Uno de los pasajes del mercado Lucas de Gálvez, miniciudad que nunca duerme. En la gestión municipal 2001-2004 se elaboró un proyecto que consideraba su demolición, pero quedó en el olvido al paso de los años
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El 18 de octubre, un grupo de 80 tianguistas y líderes de locatarios de mercados meridanos realizó una protesta frente al Palacio Municipal.
En esa manifestación se acusó al director de Finanzas del Ayuntamiento meridano, Carlos Bastarrachea Lara, y al jefe de inspectores de Mercados, Amed Centurión Sánchez, de comandar una red de corrupción e intimidación.
Esa red, de acuerdo con los inconformes, se apodera de puestos y espacios en tianguis y mercados y los vende a una tarifa que va de 1,500 a 3,000 pesos. Se le atribuyó también la “venta” de parques en 100 mil pesos para que se instalen en ellos nuevos tianguis.
En apariencia, hasta allá llegaban las acusaciones, pero fue sólo la manifestación de un problema mayor que involucra a funcionarios municipales.
Investigaciones realizadas con motivo de la proliferación de vendedores ambulantes en el Centro Histórico en las últimas semanas confirman lo que ya se comentaba en círculos políticos: la protesta de tianguistas y líderes de locatarios fue sólo “fuego amigo” en el Ayuntamiento.
Los manifestantes son identificados con el director de Gobernación de la Comuna, Gaspar Quintal Parra. A los acusados —el tesorero municipal y el jefe de inspectores de Mercados— se les vincula con otro grupo de locatarios y su mayor “pecado” fue tratar de hacer a un lado a viejos cabecillas para tratar directamente con los comerciantes.
En el fondo hay clientelismo político, pero también se manejan sumas de dinero cuyo destino es oscuro, con dirigentes sindicales como recaudadores.
Los datos recabados arrojan que los líderes son prácticamente quienes deciden la asignación de espacios en la vía pública y en algunos puntos de los mercados.
En el caso de los ambulantes, el manejo del dinero queda en manos de esos cabecillas y sus colaboradores.
La situación va más allá del negocio de los tianguis, la venta ambulante y la asignación irregular de puestos. En los mercados, sobre todo el San Benito, se mueven miles de pesos diarios que no van a parar a las arcas del municipio sino a otros bolsillos.
Con el apoyo de veteranos colaboradores, Wílberth Parra Vargas, presidente de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos de la Federación Regional de Trabajadores de Yucatán, maneja a su antojo decenas de puestos en el San Benito. El decide a quiénes los otorga y a qué cantidades.
Si alguien deja de pagar cuotas es amenazado y presionado para que abandone el local, cuya asignación, por ley, debería estar a cargo del Ayuntamiento.
Quienes se han adueñado de los locales los rentan en cantidades que varían según la ubicación. Algunos puestos de comida pagan $300 diarios.
En la actualidad, la Contraloría municipal tiene en sus manos un expediente con denuncias de ese tipo.
En los tianguis, el mayor negocio está en el cobro de espacios bajo toldos, aparte del que cobran los inspectores del Ayuntamiento. Esos cobros están a cargo de Cleofas Espadas Noh, quien, paradójicamente, en septiembre de este año se quejó de una detención arbitraria de la policía y acusó a personal de Mercados de ponerle una trampa relacionada con cobros indebidos.
A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ahora los líderes de locatarios no están unidos. Trabajan dispersos.
En el aspecto político, los datos recabados arrojan que en el bando de Gaspar Quintal están Parra Vargas; Pedro Chiquini Cutz, presidente de la Unión Mixta de Locatarios del San Benito; Angel Enrique Sánchez Dzul, reelecto en noviembre presidente de la Unión de Baratilleros, y Míriam Flores Zapata, lideresa de tianguistas, quien tiene el apoyo operativo de Cleofas Espadas.
El otro grupo
Por el lado de Carlos Bastarrachea operan Macario Chan Castillo, Iván Moo y Elena Santamarina, todos líderes de tianguistas. Trabajan muy cerca de Héctor Rodríguez Alayola, quien a su vez está bajo las órdenes de Amed Centurión, jefe del departamento de inspectores de la subdirección de Mercados.
A ellos se suma José Espinosa Gijón, alias “José el soñador”, quien, al no poder agrupar a los ambulantes en un gremio sindical porque su actividad es ilícita, inició gestiones para crear una asociación civil cuyo objetivo era solicitar dinero a los vendedores para poder tramitar permisos municipales. Según los entrevistados, las cuotas van de 10 mil a 20 mil pesos.
La autoridad municipal no tiene un padrón actualizado de las concesiones. Santiago Altamirano, secretario de la Comuna, admitió en reciente entrevista que elaboran un diagnóstico para conocer y ordenar la situación de los mercados. (Continuará).— Angel Noh Estrada angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
En contexto:Cara a cara
Dos bandos políticos en los mercados. Reciente protesta sacó a la luz “fuego amigo” en el Ayuntamiento
Gaspar Quintal Parra, director de Gobernación.
Se vincula con él al grupo de locatarios y dirigentes que realizó una protesta frente a la sede de la Comuna el 18 de octubre. Ex líder estudiantil de la Facultad de Derecho y de la FEU, ha tenido varios cargos públicos, entre ellos el de diputado local y oficial mayor en la segunda gestión de Víctor Cervera Pacheco en el gobierno del Estado.
Carlos Bastarrachea director de Finanzas
Paisano de la alcaldesa Angélica Araujo Lara, fue presidente municipal de Tixkokob en la administración 1991-93 y luego auditor del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, bajo las órdenes
27 diciembre 2010
En la impunidad el secuestro y la agresión a una alcaldesa
Demostración de fuerza, pero con el pisoteo a las leyes
Imagen del 23 de julio de 2003. La alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera es sacada del local de la Unión de Baratilleros con el auxilio de su escolta César Ceballos. Dos horas fue retenida en ese local, bajo presiones de líderes sindicales
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El 23 de julio de 2003, bajo el gobierno municipal de Ana Rosa Payán Cervera, los grupos que controlan los mercados y la venta ambulante dieron una muestra de su fuerza, pero pasando por alto la ley.
Ese día, un grupo de locatarios comandado por sus líderes, con René Velázquez Franco en primer plano, hicieron una marcha y un plantón frente al Palacio Municipal para protestar por el proyecto de la presidenta municipal de derruir el mercado Lucas de Gálvez y cerrar un tramo de la calle 67. Era parte de un plan en el que también figuraba el mercado San Benito.
En el marco de esa protesta, a la que habían antecedido otras igual de numerosas, la contadora Payán Cervera accedió a platicar con los inconformes en el local de la Unión de Baratilleros, en la calle 67.
Fue como meterse a la cueva del lobo. Ya adentro, los cabecillas no dejaban salir a la primera edil a menos que firmara el compromiso de no cerrar la calle 67.
Surgieron golpes, empujones y proyectiles en el aire, uno de los cuales dio en la cabeza de la presidenta municipal. Ni siquiera la policía pudo entrar al local, porque lo impedían "custodios".
Después de varios, fallidos intentos, la alcaldesa fue sacada del lugar e interpuso una denuncia penal por esos hechos. Dos horas estuvo secuestrada.
El Ministerio Público citó a comparecer a varios líderes. Se integró un expediente, pero no pasó nada. Todo quedó en la impunidad.- Angel Noh Estrada
En contexto:Algunos datos relacionados con los mercados municipales, que han sido mucho más que blanco de numerosos proyectos.
fue el año en que se inauguró el Lucas de Gálvez. Se le demolió después para hacerlo más amplio.
marca la inauguración de un Lucas de Gálvez amplio, de mampostería y techo de láminas.
significó la demolición del viejo mercado, para dar paso al actual, con más locales.
ve nacer el mercado San Benito, cuyo propósito original era albergar a los ambulantes.
es testigo del recrudecimiento del problema del ambulantaje, aunque no del nivel de 2003.
