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Cientos de ejidatarios de Motul han acumulado quejas contra el ex comisario municipal Juan Itzá Balam desde 2014, sin que la Delegación de la Procuraduría Agraria de Yucatán, que recién dirigía Omar Corzo Olán, sobre quien pesan acusaciones de corrupción, hayan dejado que se “mueva” algún expediente sobre los presuntos despojos.
Julio Balam, representante de los afectados, junto con una comisión de afectados, señala que es hasta esta recién iniciada administración que se empiezan a mover las cosas. Anteayer se realizó una reunión con representantes del Tribunal Agrario del Distrito 34 de Mérida, donde durante más de cuatro horas una comisión de 20 ejidatarios también manifestaron sus exigencias para que les sean devueltas sus más de mil 200 hectáreas.
Este problema es añejo, y los intereses de los nuevos van de la mano con la construcción de un parque eólico en esas tierras, refieren pobladores de este lugar; pero lo más indignante para los ejidatarios de este municipio fue la manera de obtener los terrenos, ya que se contrató a más de 50 prestanombres, para obtener estas tierras que tienen un costo aproximado de 22 millones de pesos.
Promotores del desfalco
Uno de los señalados como beneficiario directo de este despojo de tierras es el hermanito de Itzá Balam, Horacio: “lo que queremos con esta audiencia es que nos entreguen nuestras tierras para poder trabajar; esas tierras nos las quitó Juan Itzá Balam, quien era comisario y él puso como testaferro a Honorio Itzá, quien es su hermanito. Aquí venimos a exigir un derecho”, refirió Fernando Carrillo Pech, denunciante.
Tras la audiencia realizada en las oficinas agrarias de la colonia Alcalá Martín, Balam Escamilla señaló: “hasta ahorita no se define nada, al parecer como se están dando las cosas pareciera que están a favor de nosotros. A los prestanombres se les está dictando sentencia en contra”, esto luego de que uno de los llamados a declarar afirmara que desconocía el problema con el ex comisario y de carecer de abogado, por lo que se dio una prórroga hasta marzo, específicamente en este caso; las otras demandas siguen en curso.
De igual forma, refirió que los ejidatarios consideran de ilegal la asamblea realizada hace cuatro años, debido a la falta de firmas de los propietarios de las tierras, “fue una asamblea fraudulenta, había cerca de 250 firmas, pero se necesitaban alrededor de 700, por lo que no tiene sustento, no está conforme a la ley”. Durante la audiencia, también se contó con la presencia del nuevo comisario de Motul, Jorge Alonso, quien se encuentra en ‘pie de lucha’ con sus compañeros ejidales.
Intereses empresariales
Además, en 2017, los ejidatarios de Motul denunciaron a la opinión pública que habían sido engañados por empresarios y su ex comisario Juan Itzá Balam para obtener tierras en el municipio y comisarias cercanas: “en un frente unido el comisariado ejidal de Motul, comisarías y municipios colindantes nos oponemos a la realización los proyectos ‘Central Eoloeléctrica Chacabal I’ y ‘Central Eoloeléctrica Chacabal II’, porque los contratos de arrendamiento de la empresa de capital extranjero Aldesa Energías Renovables de México, S.A. de C.V., no son transparentes y a todas luces constituyen un despojo de las tierras ejidales mediante contratos amañados que representan un robo del patrimonio de cientos de familias de los poblaciones de Motul, Cansahcab, Sinanché, Suma, Yobaín, Cancabal, Cancanche, Uci, Tanya y Chacabal, entre otros”, explica la misiva firmada por los comisarios ejidales de estos lugares el pasado 2 de octubre del años pasado. Asimismo, explicaban que, mediante intimidación y engaños, dicha empresa, en colaboración de autoridades agrarias obtuvieron arrendamientos por 30 años, con prórroga de otros 30, miles de hectáreas en las mencionadas comisarías y municipios.
Se detuvo la edificación de los complejos, pero las tierras no han sido devueltas.
Despojos en la zona
Otra de las comisarías que han tenido este problema es la de Sinanché, donde una empresa obtuvo el arrendamiento, primero de mil 87 hectáreas, y luego de otras 857 por 30 años, con prórroga de otros 30 años, y por las cuales pagará 95 pesos al mes por hectárea, por lo que el comisariado ya interpuso una demanda de nulidad, como en el caso de Motul, del contrato, el cual se obtuvo sin contar con la mayoría mínima de los 423 ejidatarios de dicha comunidad.
En el municipio de Tetiz algo similar pasa desde 2013, expuso el presidente de vigilancia de la nueva directiva del ejido del lugar, Manuel Aké Puc, quien también tiene controversias interpuestas y donde hay 427 afectados y siguen en disputa por cerca de mil 962 hectáreas; la problemática sigue y ha derivado en que la mitad de los ejidatarios quieran de vuelta sus tierras y otros quieran vender.
Especulación en Chablekal
A escasos minutos de Mérida, en Chablekal, los reportes de engaños a ejidatarios también se han dado y en días pasados, mediante una carta abierta a la opinión pública, pobladores explicaban que por la cercanía de su fiesta patronal un empresario pagó a ejidatarios aprovechándose del momento de asueto del lugar: “alertamos y denunciamos, quienes integramos la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal, al enterarnos de que Carlos Abraham Maffud, uno de los principales compradores y especuladores de tierras en esta zona, ha ‘negociado’ tierras aquí y está a punto de pagarlas a precios muy por debajo de lo real”.
También esta agrupación ha explicado que tiene conocimiento de las intenciones de empresarios y autoridades ejidales de apropiarse de una extensión de 286 hectáreas, las cuales conforman parte del polígono de la zona conocida como Misne Balam y que pertenece a esta agrupación, puntualizaron.
La Verdad Noticias
