En nuestro país, las sociedades científicas han jugado un papel determinante en la difusión del conocimiento científico así como en la identificación y formación de talentos en áreas científicas, humanísticas y tecnológicas, siempre en alianza con el sector educativo, en beneficio de numerosas generaciones de mexicanos. Estas actividades han incidido en la profesionalización de la actividad científica así como en el desarrollo de vocaciones de un gran número de jóvenes en el país. Muchas de estas sociedades cuentan con una larga experiencia y tradición, en algunos casos de más de 70 años, que les ha permitido afinar los mecanismos no sólo para difundir el conocimiento generado, a través de la publicación de revistas especializadas o de la organización de diferentes tipos de eventos, sino que sirven para aglutinar a los profesionales de distintas áreas, así como a entusiastas de ese quehacer y, que en conjunto, constituyen un capital humano con una enorme capacidad de transformación para la sociedad en general. Si bien las sociedades científicas son en su mayoría asociaciones civiles, es importante resaltar que lo son sin fines de lucro. Los miembros que conforman sus mesas directivas invierten tiempo y entusiasmo sin percibir salarios y son electos por mecanismos democráticos y transparentes entre los miembros de estas sociedades para períodos cortos, lo que previene que la influencia de un individuo o un grupo predomine en la toma de decisiones.
No obstante que las sociedades científicas tienen como su principal fuerza motriz la conciencia de difundir la importancia del quehacer científico, la redacción de la propuesta de ley del CONAHCyT no hace referencia a éstas y, mucho menos, parece reconocer la importante aportación que tales sociedades han jugado en el desarrollo científico nacional. Un ejemplo del peligro que entraña esta falta de reconocimiento es la reciente convocatoria para el financiamiento de la organización de reuniones científicas a la cual, las sociedades científicas no tuvieron acceso, precisamente por su carácter jurídico de asociaciones civiles y no de entidades académicas. Para poder acceder a estos fondos, la convocatoria establecía que los responsables hicieran la solicitud a través de entidades académicas. Si bien la mayoría de los miembros de las mesas directivas de las sociedades científicas son también profesionales adscritos a centros de educación o de investigación y podrían haber participado en esta convocatoria a través de sus instituciones de adscripción, haberlo hecho implicaba, en muchos casos, sobrecargar la estructura administrativa de estos centros con la administración de fondos que no estaban destinados a las prioridades de esas instituciones. En la práctica, esto impidió que las sociedades científicas pudieran concursar por esos fondos que son medulares a su quehacer. Lo mismo ha sucedido para acceder a fondos para la organización de eventos tan importantes, como los concursos nacionales en distintas áreas de la ciencia, los que a lo largo de los años han mostrado tener una gran relevancia para identificar y motivar a los jóvenes talentos que el día de mañana se convertirán en líderes en sus áreas y por consiguiente en agentes transformadores de la sociedad.
En países desarrollados los estados reconocen el papel fundamental que las sociedades científicas juegan en el establecimiento de políticas científicas. Estas sociedades son consultadas de manera sistemática para ayudar a conformar cuerpos colegiados de especialistas que identifican áreas de oportunidad y de este modo canalizar recursos de manera más eficiente. Sociedades científicas tan emblemáticas como La Sociedad Americana de Física en Estados Unidos de América o La Sociedad Real en Inglaterra obtienen la mayor parte de su financiamiento a través de la comercialización de las revistas científicas que producen, la organización de eventos y las cuotas que cubren sus miembros afiliados, pero de ningún modo son excluidas del acceso a fondos estatales por el hecho de no ser entidades legalmente definidas como académicas si no más bien asociaciones civiles. En México, las sociedades científicas llevan a cabo esfuerzos semejantes para allegarse de fondos y poder así cumplir con los programas para la difusión del conocimiento científico, papel que ha sido históricamente poco atendido por el estado mexicano. El reconocimiento a esta importante labor en la propuesta de ley de Ciencia, Tecnología e Innovación puede redundar en un mejor diseño del sistema científico nacional y propiciar un equilibrio armónico para que el quehacer científico se traduzca de manera más eficiente en beneficios para la sociedad. El no hacerlo pone en riesgo la continuidad de programas que posicionan en general a la ciencia nacional y en particular a la juventud mexicana en la arena internacional con la consecuente pérdida de un gran esfuerzo que abarca varias generaciones de talentosos científicos que han empeñado su vida para el desarrollo de la ciencia nacional.
Dr. Alejandro Ayala
Director de la Revista Mexicana de Física,
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III,
Investigador Titular C del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
