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Desde 2011, el gobierno ha aplazado varias recomendaciones para prevenir este delito, aunque han existido avances legislativos en la materia
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó este martes los pocos avances que ha tenido México en la implementación de medidas para combatir este delito.
En el documento, que da cuenta del seguimiento que ha dado el país a las recomendaciones que emitió el grupo de la ONU luego de su visita de exploración en marzo de 2011, se destacan los "pocos avances en la implementación" de las medidas sugeridas por el órgano internacional "para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada".
"Especialmente preocupante resulta constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas", aseguró el texto, difundido este martes.
La ONU destacó que falta reconocimiento del gobierno sobre la profundidad del problema, por lo que no se han podido desarrollar medidas integrales para prevenirlo.
"El Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel".
En febrero pasado, el entonces secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, consideró que hubo inexactitudes en el reporte que realizó el comité de la ONU sobre este delito; añadió que la revisión del informe que entregó México al organismo, en respuesta al reporte, no fue exhaustiva.
Un mes después la SRE tuvo otro desencuentro con el organismo, ahora por el delito de tortura: un funcionario de la Cancillería consideró "poco éticos" los comentarios de un relator de la ONU, Juan Méndez, quien había afirmado que "hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, así como de las Fuerzas Armadas" en los casos de tortura en el país.
Meade Kuribreña hizo público su apoyo al funcionario de Relaciones Exteriores.
Caso Ayotzinapa
En el informe, los expertos de la ONU se refirieron al caso Ayotzinapa como una consecuencia de la "falta de reconocimiento cabal" del problema. La situación se recrudeció con el descubrimiento de fosas clandestinas en el país.
"En la mayor parte del territorio las medidas implementadas (en materia de desapariciones forzadas o involuntarias de personas) son notoriamente insuficientes, particularmente para la búsqueda y localización de personas cuyo paradero se desconoce a consecuencia de la comisión de un delito", señaló el informe, que retomó datos tanto de organismos gubernamentales como de organizaciones civiles.
Los expertos reconocieron que han existido algunos progresos en la materia, como la creación del acuerdo que permitió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar una investigación sobre el caso Ayotzinapa y la reforma al Código de Justicia Militar.
No obstante, lamentó que este último todavía autorice la intervención del fuero militar.
El grupo de trabajo saludó algunas medidas tomadas por el gobierno mexicano, como la aprobación de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el acuerdo para constituir un mecanismo de búsqueda para localizar a inmigrantes desaparecidos.
