Noticias de Yucatán
Milenio
Del 26 de septiembre de 2014 al 26 de septiembre del 2015, una buena parte del hilo narrativo del país tuvo que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La imagen internacional del país se oscureció. La credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto se puso en entredicho. Su popularidad cayó hasta niveles muy bajos. Las principales fuerzas políticas del país, hicieron un silencio vergonzoso frente a un tema que desde un principio, requería ser tratado como un problema de Estado.
En el inter, se desató en la opinión pública nacional e internacional una batalla que aún no termina, la batalla por construir una versión de los hechos. Se han escrito miles de hojas. Se han vertido opiniones en todo sentido. Se han realizado entrevistas, recuentos. Se le han buscado todos los ángulos posibles a la tragedia y para una buena parte de la población, aún hay incertidumbre.
Están los que no creen en la Procuraduría General de la República. La institución que hace poco, fue evidenciada a través de un video, sembrando un arma en el automóvil de un abogado que tiene un litigio contra una empresa, para variar, ligada a intereses del Presidente de la República y de su secretario de Comunicaciones y Transportes. Y están los que, a pesar de estas cosas, respaldan las investigaciones de la PGR, y descalifican el reporte del grupo interdisciplinario, que cuestionó “la verdad histórica” de Murillo Karam.
A casi un año del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, el gobierno federal sigue atrapado y contra la pared. Con baja credibilidad, con una serie de frentes abiertos que van de lo económico, a la fuga del Chapo y a los recortes presupuestales, no se ve por dónde puedan darle carpetazo al asunto.
El activismo de los padres y de los grupos radicales que los respaldan, continuará a lo largo del sexenio, mientras los padres sigan teniendo la esperanza de encontrar a sus hijos.
Lo cierto es que, en este punto, al parecer, lo que unos y otros llaman, la verdad, ya no cuenta. Estamos ante un escenario donde todos pierden. No hay fe, ni esperanza que alcance para regresar a los muchachos; por otra parte, el gobierno federal agotó su capacidad de aportar evidencias convincentes, le queda lidiar políticamente con un grupo que no entenderá razones. Le queda, pagar los platos rotos por no haber tenido una reacción decidida cuando debió tenerla. Le queda aún explicar qué pasa con la heroína que se produce en esa zona y a los normalistas, explicar su relación con el grupo delictivo, los rojos.
MÉXICO (AP) — Miles de personas participaron este sábado en marchas y protestas en distintos puntos del país para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes rurales y cuyo destino todavía se desconoce.
Padres y familiares de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa encabezaron los actos centrales en Ciudad de México, una manifestación que partió a mediodía de la Presidencia de la República, y en la que decenas de miles de personas volvieron a exigir al gobierno federal que se haga justicia en un caso que conmocionó dentro y fuera del país y fue el más duro ejemplo de la colusión entre autoridades y la delincuencia organizada.
“Sigue prendida la llama de la indignación, del coraje de los padres”, dijo en el zócalo la primera madre que tomó la palabra y que se identificó solamente como Carmelita. “Una vez más le demostramos (al gobierno) que el pueblo de México no nos ha dejado solos”.
Pese a la lluvia que caía sobre la capital y después de meses de manifestaciones minoritarias, los mexicanos volvieron a lanzarse masivamente a las calles el sábado.
“Es importante que todos estemos aquí para decir que estamos indignados, que queremos un cambio, acceso a la justicia y cero violaciones a los derechos humanos”, declaró Mariana Cervantes, una psicóloga embarazada y que fue acompañada de su hijo de siete años.
Las banderas de México en blanco y negro se mezclaban con las fotografías de los desaparecidos, los reclamos de justicia y el número 43, ya sinónimo de la tragedia.
A mitad del recorrido, un grupo de niños que sostenían una gran pancarta con dibujos de los estudiantes desaparecidos y globos coreaban al paso de la marcha consignas como “Ayotzi, aguanta, los niños se levantan”.
“Ayer fueron sus hijos, mañana, Dios no lo quiera, pueden ser los míos, o mis nietos”, señaló Socorro Rodríguez, un ama de casa de la capital. “Los padres de los desaparecidos deben saber que no están solos”.
María Guadalupe Vivencio, una mujer del norteño estado de Tamaulipas cuya falda era una bandera de México ensangrentada, decía entender bien el dolor porque tres de sus familiares han muerto por la violencia. Pero aseguró que apoyar a los padres de Ayotzinapa es importante.
“Esto es un ejemplo para que los demás mexicanos despierten y no callen”, subrayó.
En Guerrero también hubo protestas y miles marcharon por la autopista que conecta el estado con Ciudad de México sin que se registraran disturbios.
El 26 de septiembre de 2014, policías coludidos con la delincuencia organizada atacaron a los estudiantes que habían llegado a la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a tomar unos autobuses para participar en una manifestación.
Según un grupo de expertos internacionales, el ataque contra los estudiantes fue desproporcionado y coordinado, mientras fuerzas federales monitorearon los sucesos sin prestar ninguna ayuda a las víctimas. El grupo dijo que se violaron los derechos humanos de 180 personas, entre las cuales hubo seis asesinados y 43 estudiantes desparecidos.
Organizaciones de todo tipo, desde Naciones Unidas a la Iglesia Católica, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y senadores estadounidenses, hicieron pública su preocupación por la falta de avances en la investigación y solicitaron al gobierno mexicano —con más o menos contundencia— que esclarezca el caso, máxime después de que el informe de los expertos internacionales echó por tierra la versión oficial de los hechos, que aseguraba que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero.
En un encuentro con los padres esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto prometió crear una fiscalía especializada para investigar los más de 25.000 desaparecidos que hay en México, algunas de cuyas familias se atrevieron a denunciar después del caso de los 43.
Sin embargo, los padres de los estudiantes siguen escépticos ante el gobierno y las consignas contra el presidente volvieron a escucharse.
“Si ellos le apuestan al cansancio, están perdidos”, aseguró Mario César González, padre de otro de los estudiantes y quien insistió en que su lucha continuará todavía tienen esperanzas de encontrarlos con vida.
Otros movimientos, como cuando se organizaron diversas caravanas por la paz en 2011, tuvieron gran apoyo pero luego quedaron en el olvido.
“Hay que protestar”, dijo Francisco de la Isla, un profesor universitario que participó en la marcha. “Pero puras marchas no son suficientes. Se necesita un movimiento político”.
Milenio
Del 26 de septiembre de 2014 al 26 de septiembre del 2015, una buena parte del hilo narrativo del país tuvo que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La imagen internacional del país se oscureció. La credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto se puso en entredicho. Su popularidad cayó hasta niveles muy bajos. Las principales fuerzas políticas del país, hicieron un silencio vergonzoso frente a un tema que desde un principio, requería ser tratado como un problema de Estado.
En el inter, se desató en la opinión pública nacional e internacional una batalla que aún no termina, la batalla por construir una versión de los hechos. Se han escrito miles de hojas. Se han vertido opiniones en todo sentido. Se han realizado entrevistas, recuentos. Se le han buscado todos los ángulos posibles a la tragedia y para una buena parte de la población, aún hay incertidumbre.
Están los que no creen en la Procuraduría General de la República. La institución que hace poco, fue evidenciada a través de un video, sembrando un arma en el automóvil de un abogado que tiene un litigio contra una empresa, para variar, ligada a intereses del Presidente de la República y de su secretario de Comunicaciones y Transportes. Y están los que, a pesar de estas cosas, respaldan las investigaciones de la PGR, y descalifican el reporte del grupo interdisciplinario, que cuestionó “la verdad histórica” de Murillo Karam.
A casi un año del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, el gobierno federal sigue atrapado y contra la pared. Con baja credibilidad, con una serie de frentes abiertos que van de lo económico, a la fuga del Chapo y a los recortes presupuestales, no se ve por dónde puedan darle carpetazo al asunto.
El activismo de los padres y de los grupos radicales que los respaldan, continuará a lo largo del sexenio, mientras los padres sigan teniendo la esperanza de encontrar a sus hijos.
Lo cierto es que, en este punto, al parecer, lo que unos y otros llaman, la verdad, ya no cuenta. Estamos ante un escenario donde todos pierden. No hay fe, ni esperanza que alcance para regresar a los muchachos; por otra parte, el gobierno federal agotó su capacidad de aportar evidencias convincentes, le queda lidiar políticamente con un grupo que no entenderá razones. Le queda, pagar los platos rotos por no haber tenido una reacción decidida cuando debió tenerla. Le queda aún explicar qué pasa con la heroína que se produce en esa zona y a los normalistas, explicar su relación con el grupo delictivo, los rojos.
Padres y familiares de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa encabezaron los actos centrales en Ciudad de México, una manifestación que partió a mediodía de la Presidencia de la República, y en la que decenas de miles de personas volvieron a exigir al gobierno federal que se haga justicia en un caso que conmocionó dentro y fuera del país y fue el más duro ejemplo de la colusión entre autoridades y la delincuencia organizada.
“Sigue prendida la llama de la indignación, del coraje de los padres”, dijo en el zócalo la primera madre que tomó la palabra y que se identificó solamente como Carmelita. “Una vez más le demostramos (al gobierno) que el pueblo de México no nos ha dejado solos”.
Pese a la lluvia que caía sobre la capital y después de meses de manifestaciones minoritarias, los mexicanos volvieron a lanzarse masivamente a las calles el sábado.
“Es importante que todos estemos aquí para decir que estamos indignados, que queremos un cambio, acceso a la justicia y cero violaciones a los derechos humanos”, declaró Mariana Cervantes, una psicóloga embarazada y que fue acompañada de su hijo de siete años.
Las banderas de México en blanco y negro se mezclaban con las fotografías de los desaparecidos, los reclamos de justicia y el número 43, ya sinónimo de la tragedia.
A mitad del recorrido, un grupo de niños que sostenían una gran pancarta con dibujos de los estudiantes desaparecidos y globos coreaban al paso de la marcha consignas como “Ayotzi, aguanta, los niños se levantan”.
“Ayer fueron sus hijos, mañana, Dios no lo quiera, pueden ser los míos, o mis nietos”, señaló Socorro Rodríguez, un ama de casa de la capital. “Los padres de los desaparecidos deben saber que no están solos”.
María Guadalupe Vivencio, una mujer del norteño estado de Tamaulipas cuya falda era una bandera de México ensangrentada, decía entender bien el dolor porque tres de sus familiares han muerto por la violencia. Pero aseguró que apoyar a los padres de Ayotzinapa es importante.
“Esto es un ejemplo para que los demás mexicanos despierten y no callen”, subrayó.
En Guerrero también hubo protestas y miles marcharon por la autopista que conecta el estado con Ciudad de México sin que se registraran disturbios.
El 26 de septiembre de 2014, policías coludidos con la delincuencia organizada atacaron a los estudiantes que habían llegado a la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a tomar unos autobuses para participar en una manifestación.
Según un grupo de expertos internacionales, el ataque contra los estudiantes fue desproporcionado y coordinado, mientras fuerzas federales monitorearon los sucesos sin prestar ninguna ayuda a las víctimas. El grupo dijo que se violaron los derechos humanos de 180 personas, entre las cuales hubo seis asesinados y 43 estudiantes desparecidos.
Organizaciones de todo tipo, desde Naciones Unidas a la Iglesia Católica, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y senadores estadounidenses, hicieron pública su preocupación por la falta de avances en la investigación y solicitaron al gobierno mexicano —con más o menos contundencia— que esclarezca el caso, máxime después de que el informe de los expertos internacionales echó por tierra la versión oficial de los hechos, que aseguraba que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero.
En un encuentro con los padres esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto prometió crear una fiscalía especializada para investigar los más de 25.000 desaparecidos que hay en México, algunas de cuyas familias se atrevieron a denunciar después del caso de los 43.
Sin embargo, los padres de los estudiantes siguen escépticos ante el gobierno y las consignas contra el presidente volvieron a escucharse.
“Si ellos le apuestan al cansancio, están perdidos”, aseguró Mario César González, padre de otro de los estudiantes y quien insistió en que su lucha continuará todavía tienen esperanzas de encontrarlos con vida.
Otros movimientos, como cuando se organizaron diversas caravanas por la paz en 2011, tuvieron gran apoyo pero luego quedaron en el olvido.
“Hay que protestar”, dijo Francisco de la Isla, un profesor universitario que participó en la marcha. “Pero puras marchas no son suficientes. Se necesita un movimiento político”.
