Las empresas fantasmas dedicadas a vender facturas a la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del Estado se llaman así porque existen sólo en el papel, no en la realidad.
La mayoría no tiene local o lo tiene un tiempo y lo abandona, apenas cumple con las formalidades fiscales mínimas. Tampoco tienen personal o socios reales. Los que aparecen como tales sólo prestan sus nombres a los verdaderos beneficiarios de la venta de facturas.
Asimismo, estas empresas dejan pocas huellas bancarias, aunque las suficientes para proceder fiscalmente contra ellas, según un nuevo reporte de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Un caso que resume todas estas características de una empresa fantasma es Jamil Productos y Servicios S.A de C.V. Fundada el 13 de julio de 2009, esta compañía supuestamente especializada en limpiar edificios, facturó $3.859,600 en los primeros nueve meses de 2010, un promedio mensual de $428,772. En enero, cuando el Diario dio a conocer este caso, la facturación promedio de esta empresa ascendía a $325,000, de acuerdo con los datos conseguidos hasta ese entonces.
Prisa
Ahora se sabe, con base en información reciente de la Secretaría de Hacienda, en poder de Central 9 que Jamil Productos y Servicios emitió de enero a septiembre pasados cinco facturas por $95,120 y ocho por $423,500, todas por el concepto genérico de "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno".
Jamil habría continuado facturando $423,500 mensuales al gobierno en los últimos cuatro meses de 2010 y cantidades un poco menores en 2011, según algunos indicios.
En marzo, por ejemplo, Jamil recibió $382,200 en su cuenta 0168640270 de Bancomer, en tres abonos pagados en distintas fechas, de acuerdo con registros bancarios de esa empresa.
El primer pago, registrado el 4 de marzo, procedió de una cuenta no identificada de Bancomer por $94,457.54. El segundo, por la cantidad de $229,285, llegó el 7 de marzo de la cuenta 001066935 002 de Banamex. El tercero, depositado el 31 de marzo, procedió de la cuenta 0155643554, por $58,457.
El mismo día en que llegaron esos depósitos al banco, los directivos de Jamil firmaron cheques de caja para retirarlos en efectivo, de acuerdo con los documentos conocidos por periodistas de Central 9.
Según fuentes bancarias consultadas, ésta no es una operación común entre empresas que trabajan legalmente. "¿A dónde fue a parar ese dinero?, seguramente a la bolsa de quien emitió los cheques", dice la fuente. "Esta es una operación elemental de lavado de dinero".
Curiosamente, el primer objetivo social de Jamil, asentado en su acta constitutiva, es "la limpieza de inmuebles, clínicas y hospitales públicos y privados y la vigilancia a empresas y casas". También manifestó su intención de dedicarse a la comercialización de ropa y uniformes escolares, a la representación de toda clase de casas comerciales, a la realización de proyectos de ingeniería civil e hidráulica y a la construcción de carreteras, autopistas, aeropuertos y vías férreas, además de ofrecer estudios de mercado y campañas publicitarias.
Protegidos
Los socios fundadores de Jamil son Ramón de los Ángeles Quetzal Serrano, administrador único de la sociedad y representante legal; y Claudia Guadalupe Marín Lizama. Como comisaria figura Areli Yadira Rodríguez Carrillo, todos desconocidos en el gremio de publicistas y mercadólogos de Yucatán.
No obstante sus cuantiosos ingresos, la empresa no tiene teléfono fijo, sólo un celular, 9991-40-81-64, que nadie contesta. El teléfono particular de Quetzal, que vive en Polígono 108, está suspendido.
Para simular sus operaciones, la empresa dio de alta a Rocío Ascencio Vázquez y María Luisa Tun Benítez en el Seguro Social y en el Infonavit. Esta última, junto con Janny Marlene Cervera López, vinculada a Jamil, hacen gestiones en nombre de la compañía y presume de su relación con la gobernadora. "No nos va a pasar nada", dijeron cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las operaciones de Jamil, según testimonios recabados por Central 9. Más que empleados, parecen socios de la compañía.
Sin embargo, una empresa con un alto nivel de facturación y cobranza y un abanico muy amplio de actividades, usó como oficina, en sus primeros meses de funcionamiento, una casa de interés social ubicada en la calle 75 No. 622 de La Herradura, en Ciudad Caucel.
Vecinos del predio informan que la empresa cerró sus oficinas desde agosto. "Nunca vimos gente, sólo a una secretaria, quien venía un ratito y se iba", comentan.
El IMSS confirmó que la dirección vigente de Jamil es la casa de la Herradura y que no ha tramitado el cambio de domicilio hasta el momento .
Estrategias
Una de las estrategias de esta compañía -lo ha comprobado Central 9 a lo largo de esta investigación sobre el lavado de dinero del gobierno -, es alquilar un predio pocos meses, para registrar fiscalmente a la empresa y abrir una cuenta bancaria, y luego abandonarlo. Otra estrategia es abrir y cerrar empresas para despistar al fisco, y otra más es ni siquiera darlas de alta en Hacienda, sino falsificar toda la papelería.
Este es el caso, aparentemente, de Administradora Multiempresarial del Sureste, S.A. de C.V., que facturó $2.940,000 a la Coordinación General de Comunicación Social entre 2008 y 2009.
Esta compañía no está anotada en el Registro Público de la Propiedad y el domicilio y teléfono que proporciona en sus facturas es inexistente. No obstante, la CGCS con el sello y la firma de aprobación del director de Administración de esa oficina, Mario Mena Castro, le pagó a esta empresa siete facturas por $120,000 y seis por $250,000 en 2008 y una factura por $600,000 en 2009, por presuntos servicios "de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado".
Por el mismo tipo de "servicios" aparece otra personas totalmente "fantasma", porque no aparece por ningún lado, en la lista de proveedores de la CGCS: Manuel Ek Vargas, quien facturó $1.210,720 misteriosamente. Continuará.- Hernán Casares Cámara
(5)
