Los quejosos aseguran que venden durante todo el año, sin embargo, los días previos de mayor afluencia fueron removidos de sus lugares para dárselos a otras personas.
Por los espacios cobran 200 pesos, según dijeron.
Rosa Irigoyen Medina, una de las afectadas, indicó que en principio les informaron que no iban a ser cambiados de lugar debido a que venden todo el año.
Sin embargo, Felipe Góngora, jefe de inspectores, les dijo que los espacios ya estaban ocupados y tenían que desalojarlos.
"Nos dijeron que teníamos que pagar 10 salarios mínimos", indicaron los que tienen años ven diendo en la iglesia.
"Sufrimos durante todo el año pues hay semanas de mala venta y ahora que es temporada buena, nos quieren quitar. No se vale", dijeron.
Líos por espacios entre tianguistas de una iglesia
Molestos contra el Consejo Electoral
En respuesta, el presidente de la Comisión de Quejas, consejero Nestor Santín Velázquez, explicó que se basaron en jurisprudencias y resoluciones de los tribunales federales para desechar esta denuncia.
Antes de someterlo a votación, el representante de Convergencia, Eduardo Soria Limón, consideró que fue obvio y evidente que en dicho anuncio la senadora violó el artículo 134 constitucional al promover su persona por ser la única que firmó esa publicación.
"Raya en la burla a los ciudadanos de Yucatán", una vez más violan la ley, y para no ser parte de esa farsa anunció que se retiraba de la sesión, no sin advertir que llevaría su queja a los tribunales.
El representante del PRI, Rafael Bentata Morcillo, se sumó a la protesta de Convergencia y también se retiró de la sesión.- David Domínguez Massa
El desechar la queja contra la senadora tiene sustento afirmó el consejero Nestor Santín V.
Aludido
Por sentirse aludido ante los señalamientos de Convergencian y el PRI Nestor Santin explicó que se basaron en jurisprudencias y un reglamento del IFE sobre el artículo 134 para desechar la queja.
Representante del PAN
El representante del PAN Orlando Pérez Moguel dijo que en tal publicación, no se pide el voto a nadie, por tanto fue correcto que se desechará la queja
Parque a punto de morir
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El parque arqueológico del poniente de la ciudad muestra algunos indicios de olvido.
Ubicación
El parque está detrás de la central de abastos, entre los fraccionamientos Bosques de Poniente, Bosques de Yucalpetén y Mulsay.
Vestigios
Tiene una aguada y algunos vestigios arqueológicos. El lugar tiene más de 25 hectáreas, un sacbé, plazas y un conjunto palaciego de los mayas.
El parque está detrás de la central de abastos, entre los fraccionamientos Bosques de Poniente, Bosques de Yucalpetén y Mulsay. Tiene dos entradas: sobre la avenida 132 y en la calle 130.
En la administración anterior se consideró un proyecto de varias etapas en el que planeaban convertirlo en un espacio cultural de convivencia, ejercicio físico y esparcimiento.
Vecinos de la zona exigen a las autoridades que rescate el entorno social y la naturaleza que hubo en el sitio pues, aunque todos los días se ve a empleados dedicados a la limpieza de los senderos, la gente ya no acude y de noche la vigilancia es nula, de forma que se convierte en una invitación para que se cometa cualquier ilícito.
La señora Erika Rubio Can manifiesta que el parque está abandonado y uno de los mayores riesgos que considera es un sumidero que construyeron y nunca taparo
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La demanda contra mi persona solo fue un juego para causar escándalos mediáticos: Beatriz Zavala
Sostuvo que se le acusó de hacer proselitismo, sólo porque al inicio del periodo de sesiones de la Cámara de Senadores publicó el contenido de la agenda legislativa panista.
“La demanda fue un absurdo legal. Siempre lo dije cuando anticipé que mi lucha sería en el ámbito legal -comentó-. He demostrado con pruebas que actué apegada a la ley y que lo único que hice fue cumplir el compromiso de informar a la comunidad de las actividades que se desarrollan en el Senado”.
Desesperada por un engaño
María de los Angeles Novelo Torres, de 54 años, enfermera de profesión, denuncia: "Todos atropellan nuestros derechos; no vivimos en un país justo, como dice la gobernadora".
La mujer, antigua militante del PRI, dijo que en su campaña la alcaldesa Angélica Araujo, ex directora del Ivey, le dijo que la ayudaría a regularizar el terreno, pero le dieron una "puñalada por la espalda".
Como un acto vandálico calificaron vecinos e integrantes de la familiaGómez Novelo el desalojo ejecutado por las autoridades en San Luis Chuburná.
El aire acondicionado fue desprendido, rompieron lámparas y se robaron tiras de cobre que servirían para una instalación.
La noche del jueves y madrugada de ayer fueron un calvario debido a que estaban temerosos de que regresaran a realizar otros destrozos. Indicaron que no pudieron dormir. Se la pasaron vigilando, con la ayuda de unos vecinos.
“Responsabilizó a la gobernadora, de lo que pudiera ocurrir a mi familia. Nos dijeron que era orden de ella”, aseguró María de los Angeles Novelo Torres. “Yo sé muchas cosas de ellos”, advirtió la mujer.
Explicaron que llevaron barretas, mazos y patas de cabra. “Alcanzamos a ver unos bates”, dijo Samir Gómez.
El supuesto desalojo duró aproximadamente cuatro horas. “Nada más veía con impotencia como destruían nuestro patrimonio de toda la vida”.
Horas más tarde la mujer realizó una protesta frente a Palacio de Gobierno por el desalojo del que fue víctima.
María de los Angeles Novelo Torres, de 54 años, enfermera de profesión, dijo que decidió desnudarse en protesta frente a Palacio de Gobierno porque estaba desesperada.
"Todos atropellan nuestros derechos; no vivimos en un país justo, como dice la gobernadora", añadió.
Acusa a Alfredo Pérez Ontiveros, director del Jurídico del Ivey, de orquestar el desalojo de manera ilegal para favorecer a Gabriel Sosa Herrera.
"Nos dieron una puñalada por la espalda". Debido a que en lugar de ayudar, reiteraron, agilizaron de manera extraña para que Sosa Herrera, regularice el terreno donde está su casa.
"Sabemos que en 9 mil pesos se los están regularizando a nosotros nos piden 150 mil", dijo Samir Gómez Novelo, integrante de la familia.
Alfonso Dávalos, abogado de la familia, dijo que el desalojo fue ilegal, debido a que el predio el cual ganó el litigio Sosa Herrera no existe. El predio de la calle 34 entre 33 y 35-Diagonal no existe en el Catastro. La familia pidió el amparo de la justicia federal.- David Chan Caamal
Durante el presunto desalojo hubo acciones que resultaron muy extrañas y no concuerdan
No existe
La casa objeto de pleito está ubicada en la calle 34 entre 33 y 35 de San Luis Chuburná. En el Catastro no existe el predio en el cual ganó el litigio Sosa Herrera.
Era del ejido
El terreno mide 25 por 40 metros, hace 20 años fue comprado al ejido de Chuburná. Es la única casa que fue desalojada.
No aseguraron
Durante la diligencia no mostraron orden, ni se colocaron sellos de resguardo para asegurar el predio o cambiaron los candados.
La trata de personas, un delito que es silencioso
Entre las estrategias de la campaña figura la promoción, por medio de carteles, en autobuses y paraderos, la impartición de talleres en escuelas preparatorias y universidades; entre otras medidas que se anunciaron.
Participan el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán.
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Los traficantes de personas se valen de distintas formas para enganchar a sus víctimas.
Engaños
Ofertas de trabajo en modelaje, promesas de matrimonio, engaños y adopciones simuladas son formas las principales usadas por los traficantes de personas.
Internet
Aunque internet tiene ventajas, la Red también es usada para enganchar a las víctimas.
En México, según la Unicef, existen alrededor de 16 mil niñas y niños que son víctimas de trata. En Yucatán aunque no se tienen cifras especificas también se da la trata de personas, y como una medida para evitar que se propague, en el Código Penal del Estado se estipulo como un delito grave que se castiga hasta con 14 años de cárcel.
Además, el 15 de marzo pasado la LIX Legislatura aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de personas, presentada por la diputada del PAN, Lizbeth Medina Rodríguez, y que entró en vigor el pasado primero de abril.
Al respecto, la legisladora panista señaló que esta campaña es un esfuerzo conjunto coordinado e institucional para socializar la ley, principalmente en mujeres y niñas, ya que son las más vulnerables debido a su condición de género.
“Hoy iniciamos un gran trabajo para combatir este delito silencioso, que precisamente porque es silencioso queda impune. Tengamos los ojos bien abiertos, pero también la boca para denunciar”, señaló la legisladora.
Agregó que con la participación masiva de la sociedad yucateca se va a evitar que se siga dando este problema que se ha convertido en el tercer delito con mayores ganancias lucrativas, después del tráfico ilegal de armas y de drogas.
Entre las estrategias de la campaña figura la promoción, por medio de carteles, en autobuses y paraderos, la impartición de talleres en escuelas preparatorias y universidades; entre otras acciones.
"No tenemos mayores datos al respecto, ignoramos si en ese lugar se embarca y desembarca a víctimas, o se usan otros medios de traslado de las mismas".
El entrevistado, quien también es director de Hogares Maná, llamó a los participantes en la campaña contra ese delito a procurar que ésta no sea otra acción más de difusión sino que cambie las cosas en Yucatán.
También recordó que ya existen diversas disposiciones legales para combatir la trata de personas. Pidió que aquellas no se queden en el papel sino que se traduzcan en hechos concretos.
Aunque no hay cifras locales sobre la dimensión de ese delito, Chan Martín citó que en el país el año pasado las autoridades iniciaron la investigación de 226 de esos casos. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó que en México hay 16,000 niños y niñas víctimas de la trata de personas.
Más mujeres
El 66% de las víctimas de ese delito son mujeres, y se les utiliza en la explotación sexual y laboral, la extracción de órganos y otros abusos más. Pidió a los varones cambiar su concepto de masculinidad para no ser parte de esa cadena delictiva.
A su vez, Celia Rivas Rodríguez, procuradora del Menor y la Familia, dijo que muchas de las víctimas son niños, niñas y adolescentes que generalmente son usados en el mercado sexual: prostitución, pornografía y espectáculos públicos y privados.
"A las niñas y adolescentes también las usan el trabajo doméstico esclavizante, sin oportunidad de estudiar y privadas del contacto con sus familiares. Y en ocasiones son el entretenimiento sexual del dueño de la casa y los hijos de éste.
"Los factores que propician la trata de infantes y adolescentes son la pobreza, la baja matriculación escolar, el desamparo, tradiciones y la alta demanda de servicios sexuales y mano de obra barata", detalló.
La campaña tiene como lema "Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio", y consiste en 5,000 carteles, anuncios en 50 paraderos de autobuses y en parte de estos vehículos, distribución de trípticos y conferencias o talleres en escuelas.
La presentación se realizó en el hotel El Castellano, con la participación de funcionarios de varias dependencias y representantes de agrupaciones civile
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La alcaldesa está triste porque Se Cayó el Teatrito (SCT)
En breve firmará un préstamo
El rescate del Centro Histórico de Mérida; Un nuevo sistema de Transporte Metropolitano, y la conclusión del Malecón Internacional de Progreso.
Todos esos proyectos se iniciarían al mismo tiempo, apenas se tengan los recursos de este crédito otorgado por el BID, o sea en mayo o junio a más tardar.
El funcionarios recordó que aún cuando el Congreso les autorizó a contratar hasta $2,600 millones, sólo ejercerán este año $1,300, que ya están "etiquetados", para los proyectos antes citados.
Los otros $1,300 millones de ser necesario los ejercerían hasta el próximo año. Anticipó que en el contrato con Banobras se considera un tiempo de gracia que va de cuatro a cinco años, para empezar a amortiguar la deuda, a partir de cuando les entreguen los primeros recursos.
Lo que sí se pagará de inmediato apenas se empiece a ejercer -precisó el funcionario-, son los intereses de este préstamo del BID.
El secretario explicó que el contrato lo firmarán con Banobras, porque la ley no permite a los estados contraer deudas con instituciones extranjeras.
Por ese motivo, la Secretaría de Hacienda autorizó a que el BID deposite en dólares los $1,300 millones a Banobras, y esta institución se lo otorgará en pesos al ejecutivo estatal.
Ya firmado el contrato, estimó, en cuatro o cinco semanas se entregaría la mitad del crédito y lo demás conforme se vaya ejerciendo.
"Ni hay desvíos ni me siento víctima"
"Lo que sí está plagado de irregularidades es el proceso con el cual la mayoría de diputados priistas rechazó las cuentas de la anterior administración, y por las que me citaron a comparecer", puntualizó.
La ex tesorera afirmó que el próximo 16 de mayo se presentará a responder y aclarar todas las observaciones que fuera de tiempo y de manera irregular le hizo la Auditoría Superior.
"Aunque sabemos que en este proceso nuestros acusadores son juez y parte, porque todos son del mismo equipo del PRI, responderemos todas sus dudas", dijo.
Muy diferente a lo que ahora sucede, cuando la comisión permanente de patrimonio y hacienda de la Comuna, que preside la alcaldesa Angélicas Araujo Lara, sólo sesionó para su instalación hace nueve meses y no se ha vuelto a reunir, indicó.
"Ni siquiera los oficios donde pedimos información de las cuentas contesta la alcaldesa", concluyó.- D.D.M.
Ex tesorera de Mérida, Claudia Canto afirma que tiene valor moral para criticar cuentas.
Su trabajo
Señaló que la información histórica, que consta en la página de internet del Ayuntamiento, donde cada mes la presentaba, le dan el valor moral para criticar las actuales finanzas municipales, contrario a lo que dicen los regidores priistas.
Comparación
"Nosotros presentábamos informes de cuentas, en forma detallada, pormenorizada, no generalizada como ahora lo hace esta administración, y además se niegan a dar los detalles cuando se les solicita", afirmó la regidora panista.
Sin irregularidades
Por eso reiteró que en las cuentas que le rechazó el Congreso no hay irregularidades, y sí por el contrario detectó que pretenden juzgar los actos del gobierno municipal anterior en vez de revisar las cuentas, como lo demostrará al responder el próximo mes cuando acuda a comparecer.
Una pobre aportación estatal en proyectos
La Federación invirtió $6,985 millones 502,133 en ese período, el gobierno del Estado $201 millones 126,534, los municipios $198 millones 133,645 y los productores-sociedades $2,972 millones 903,526.
El gobierno del Estado tuvo la mayor aportación en 2010 en los programas de agua potable de la Conagua. En Apazu aportó $91.515,000, Prossapys $6.705,156 y cultura del agua $600,000.
Otros rubros donde aportó su Paripasu fue en el programa Opciones Productivas de la Sedesol donde suministró $888,293, 3x1 para Migrantes con $4.934,724, Tu Casa con $20.140,000 y con la CDI en el programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas donde dio $76.342,661.
El aparente incumplimiento del gobierno del Estado con el Paripasu data de 2009 donde la Conagua reporta que desde ese año aún le adeuda $5.3 millones de la parte estatal.
En este período de 2010 las gerencias y direcciones de Banobras, Conafor, Corett, Infonavit, Oportunidades, SCT Yucatán, Sedesol (en algunos programas), Fonacot, Reforma Agraria, Semarnat, SEP y Acerca reportaron que en sus inversiones o ejecución de programas "no hay parte estatal".
Los delegados federales consideraron que al cierre del año aumentaron las inversiones federales, pero la aportación estatal siguió la misma tendencia, es decir, el Ejecutivo no cumplió con sus Paripasu.
Las inversiones en carreteras fueron para los tramos Conkal-Chicxulub Puerto con $48.4 millones; Mérida-Campeche, $102 millones; Chemax-Cobá $180.6 milones; sistema vial Norte $213.4 millones, Muna-Peto $55.9 millones y Peto-Valladolid $52.1 millones.- Joaquín Chan Caamal
El gobierno federal remitió al Estado $6,985.5 millones para sus diferentes programas.
Son más
El reporte contable de enero a septiembre sólo incluyen programas de 13 dependencias federales, pero en Yucatán funcionan unas 60.
Ciudadanía
Los dos grandes rubros donde los beneficiarios aportaron mayores recursos fueron en el sector vivienda del Infonavit con $2,900 millones y en proyectos hidrológicos con $46.465,021.
No procede una petición contra el gobierno estatal
Tanto contra el exento del pago de tenencias como por el aumento del impuesto sobre nóminas, numerosos empresarios y particulares presentaron amparos a principios del año.
En el caso del impuesto sobre nóminas fueron más de 100 empresarios que presentaron este recurso legal, en dos tiempos.
Los primeros lo hicieron cuando empezaba a entrar en vigencia este aumento y otros lo hicieron cuando ya habían hecho el primer pago del incremento, demostrando su afectación.
El comunicado de prensa de la Consejería Jurídica no precisa en cuál de los tiempos se promovió el amparo sobre el que resolvió la juzgadora.
La dependencia estatal considera en su comunicado que se resolvió en forma favorable al gobierno del Estado y se avalan los Decretos 352 y el 351 emitidos por el gobierno del Estado.
Con este decreto se reformaron distintas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Fue expedido el 11 de diciembre de 2010, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2011 e incluyó el aumento del impuesto sobre nóminas.
Faltan por resolver más amparos presentados contra este aumento del impuesto sobre nóminas y también por la exención del pago de tenencias aún pendientes en los juzgados federales.- David Domínguez Massa
Resuelven sobre los primeros amparos por medidas fiscales del gobierno del Estado.
Segunda instancia
Aunque el gobierno ha salido bien librado de los primeros amparos promovidos contra la exención del cobro de tenencias vehiculares a algunos propietarios y también contra el aumento del 2% al 2.5% del impuesto sobre nóminas, los empresarios pueden recurrir a una segunda instancia.
Revisión
La segunda instancia consiste en solicitar al Tribunal Colegiado de Cricuito una revisión de estas resoluciones que le fueron adversas a los empresarios y aparentemente favorecieron al gobierno del estado en sus medidas hacendarias