislador por el Estado de México y autodeclarado admirador del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró en alguna ocasión el Diputado priista, que fue bautizado por los medios como el “Dipucharolas”.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Los propios coordinadores parlamentarios de la LXII Legislatura que concluye el próximo 30 de agosto afirman que pasará a la historia como la que le entregó a México las reformas estructurales que necesita para su crecimiento. También fue la que dejó deudas históricas con la ciudadanía, principalmente en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Especialistas en asuntos parlamentarios consultados por SinEmbargo coincidieron en que los integrantes de la Legislatura por concluir fueron selectivos en las reformas que aprobaron, privilegiaron los acuerdos políticos por encima del bienestar nacional, abrieron boquetes financieros inexplicables y en general, dejaron más sinsabores que éxitos en la percepción ciudadana.
“Los diputados federales, igual que los senadores, sí aprobaron reformas estructurales y constitucionales importantes. Por contraste, también tienen una clara deuda pública en materia de transparencia”, explicó María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.
También quedará impregnada en las páginas de la historia, la negativa de la mayoría de los diputados salientes pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a acompañar las investigaciones de casos paradigmáticos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, y los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, entre otros escándalos gubernamentales.
El Congreso realizó una serie de comparecencias de secretarios de Estado para dar cuenta “del estado que guarda la Nación”, pero se realizaron principalmente en el marco de la glosa de los informes anuales de gobierno y no necesariamente para explicar los temas coyunturales.
Así quedó pendiente la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para explicar el impacto de la Reforma Fiscal o la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso de los normalistas.
“Hubo faltantes en la parte de control del ejercicio del Poder Ejecutivo”, sostuvo Guillermo Áviles, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información.
“En ese sentido habría que avaluar si hubo suficientes comparecencias, por ejemplo de los secretarios de Estado, porque había coyunturas importantes en las que había que llamar al secretario de Hacienda, al de Educación, a la de Desarrollo Social, y conocer cuáles fueron los resultados de sus labores”, agregó. Si bien es cierto que hubo un incremento en el acceso a la información pública disponible a la ciudadanía, ésta resulta insuficiente para satisfacer el interés de la ciudadanía por conocer asuntos relevantes, como es el ejercicio del gasto público, el uso y destino de los recursos del presupuesto o los conflictos de interés de cada legislador.
A la par, la información disponible en los sitios electrónicos del Congreso resulta insuficiente para atender la demanda de información de organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años también se ha incrementado su participación en tareas de vigilancia y evaluación del trabajo legislativo.
“Los diputados y senadores fueron selectivos en los cartuchos que querían utilizar y los que querían quemar”, explicó María del Carmen Nava, de Visión Legislativa. Pero más allá de la necesidad de entregar información útil y oportuna, el Congreso ha sido omiso en explicar algunos escándalos en los que estuvieron involucrados los legisladores salientes .
Está el caso del Diputado Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su papel de coordinador parlamentario fue acusado de instrumentar una red de cobro de cuotas a cambio de asignaciones presupuestales, los llamados “moches”, operados desde San Lázaro.
Aunque Villarreal ha negado sistemáticamente las acusaciones, ninguna autoridad interna o externa de la Cámara de Diputados ha informado si ha iniciado una investigación contra el Diputado federal o las conclusiones de las pesquisas.
En otro escándalo memorable, en febrero de 2013, el Diputado panista, Juan Pablo Adame, subió a su cuenta de Twitter (@JuanPabloAdame) la fotografía de un Mercedes Benz estacionado en la Cámara de Diputados cuya placa ha sido sustituida por una “charola” con la leyenda “Poder Legislativo Federal”.
El lujoso automóvil resultó ser propiedad del Diputado priista José Rangel Espinosa, legislador por el Estado de México y autodeclarado admirador del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró en alguna ocasión el Diputado priista, que fue bautizado por los medios como el “Dipucharolas”.
A nivel nacional se promocionó como un logro legislativo la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia para dotar de autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) así como su legislación secundaria.
No obstante, los especialistas coincidieron en que el Poder Legislativo quedó a deber en materia de transparencia.
Aunque con la reforma constitucional los legisladores ampliaron el catálogo de sujetos obligados y la información que debe dejar de ser reservada, los propios diputados y senadores mantuvieron candados importantes en la apertura de la información de sus cámaras legislativas.
En el caso específico de la Cámara de Diputados, los legisladores quedaron a deber la firma de la Alianza por el Parlamento Abierto, que sí firmó el Senado el año pasado.
La otra deuda de la cámara baja fue su propia Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuya presidenta fue la Diputada priista Areli Madrid Tovilla, la cual estuvo lejos de cumplir las expectativas y dar solución a diversos temas polémicos.
Según el propio historial de asuntos turnados, se envió a esta comisión legislativa 51 iniciativas para su dictamen, de las cuales 40 fueron desechadas, siete permanecen pendientes de análisis y sólo cuatro fueron aprobadas.
Lo mismo en el caso de los puntos de acuerdo, de 49 proposiciones turnadas en materia de transparencia y combate a la corrupción, se desecharon 46 y solamente tres fueron aprobadas.
“Me parece que en los hecho no hubo realmente acciones de esta comisión presidida por la Diputada Areli Madrid”, sostuvo María del Carmen Nava.
REFORMAS APROBADAS
Con el respaldo del Pacto por México y gracias a los acuerdos asumidos por los presidentes de los principales partidos políticos, el Poder Legislativo entregó buenas cuentas respecto a la aprobación de las reformas estructurales.
De esta forma, el Congreso aprobó 29 reformas constitucionales y estructurales, entre ellas: las reformas en materia energética, fiscal, laboral, educativa, de telecomunicaciones, de competitividad, política-electoral, en materia de arraigo y la de anticorrupción y transparencia.
El Congreso también aprobó 513 dictámenes de ley o decreto, dictaminadas en algunas de las tres mil 419 reuniones de comisiones.
“Formamos parte de una Legislatura que quedará registrada en la historia como una de las más productivas de las que se tenga memoria, al aprobar leyes relevantes que dieron un giro sin precedentes en la dinámica de la vida social, jurídica y política de nuestro país”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno.
Tan solo durante los dos primeros años de la Legislatura, los diputados presentaron mil 872 iniciativas, más de mil 210 proposiciones con punto de acuerdo y se expidieron 17 nuevas leyes, algunas de ellas con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.
“El trabajo de aprobación de leyes tuvo buenos resultados tanto en contenido como en procesos, hubo procesos en donde el Legislativo se abrió a la participación ciudadana, el caso del Senado me parece que es muy claro por ejemplo en la elaboración de la Ley de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción”, explicó Guillermo Ávila, investigador de Fundar.
Otras de las reformas aprobadas de mayor relevancia fueron las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia laboral, avaladas el 8 de noviembre de 2012.
Las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas el 13 de diciembre de 2012, en materia de atribuciones de las Secretarías de Estado para crear la súper Secretaría de Gobernación y para desparecer las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública.
Se reformaron los artículos 25 y 26 de la Constitución, en materia de competitividad, el 12 de diciembre de 2012.
Fue creada la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución el 12 de febrero de 2013.
Se reformaron los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia inmunidad de servidores públicos, para acotar el fuero de funcionarios y legisladores, el 5 de marzo de 2013.
Se reformaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, en materia de telecomunicaciones, el 21 de marzo de 2013.
La reforma a la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, pasó por una serie de cambios aprobados el 30 de abril de 2013.
Se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente, el primero de septiembre de 2013.
Fue reformada la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de deuda de los estados, el 29 de octubre de 2013.
Se aprobó la Reforma Fiscal, misma que impactó a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley de los Depósitos en Efectivo, el 31 de octubre de 2013.
También se realizó la reforma a diversos artículos de la Constitución, en materia de energía, la llamada Reforma Energética, el 11 de diciembre de 2013.





News Yucatan


Mexico City, August 22 (HOWEVER) .- The coordinators own MPs Legislature LXII ending on August 30 state that will be remembered as the one that gave Mexico the structural reforms needed for growth. It was also the historical debts left with the public, especially regarding transparency in the use of public resources.
Parliamentary affairs specialists consulted by HOWEVER agreed that the members of the Legislature were to conclude selective in the reforms approved, privileged political agreements over national welfare, financial unexplained gaps opened and generally left more disappointments than successes in the public perception.
"The federal deputies, senators like, other approved significant structural and constitutional reforms. By contrast, also have a clear public debt transparency, "said Maria del Carmen Nava, director of Legislative Vision.
You will also be impregnated into the pages of history, the refusal of the majority of outgoing deputies belonging to the Institutional Revolutionary Party (PRI) and Green Ecologist of Mexico (PVEM) to accompany the investigation of paradigmatic cases like the disappearance of the 43 normalistas in Iguala, Guerrero, the "white house" of the wife of President Enrique Peña Nieto, and federal government contracts with Higa Group, among other government scandals.
Congress held a series of hearings of Secretaries of State to account "the state that holds the nation" but is mainly conducted within the framework of the gloss of the annual reports of government and not necessarily to explain current issues.
So outstanding was the appearance of the Secretary of Finance Luis Videgaray case, to explain the impact of tax reform or the appearance of Interior Minister Miguel Angel Osorio Chong, for the case of normal school.
"There were gaps in the control part of the exercise of executive power," said Guillermo Aviles, researcher in the area of ​​Transparency and Accountability Fundar, Center for Analysis and Information.
"In that sense we should assess whether there was sufficient appearances, for example, the secretaries of state, because he had important junctures in which he had to call the finance minister, the Education, the Social Development, and to know what were the results of their work, "he added. While there was an increase in access to public information available to citizens, it is insufficient to satisfy the interest of the public to know relevant issues, such as the exercise of public spending, the use and allocation of resources budget or conflicts of interest of each legislator.
At the same time, the information available on the websites of Congress is insufficient to meet the demand for information from civil society organizations which in recent years has also increased its participation in surveillance and assessment of legislative work.
"The deputies and senators were selective in who wanted to use cartridges and those who wanted to burn," said Maria del Carmen Nava, of Legislative Vision. But beyond the need to provide useful and timely information, Congress has been negligent in explaining some scandals in which outgoing legislators were involved.
There is the case of Deputy Luis Alberto Villarreal, the National Action Party (PAN), who in his role as parliamentary coordinator was accused of implementing a network of charging fees to change budget allocations, called "Moche", operated from San Lazaro .
Although Villarreal has consistently denied the allegations, no internal or external authority of the House of Representatives has informed whether an investigation has been initiated against the federal deputy or the findings of the investigation.
In another memorable scene, in February 2013, the PAN deputy, Juan Pablo Adame, rose to his Twitter account (JuanPabloAdame) photograph of a Mercedes Benz parked in the Chamber of Deputies whose plate has been replaced by a "tray" with the words "Federal Legislature."
The luxury car was the property of the PRI Congressman Jose Rangel Espinosa, legislator for the State of Mexico and self-declared admirer of President Enrique Peña Nieto.
"I am a representative of the PRI in my district, of the PRI and supporters who voted for me, including the citizen Enrique Peña Nieto because he votes in the district that I represent in Atlacomulco," he said on occasion the PRI deputy, who was baptized by the media as the "Dipucharolas".
Mexico City, August 22 (HOWEVER) .- The coordinators own MPs Legislature LXII ending on August 30 state that will be remembered as the one that gave Mexico the structural reforms needed for growth. It was also the historical debts left with the public, especially regarding transparency in the use of public resources.
Parliamentary affairs specialists consulted by HOWEVER agreed that the members of the Legislature were to conclude selective in the reforms approved, privileged political agreements over national welfare, financial unexplained gaps opened and generally left more disappointments than successes in the public perception.
"The federal deputies, senators like, other approved significant structural and constitutional reforms. By contrast, also have a clear public debt transparency, "said Maria del Carmen Nava, director of Legislative Vision.
You will also be impregnated into the pages of history, the refusal of the majority of outgoing deputies belonging to the Institutional Revolutionary Party (PRI) and Green Ecologist of Mexico (PVEM) to accompany the investigation of paradigmatic cases like the disappearance of the 43 normalistas in Iguala, Guerrero, the "white house" of the wife of President Enrique Peña Nieto, and federal government contracts with Higa Group, among other government scandals.
Congress held a series of hearings of Secretaries of State to account "the state that holds the nation" but is mainly conducted within the framework of the gloss of the annual reports of government and not necessarily to explain current issues.
So outstanding was the appearance of the Secretary of Finance Luis Videgaray case, to explain the impact of tax reform or the appearance of Interior Minister Miguel Angel Osorio Chong, for the case of normal school.
"There were gaps in the control part of the exercise of executive power," said Guillermo Aviles, researcher in the area of ​​Transparency and Accountability Fundar, Center for Analysis and Information.
"In that sense we should assess whether there was sufficient appearances, for example, the secretaries of state, because he had important junctures in which he had to call the finance minister, the Education, the Social Development, and to know what were the results of their work, "he added. While there was an increase in access to public information available to citizens, it is insufficient to satisfy the interest of the public to know relevant issues, such as the exercise of public spending, the use and allocation of resources budget or conflicts of interest of each legislator.
At the same time, the information available on the websites of Congress is insufficient to meet the demand for information from civil society organizations which in recent years has also increased its participation in surveillance and assessment of legislative work.
"The deputies and senators were selective in who wanted to use cartridges and those who wanted to burn," said Maria del Carmen Nava, of Legislative Vision. But beyond the need to provide useful and timely information, Congress has been negligent in explaining some scandals in which outgoing legislators were involved.
There is the case of Deputy Luis Alberto Villarreal, the National Action Party (PAN), who in his role as parliamentary coordinator was accused of implementing a network of charging fees to change budget allocations, called "Moche", operated from San Lazaro .
Although Villarreal has consistently denied the allegations, no internal or external authority of the House of Representatives has informed whether an investigation has been initiated against the federal deputy or the findings of the investigation.
In another memorable scene, in February 2013, the PAN deputy, Juan Pablo Adame, rose to his Twitter account (JuanPabloAdame) photograph of a Mercedes Benz parked in the Chamber of Deputies whose plate has been replaced by a "tray" with the words "Federal Legislature."
The luxury car was the property of the PRI Congressman Jose Rangel Espinosa, legislator for the State of Mexico and self-declared admirer of President Enrique Peña Nieto.
"I am a representative of the PRI in my district, of the PRI and supporters who voted for me, including the citizen Enrique Peña Nieto because he votes in the district that I represent in Atlacomulco," he said on occasion the PRI deputy, who was baptized by the media as the "Dipucharolas".
Nationally it promoted as a legislative achievement approval of the constitutional reform on transparency to provide autonomy to the National Institute for Access to Information and Data Protection (INAI) and its secondary legislation.
However, experts agreed that the Legislature was a duty on transparency.
Although the constitutional reform lawmakers expanded the catalog of obligors or information should cease to be reserved, deputies and senators remained important own padlocks in information opening of its legislative chambers.
In the specific case of the House of Representatives, lawmakers were to owe the signing of the Alliance for Open Parliament, which did sign the Senate last year.
The other debt of the House was its own Transparency and Anti-Corruption Commission, whose president was the PRI Deputy Areli Madrid Tovilla, which was far from meeting the expectations and solve many controversial issues.
As matters turned over history itself, it was sent to the legislative committee for its opinion 51 initiatives, of which 40 were dismissed seven remain pending analysis and only four were approved.
The same in the case of the points of agreement, turned over 49 proposals on transparency and fighting corruption, 46 were discarded and only three were approved.
"I think that in fact there was really actions of this committee chaired by Deputy Areli Madrid," said Maria del Carmen Nava.
REFORMS APPROVED
Backed by Mexico Pact and thanks to the agreements reached by the presidents of the main political parties, the legislature gave good accounts on the adoption of structural reforms.
Thus, Congress approved 29 constitutional and structural reforms, including: reforms in energy, tax, labor, education, telecommunications, competitiveness, electoral policy roots and anticorruption and transparency.
The Congress also approved 513 opinions law or decree, dictated in some of the three thousand 419 committee meetings.
"We are part of a legislature that will be recorded in history as one of the most productive in the living memory by passing relevant laws that gave an unprecedented shift in the dynamics of social, legal and political life of our country" said the president of the Chamber of Deputies, Julio Cesar Moreno PRD.
Only during the first two years of the Legislature, Members presented 872 thousand initiatives, more than 210 thousand propositions point agreement and issued 17 new laws, some of them with the active participation of civil society.
"The work of approving laws had good results both in content and processes, there were processes where the legislature opened to public participation, the case of the Senate I think it's very clear for example in the preparation of the Transparency Law and the National Anticorruption system, "explained Guillermo Avila, a researcher founded.
Another of the most important reforms adopted were the amendments to the Federal Labour Act in the workplace, backed the November 8, 2012.
Amendments to the Organic Law of Federal Public Administration, adopted on December 13, 2012, concerning the powers of Secretaries of State to create the super Ministry of the Interior and to disappear the secretariats of Public Safety and Public Service.
Articles 25 and 26 of the Constitution were amended, in terms of competitiveness, December 12, 2012.
It was created the Law of Amparo, Regulatory of articles 103 and 107 of the Constitution on 12 February 2013.
Articles 61, 111, 112 and 114 of the Constitution, concerning immunity of public servants were amended to limit the jurisdiction of officials and legislators, the March 5, 2013.
Articles 6, 7, 27, 28, 73, 78 and 94 of the Constitution were amended, in telecommunications, the March 21, 2013.
The amendment to the Education Act, on the use and regulation of technologies in the national education system went through a number of approved on April 30, 2013 changes.
General Teaching Professional Service Act, the first of September 2013 was created.
It was reformed the Law of Fiscal Coordination and the General Government Accounting Act, on state debt, the October 29, 2013.
Tax reform that impacted the same Act Value Added Tax, the Law on Special Tax on Production and Services, of the Federal Law, the Law on Income Tax and repealed the Business Tax Law was passed Flat Tax and the Law on Cash Deposits, on October 31, 2013.
Reform various articles of the Constitution was also performed, on energy, called Energy Reform, the December 11, 2013.
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