Noticias de Yucatán
La decisión del gobierno de comprometer parte de los recursos federales futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para gastarlos anticipadamente en infraestructura educativa, mediante la emisión de bonos bursátiles, es “definitivamente una deuda”, afirma la Dra. Alma Maldonado Maldonado, especialista en el tema y miembro del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, entrevistada en la ciudad de México.
“Decir lo contrario es engañoso: todos los instrumentos de ese tipo son deuda y negarlo es sólo un malabarismo para esconder la realidad”, añade.
El Congreso, según publicamos ayer, aprobó el decreto que autoriza al gobierno del Estado a afectar parte de los recursos federales que recibe a través del FAM, para participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (PMIE), que implica a su vez la emisión de “certificados de infraestructura educativa” en la bolsa de valores, con una vigencia de 25 años.
El diputado federal yucateco por Morena, Rogerio Castro Vázquez, dijo, también ayer, que esa medida “no es más que un aumento de la deuda pública”, aunque el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, lo desmintió. No sería otra deuda, como algunas organizaciones políticas dicen para crear confusión. “En todo caso”, precisó, sería ejercer “por adelantado recursos que le corresponden a Yucatán”.
El funcionario declaró que aún no es un hecho que el gobierno entre a ese programa. “Lo que se hizo con la iniciativa aprobada es abrir esa posibilidad”.
Empero, el propio secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en su visita a Yucatán el lunes, dio por un hecho que el Estado entraría al PMIE, al decir, según un boletín oficial, que gracias a los Certificados de Infraestructura Escolar, la entidad ejercerá en los próximos tres años más de mil millones de pesos, adicionales al presupuesto que envíe la Federación para fortalecer la infraestructura de todas las escuelas locales de nivel básico.
Maldonado Maldonado, con estudios de doctorado en Educación en el Boston College y de postdoctorado en la Universidad de Oxford, recuerda que Nuño Mayer, en su comparecencia en el Senado para explicar el asunto de los Certificados, negó rotundamente que se trate de instrumentos de deuda, sino de “traer recursos del futuro al presente. En lugar de tardarnos 20 años en gastarlos, lo hacemos en tres”, dijo.
Especie de hipoteca
Pero esta idea, explica la Dra. Maldonado, “nos remite a una especie de hipoteca, donde se adelanta un capital que luego se irá pagando. No llamarlo deuda se antoja imposible por más que el dinero venga de un fondo seguro”.
De acuerdo con la investigadora, el mecanismo para “traer esos recursos del futuro son los Certificados de Infraestructura, que se lanzarán por medio de la bolsa y cuya fuente de pago será el FAM, que se reparte entre las entidades federativas”.
—Pero aunque estos certificados sean prioritarios para la SEP, persisten muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué tasas de interés pagarán?, ¿qué activos quedarán afectos al fideicomiso?, ¿se tendrá algún régimen fiscal preferente en la compra de estos certificados?, etc.
La decisión del gobierno de comprometer parte de los recursos federales futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para gastarlos anticipadamente en infraestructura educativa, mediante la emisión de bonos bursátiles, es “definitivamente una deuda”, afirma la Dra. Alma Maldonado Maldonado, especialista en el tema y miembro del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, entrevistada en la ciudad de México.
“Decir lo contrario es engañoso: todos los instrumentos de ese tipo son deuda y negarlo es sólo un malabarismo para esconder la realidad”, añade.
El Congreso, según publicamos ayer, aprobó el decreto que autoriza al gobierno del Estado a afectar parte de los recursos federales que recibe a través del FAM, para participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (PMIE), que implica a su vez la emisión de “certificados de infraestructura educativa” en la bolsa de valores, con una vigencia de 25 años.
El diputado federal yucateco por Morena, Rogerio Castro Vázquez, dijo, también ayer, que esa medida “no es más que un aumento de la deuda pública”, aunque el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, lo desmintió. No sería otra deuda, como algunas organizaciones políticas dicen para crear confusión. “En todo caso”, precisó, sería ejercer “por adelantado recursos que le corresponden a Yucatán”.
El funcionario declaró que aún no es un hecho que el gobierno entre a ese programa. “Lo que se hizo con la iniciativa aprobada es abrir esa posibilidad”.
Empero, el propio secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en su visita a Yucatán el lunes, dio por un hecho que el Estado entraría al PMIE, al decir, según un boletín oficial, que gracias a los Certificados de Infraestructura Escolar, la entidad ejercerá en los próximos tres años más de mil millones de pesos, adicionales al presupuesto que envíe la Federación para fortalecer la infraestructura de todas las escuelas locales de nivel básico.
Maldonado Maldonado, con estudios de doctorado en Educación en el Boston College y de postdoctorado en la Universidad de Oxford, recuerda que Nuño Mayer, en su comparecencia en el Senado para explicar el asunto de los Certificados, negó rotundamente que se trate de instrumentos de deuda, sino de “traer recursos del futuro al presente. En lugar de tardarnos 20 años en gastarlos, lo hacemos en tres”, dijo.
Especie de hipoteca
Pero esta idea, explica la Dra. Maldonado, “nos remite a una especie de hipoteca, donde se adelanta un capital que luego se irá pagando. No llamarlo deuda se antoja imposible por más que el dinero venga de un fondo seguro”.
De acuerdo con la investigadora, el mecanismo para “traer esos recursos del futuro son los Certificados de Infraestructura, que se lanzarán por medio de la bolsa y cuya fuente de pago será el FAM, que se reparte entre las entidades federativas”.
—Pero aunque estos certificados sean prioritarios para la SEP, persisten muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué tasas de interés pagarán?, ¿qué activos quedarán afectos al fideicomiso?, ¿se tendrá algún régimen fiscal preferente en la compra de estos certificados?, etc.
