Dicho grupo denuncia además irregularidades en la edificación, desde “cambios de uso de suelo, la falta de aprovechamiento y la reubicación apropiada de vida silvestre (muchas de las especies eran endémicas) y la violación al derecho humano a un ambiente sano”.
Consultada al respecto, Alejandra Serrano, la coordinadora de la oficina del sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), confirmó que “este tipo de manglar estaba protegido por la normatividad mexicana antes del 2005, año en que el proyecto fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur”.
También que el manglar estaba protegido por un amparo con base en las Normas Oficiales 059 y 022, que prohíbe “toda obra o actividad que altere el intercambio de agua de los humedales”.
“La correcta aplicación de dichos instrumentos jurídicos habría hecho prácticamente imposible la autorización que el 28 de julio de 2005 otorgó la Semarnat para la realización del proyecto conocido como “Malecón Tajamar”, en los términos en que fue planteado por el Fonatur”, sostuvo la propia Serrano [El Universal, enero 28, 2016].
Desde FONATUR, no obstante, Manuel Mercado, su director jurídico, aseguró que la tala del manglar “cuenta con los permisos correspondientes y está bajo el estricto apego a la legislación”.
Esto fue respaldado por Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al afirmar que “los propietarios de las más de 49 hectáreas que comprenden los locales en Tajamar cuentan con una autorización de construcción legal y en curso, que tienen que ser respetadas por el gobierno federal” [Animal Político, enero 26, 2016].
Otra voz de peso en el conflicto es Greenpeace México, que condenó la destrucción del manglar, exigiendo a las autoridades federales y estatales detener estas obras que “atentan contra el ecosistema”, pues “con el proyecto depredador de Fonatur no solo se le ha dado un golpe duro al manglar mexicano, también a muchas plantas y animales que dependen de él, a México, su riqueza natural y a la sociedad”.
En redes sociales, el senador yucateco Daniel Ávila Ruiz se pronunció por “no reducir el conflicto social a legalismos, tramitología o intereses corporativos”, y exigió “un diagnóstico exhaustivo y preciso sobre su impacto ambiental y social, y sus implicaciones en el derecho humano a un ambiente saludable”.
También alertó que “cuando la Semarnat y Fonatur defienden la supuesta legalidad de la obra, precisando que ‘los permisos que permiten llevar a cabo estas acciones fueron otorgados a Fonatur en 2005, y tienen vigencia hasta el 8 de febrero de 2016’, no hacen sino eludir la responsabilidad del gobierno federal sobre la calidad de vida de las personas y sus comunidades”.
Finalmente, se comprometió a dar “seguimiento personal a esto, persiguiendo que se resuelva conforme a derecho y el bien común. Si esto representa un ecocidio, debemos detenerlo. Si no, el gobierno y los capitales implicados deben demostrarlo con exhaustividad y transparencia, tomando en cuenta, en todo momento, a los y las ciudadanas”.
Foto: facebook.com/salvemosmanglartajamar
