A unos días de que el Congreso del estado aborde la iniciativa para reformar el Código de Familia y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, activistas y académicos yucatecos recalcaron que el Legislativo está obligado a analizar y aprobar esa propuesta.
La coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal A.C. (UNASSE), Amelia Ojeda Sosa, negó que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haya declarado incompetente para ordenar al Congreso del Estado legislar sobre los matrimonios igualitarios, afecte el análisis que se llevará a cabo de la mencionada propuesta en el Legislativo local.
Sosa Ojeda recordó que en mayo del 2014 las asociaciones Indignación, Oasis San Juan de Dios y Unasse presentaron ante un Tribunal Constitucional del Poder Judicial una demanda por omisión legislativa contra el Congreso del estado, señalando que la ley estatal era discriminatoria debido a que únicamente protegía a un tipo de familia: la conformada por un hombre y una mujer.
Aunque el proyecto de sentencia se veía favorable en un principio, siete de los 11 magistrados votaron en contra y el Tribunal determinó que “se sobreseía la demanda porque no era la vía” y que no había una omisión legislativa. Por ello, los activistas interpusieron un amparo, mismo que fue desechado. “El Poder Judicial local y federal a través de la SCJN determinaron que no podían pedirle al Congreso que legisle, no que no estuviera obligado a legislar”.
A su vez, la abogada recalcó que el Congreso tiene que abordar la iniciativa del matrimonio igualitario, ya que en Yucatán fue aprobada la ley “anti congeladora”, es decir, el propio reglamento interno del Legislativo lo obliga a revisar todas las iniciativas que se presentan y a dictaminarlas.
Señaló que el Congreso debe aprobar la propuesta para permitir el matrimonio igualitario en el estado, ya que desde el 2013 la Constitución local fue adecuada a la Federal, y por lo tanto, contiene el mismo principio de igualdad y no discriminación.
“Es una obligación que deben cumplir todas las autoridades y los tres poderes del estado: garantizar el ejercicio de derechos eliminando obstáculos en la ley o creando normas que permitan el acceso a los derechos en el caso del Poder Legislativo. El Congreso por mandato constitucional federal y local está obligado a eliminar el obstáculo discriminatorio”, sostuvo.
El académico y especialista en temas de derechos humanos, Armando Rivas Lugo, explicó que de acuerdo a la agenda legislativa local, el Congreso debe cumplir con las observaciones que emitan organismos públicos y no gubernamentales nacionales e internacionales, así como la SCJN.
Detalló que en el 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todas las entidades del país, con el fin de que adecuen sus ordenamientos y permitan el acceso al matrimonio a todas las personas en condiciones que impidan cualquier tipo de discriminación.
De igual forma, la SCJN declaró por medio de una jurisprudencia que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el matrimonio igualitario debe ser permitido en todos los países del continente.
No se detendrán
Ojeda Sosa comentó que si los legisladores emiten un dictamen negativo de la iniciativa, deberán argumentar y fundamentar sus razones y en ese caso, las activistas recurrirán a los recursos que sean necesarios para apelar el dictamen.
Finalmente, expresó su desconcierto ante el hecho de que los diputados y diputadas hagan eco de la resolución de la SCJN, ya que no afecta el análisis de la iniciativa de reforma del Código de Familia. “No veo dónde está la confusión, lo que sí veo es una gran ignorancia por parte de quienes tienen la tarea de legislar”, puntualizó.
La Jornada Maya
