(1)La propuesta del alza de impuestos y derechos y el aumento de la deuda pública a $3,000 millones el próximo año, que contiene el paquete fiscal del gobierno del Estado, generaron ayer reacciones en dos agrupaciones de expertos en economía y finanzas.
El presidente del Colegio de Profesionales en Economía, Alvaro Cano Escalante, advirtió que el nuevo préstamo -con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- generará un sobrepeso en las finanzas públicas y ejercerá mayor presión en el riesgo crediticio del Estado.
"Las finanzas no alcanzan para sostener el enorme gasto corriente, que se ha convertido en 'un barril sin fondo'".
López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Yucatán, se pronunció contra el alza de impuestos, que afectan a la planta productiva: "Lo que hay que hacer es ampliar la base de contribuyentes, en vez de atornillar a los mismos de siempre".- FéLIX UCáN Salazar
millones se destinarán para los sectores de educación y salud.
millones serán para los rubros de legalidad, seguridad y desarrollo político.
millones serán para el fomento económico en varias ramas
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Un experto advierte del impacto de las alzas y el préstamo
El presidente del Colegio de Profesionales en Economía de Yucatán, Álvaro Cano Escalante, advierte que el aumento de impuestos y derechos que propone el Ejecutivo representará una carga para la economía estatal.
"Pero la más pesada es para la hacienda pública en el gasto corriente, que parece no tener fin. Cada vez se necesitarán más aumentos y préstamos para sostener ese barril sin fondo", subraya el especialista al referirse al paquete fiscal que envió el Ejecutivo al Congreso.
En ese proyecto, como publicamos, el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco considera contratar el próximo año un nuevo préstamo para elevar la deuda pública a $3,000 millones.
Asimismo, se dispone a aplicar aumentos en impuestos, como el 2% sobre nómina y el 2% al hospedaje, que pasarían al 2.5 y 3 por ciento, respectivamente, y en derechos, como la apertura de un negocio con venta de alcohol, que se dispara de $3,745 a $39,655, un aumento de más del 1,000%.
Cano Escalante advierte, como informamos en primera plana, que el nuevo préstamo representará un sobrepeso para las finanzas estatales y afectará la calidad crediticia del Estado.
El experto indica que esa presión sobre la hacienda pública se agravará con el enorme gasto corriente que caracteriza a la actual administración.
De acuerdo con cifras de la Cuenta Pública, en 2006 -el último año completo del anterior gobierno panista- el gasto corriente de todo el aparato estatal fue de $9,474.8 millones.
En 2007 (año que compartieron el gobierno saliente y el de Ivonne Ortega), el gasto corriente aumentó a $10,381.9 millones, un 9.5% más. En 2008 se elevó a $12,549.5 millones, un 32.4% más comparado con 2006, y en 2009 se disparó al 48.7% comparado con ese mismo año, al cerrar con $14,000.2 millones.
Es decir, en tres años el gasto corriente se disparó en $4,525 millones.
Del presupuesto de $25,423.2 millones para 2011, el Poder Ejecutivo ejercerá $14,045.4 millones de los cuales el 61.5%, o sea $8,640 millones, serán para educación y salud, y el 11.3%, correspondiente a $1,722.6 millones, para legalidad, seguridad y desarrollo político.
Según información proporcionada por el secretario de Planeación del Estado, Armando Baqueiro Cárdenas, $20,905 millones pertenecen al sector público central (incluye los tres poderes y otros sectores) y $4,674 millones a ramos generales donde el Ejecutivo no puede tomar decisiones a discreción.
Este último corresponde al pago de la deuda pública, a jubilados y pensionados y participaciones municipales.
De los $14,045 millones que dispondrá el Ejecutivo el 7.7% correspondiente a $1,089.2 millones serán para el fomento económico en turismo, pesca, sector agropecuario, planeación y hacienda; el 6.6%, o sea $924.4 millones, a la política administrativa y gobierno de calidad en la Oficialía Mayor, Consejería Jurídica, Comunicación Social y la Contraloría.
El 6.3%, $882.5 millones, es para desarrollo territorial en obras públicas, desarrollo urbano y medio ambiente; el 5% que son $707 millones para política social, las secretarias de juventud, del trabajo y política comunitaria, y por último el 5% que equivale a $75.9 millones serán para el despacho de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
