El rescate del Centro Histórico comenzó con la elaboración de un proyecto que incluye medidas que se pondrían en marcha de inmediato, afirmó ayer la alcaldesa, Angélica Araujo Lara.
El Ayuntamiento, dijo en rueda de prensa, analiza las opciones que permitan disponer recursos para la obra.
Para ese proyecto, agregó la alcaldesa, ya se trabaja de manera coordinada con el gobierno del Estado, el Plan Estratégico de Mérida, el Patronato del Centro Histórico como representante ciudadano, y diferentes instituciones académicas.
Entre otras cosas, explicó que los resultados de ese trabajo de análisis se darían a conocer en dos semanas.
Una de las propuestas es dar facilidades a los propietarios de predios en el Centro Histórico, para que vean que no es complicado rescatar su vivienda y revitalizarla.
—Que vean que no van a batallar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con permisos y licencias. Eso es lo que queremos ofrecer —aseguró.
Se recurriría a los incentivos fiscales, precisó, “lo que significa disminuir impuestos para quien tenga su vivienda en esa zona y que esto se sume a los incentivos de nuestra parte, en el otorgamiento de licencias de funcionamiento”.
Incluso, si el ciudadano no tiene cómo hacer esas gestiones, la autoridad se podría encargar.
El objetivo es que los predios tengan un uso de provecho.
Angélica Araujo también se refirió a la supervisión que realiza la Comuna en las dependencias con motivo del cambio de administración. El contralor municipal se encarga de sustentar y amparar todas las observaciones que surjan para atenderlas a la brevedad.
—Hay otras observaciones a las que daremos seguimiento en los próximos 30 días —abundó.
—En el caso de las supervisiones, tenemos un plazo de 60 días de manera que podamos citar a comparecer a algún ex funcionario en caso necesario.
—Analizamos la posibilidad de que comparezca algún ex director porque eso nos ayudaría a entender algunas observaciones hechas al trabajo.
—Estamos procediendo conforme a la ley y presentaremos, en su caso, las denuncias que la Contraloría considere necesarias —puntualizó.
Buscan opciones para un rescate
Manifestación por el lío en Kanasín y respuesta de Ortega Pacheco
Cerca de veinte personas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Kanasín en apoyo de la actual administración municipal y solicitaron, con pancartas, que la gobernadora Ivonne Ortega “saque las manos” del municipio y los deje trabajar.
El alcalde de Kanasín, Leonor Chan Uicab, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que interpondrá una denuncia penal contra Leticia Hernández Noh, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Kanasín, por hechos posiblemente delictuosos derivados de haber impedido el acceso a un edificio público.
Ayer mismo, los regidores del PRI Ofelia Salazar Aguilar, Jaime Uicab Pech, José Puch Estrella y Francisco Baas Pech denunciaron ante el diputado priista Carlos Pavón Flores que ayer no se les permitió el acceso al palacio municipal por órdenes del alcalde Leonor Chan.
Acceso restringido Antes de la rueda de prensa que ofreció el primer edil también se negó el paso a los representantes de los medios de comunicación por órdenes de una mujer que dijo llamarse “doña Mari”, que indicó a los policías que los reporteros no podían pasar.
Posteriormente se presentó el director de la policía municipal, René Polanco Ortega.
En la rueda de prensa el alcalde Chan Uicab informó que se interpondrá una denuncia contra la líder sindical por haber impedido el acceso a un edificio público.
Como se sabe, señaló, está penado por la ley impedir el acceso a un edificio público, además de que en su intento por querer entrar de nuevo al palacio desestabilizó a toda la comunidad bloqueando los servicios públicos, ya que el lunes los empleados del Ayuntamiento no pudieron trabajar.
Chan Uicab hizo un llamado al Ejecutivo estatal a que saque las manos de Kanasín y deje trabajar a sus autoridades “electas por el pueblo”. Añadió que la lideresa “del que llaman sindicato único” está plenamente identificada con el PRI y se vale de eso para poner en riesgo la tranquilidad de la ciudad.
El diputado Pavón Flores, quien recibió en el Congreso la visita del grupo de regidores priistas del Ayuntamiento de Kanasín, pidió tranquilidad a los inconformes e hizo un llamado al presidente municipal para que asuma su papel y actúe apegado a la ley.
Comunicado En un comunicado se indica que solicitó al alcalde que deje de acusar infundada e irresponsablemente al gobierno del Estado de intervenir en ese asunto que el propio Chan Uicab propició y no ha sabido resolver, no obstante que es un problema meramente laboral entre el Ayuntamiento de Kanasín y los trabajadores sindicalizados que fueron destituidos.
La solución a este conflicto, manifestó, es reinstalar a los trabajadores en sus puestos o liquidarlos conforme a la ley laboral.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco admitió ayer que esta metiendo las manos en Kanasín, “para trabajar por Yucatán”, pero no en el Ayuntamiento de ese municipio como se dice.
“Para el Gobierno del Estado su responsabilidad es mantener la seguridad de las instituciones, estamos al pendiente respetando absolutamente la autonomía municipal”, afirmó.
Entrevistada sobre el conflicto de Kanasín, donde ayer el alcalde panista Leonor Chan acusó a la gobernadora de meter las manos en ese municipio, la mandataria estatal rechazo tales acusaciones.
Señaló que obviamente esta al pendiente de la convocatoria del alcalde para que pueda intervenir si así lo requiere.
Quien trabaja directamente en ese municipio con el alcalde, comentó, es el director de Desarrollo Municipal, William Sosa Altamira, por ser quien tiene relación directa con los presidentes municipales.
Pero puntualizó que su gobierno le apuesta a ninguna desestabilización en Kanasín, ni en algún municipio de Yucatán.
Al insistirle un reportero en la acusación del alcalde contra ella, respondió: “Para nada, no, para nada, al contrario estamos convocando a los alcaldes, a todos en general y precisamente en este período que es corto, a que tengamos que redoblar los esfuerzos, a final de cuentas las decisiones de los ciudadanos ya está, la elección ya terminó, y nosotros tenemos que trabajar por Yucatán” Consideró qué tienen que haber dos para que exista un pleito, y siempre ha comentado que de su lado no lo habrá nunca.
“Tenemos una gran responsabilidad como para estar desperdiciando el tiempo en pleitos”, reiteró.
La gobernadora añadió que de cualquier forma estarán atentos por si le solicitan la fuerza pública, porque su responsabilidad es mantener la seguridad de los edificios públicos.
Sobre la derrama del petróleo dijo que analizan las condiciones que pudieran ser de afectación, no directa en este momento, porque la mancha por ahora no llega al Golfo o a la costa de Yucatán.
Pero, indicó que revisan lo que pueda afectar la flora y fauna, en el mar y represente un riesgo al patrimonio de los pescadores.
DIF con sostén federal
El DIF Yucatán es sostenido por el gobierno federal, pues éste le aporta $150 millones del presupuesto anual de esa institución, que es de $200 millones, reconoció el director de esa dependencia, Tirzo Suárez Sahuí.
Según eso, el apoyo federal representa el 75% de su presupuesto total. El gobierno estatal, señaló el director, sólo aporta los $50 millones restantes.
Otro sostén del DIF Yucatán son empresas privadas que le dan donativos, cuyo monto, dijo, no puede precisar porque parte de ellos no son cuantificables.
—Entre los cuantificables estan donativos del equipo Leones de Yucatán, que dio dos toneladas de alimentos, y de la Fundacion Gruma, que también dio alimentos —agregó—. Hay otras aportaciones más de grupos privados, de los que una parte prefiere el anonimato.
El funcionario fue entrevistado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, poco antes de una reunión de las presidentas y directoras de los DIF municipales con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la hermana de ésta, Guadalupe Ortega, presidenta del DIF Yucatán.
Tirzo Suárez se rehusó a dar detalles sobre cómo se reparten los recursos económicos que maneja ese organismo del gobierno del Estado. Incluso, no quiso decir qué porcentaje del presupuesto anual es para el gasto corriente, como los salarios.
Tampoco quiso informar por qué el Centro de Atención para Menores en Desamparo (Caimede) necesita donativos para su funcionamiento a pesar de ser un hospicio del gobierno.
En medio de la insistencia dijo que esos datos los informará por medio de su jefe de prensa, pero no quiso poner fecha sobre cuándo lo hará.
La directora de Caimede, Beatriz Solís Sánchez, quien estuvo en esa ceremonia, tampoco quiso hablar de las cuentas de ese albergue público para niños. Alegó que para ello necesita autorización del jefe de prensa del DIF, Alexander Canché Sosa.
La reunión en el Centro de Convenciones fue para dar información sobre los programas que maneja el DIF Yucatán. En entrevistas aparte, tres de las directoras participantes coincidieron en señalar que los principales problemas de sus comunidades son la pobreza, la falta de empleo y la desnutrición infantil.
Penales sin Red y celulares
Como parte de las medidas oficiales para combatir la delincuencia desde los penales, el gobierno del Estado restringirá el uso de teléfonos celulares e internet en los tres reclusorios que funcionan en la entidad.
Los bloqueos se realizarán por exigencia de la Federación, que ha dispuesto que cuando menos los dos penales más importantes de cada Estado tengan equipo para el bloqueo. Se retendrán apoyos económicos a los que no cumplan.
Actualmente se realizan pruebas con el penal de San José Tecoh, donde, como informamos, la semana pasada se bloqueó la señal de telefonía celular en el centro penitenciario.
Nieves Granados Pérez, coordinadora de Participación de la Comunidad en el Consejo de Seguridad Publica del Estado, señaló que el gobierno cumplirá en tiempo y forma la exigencia de la Federación para bloquear las señales en los penales locales.
También precisó que se busca utilizar los mejor equipos, para evitar fallos.
Con los bloqueos, dijo, se espera combatir las extorsiones telefónicas, aunque aclaró que en Yucatán no se ha detectado ningún caso perpetrado desde algunos de los tres penales que funcionan en la entidad.
Facilidad para abrir empresas
La iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del Estado se perfila ya para ser de las primeras que apruebe esta Legislatura por unanimidad, al encargar ayer la Comisión de Puntos Constitucionales que se realice el proyecto de dictamen final.
Una de sus principales ventajas es que con esto se espera reducir a alrededor de un mes el tiempo para abrir empresas y establecer negocios en Yucatán, proceso que actualmente lleva casi un año.
El presidente de esa comisión, Víctor Caballero Durán, indicó que con esta iniciativa se busca potencializar la economía del Estado, otorgando más facilidades para crear empresas, y en consecuencia, más empleos.
Mayores empleos Al reducir considerablemente los tiempos para la apertura de empresas e industrias en la entidad, además de ser un importante atractivo para atraer inversiones, generará mayores empleos, afirmó.
El diputado priista Roberto Rodríguez Asaf presentó una propuesta de modificación junto con su compañera Martha Góngora Sánchez, para incluir en el Consejo de Mejora Regulatoria a la gobernadora como presidenta honoraría del mismo.
También propuso se incluya a tres consejeros ciudadanos designados por el Ejecutivo o las Cámaras empresariales y dar más facultades al secretario técnico del Consejo.
El panista Tito Sánchez Camargo, al expresar su acuerdo con esta iniciativa, propuso que también se incluyera en ese consejo a dos diputados como representantes del Congreso.
El objetivo de este sistema es simplificar trámites, sobre todo consolidar una Mejora Regulatoria basada en el análisis, la transparencia y la consulta pública, indicó.
Caballero Durán añadió que otro objetivo es asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y transparencia en la elaboración de trámites y servicios administrativos.
Precisó que establece como obligación para el Poder Ejecutivo contar en su página web con un apartado de Mejora Regulatoria disponible para cualquier interesado, en el cual pueda consultar el programa especial, las dispensas de trámites y servicios entre otras informaciones indispensables.
Este sistema, explicó, consiste en un conjunto de órganos, instrumentos y procedimientos para propiciar la desregulación, revisión, construcción o reconstrucción y mejora continua de los procedimientos para realizar trámites u obtener servicios en las dependencias.
El diputado priista manifestó que también servirá esta ley para realizar el análisis, adecuación o fortalecimiento del marco regulatorio de la Administración Pública del Estado.
Inesperado pago en Ucú
Seis días antes de que venza el ultimátum que le fijaron los campesinos y aún sin tener los títulos de propiedad, el gobierno del Estado pagó ayer el saldo de $11.7 millones que debía a los ejidatarios de Ucú.
En medio de las denuncias por peculado y por presuntas violaciones a la Ley Agraria, las autoridades estatales finiquitaron el trato con el ejido por las 3,012 hectáreas, a casi dos años y medio de que comenzó la polémica operación.
El martes 20 de este mes, el gobierno del Estado canceló abruptamente el pago del finiquito, en una medida que causó inconformidad en Ucú. Luego de una reunión, funcionarios de la Consejería Jurídica y del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se comprometieron a pagar en 15 días.
La fecha vencía el miércoles 4 de agosto, pero el Ejecutivo adelantó ayer el pago, a tres días del tercer “informe ciudadano” de la gobernadora Ivonne Ortega.
Bajo vigilancia policíaca, con cierre de calles y personal armado de Cometra, los empleados del Ejecutivo y las autoridades del ejido encabezaron el pago a los 176 ejidatarios, de $38,886 cada uno, y 180 posesionarios de Ucú, a $27,000.
El comisario José Antonio Euán Dzul admitió que no tienen los títulos de propiedad de las tierras, pero aún así les pagaron el finiquito: “Que de eso (de los títulos) luego nos informan”, indicó el campesino.
Pablo Castro Alcocer, funcionario de la Consejería Jurídica, declinó informar sobre el pago, pero luego, en un comunicado, el Ejecutivo confirmó que estará “a la espera de que el Registro Agrario Nacional (RAN) concluya los procedimientos para la escrituración de los terrenos”. Es decir, admite que no tiene la propiedad.
El gobierno del Estado informa, en un comunicado, que con el pago de ayer a los ejidatarios de Ucú por la compraventa de 3,012 hectáreas da “por finiquitado el compromiso contraído con los labriegos de esa localidad”.
El Ejecutivo dice que ahora estará “a la espera de que el Registro Agrario Nacional (RAN) concluya los procedimientos para la escrituración de los terrenos”. Pablo Castro Alcocer, subconsejero de Servicios Legales y Vinculación Institucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, estuvo al frente del pago a los campesinos en el comisariado ejidal de Ucú, pero no accedió a una entrevista sobre los detalles del finiquito y la situación jurídica del caso.
El funcionario ofreció que emitirían un comunicado, como ocurrió horas más tarde. En el boletín se informa que “las actas que avalan la realización de las asambleas ejidales fueron enviadas a las autoridades agrarias correspondientes, por lo que todo se ha hecho conforme a las leyes vigentes en la materia”.
“Desde el 19 de mayo de 2008, el Ejecutivo tomó posesión de las tierras, donde se desarrollará un importante proyecto inmobiliario, industrial y de servicios denominado Ciudad Ucú”.
Sin embargo, frente a la versión oficial hay varios hechos. Uno de ellos es que ya terminó de pagar un bien que no tiene en propiedad. Se trata de más de $343 millones provenientes de un crédito que contrató en 2008.
El ejido carece del dominio pleno y de los títulos de propiedad debido a que la superficie no es susceptible de ser vendida por tratarse tierras con vocación forestal, según establece el artículo 160 de la Ley Agraria.
Ayer se averiguó que el trámite ante el RAN sigue detenido y no hay ningún cambio en torno a la situación jurídica de las tierras. Incluso, trascendió que el Ejecutivo ya sabía de esa situación y aún así decidió pagar el finiquito.
Ucú
- Finiquito Ayer no abrieron las cantinas de Ucú y tampoco se vio a los vendedores de artículos.“Hasta para las viejas” Contento, bien vestido, Julio Chan Dzul, de 73 años, comentó, luego de cobrar sus $38,886, que el dinero se iría en pago de deudas, en sus hijos y nietos y “hasta para las viejas”.
“A la michigan” “Nos apend...., debimos cobrar lo mismo que los ejidatarios. Pero para la próxima vamos a ir 'a la michigan' o no hay nada”, advirtió el posesionario Eliseo Pech Castillo.
Divide opiniones el caso de Tizimín
El hecho de que el alcalde panista de Tizimín, Dolores Mezo Peniche, tenga como asesor a su hijo en el Palacio Municipal dividió opiniones ayer en el Congreso del Estado.
No es ilegal, y tampoco hay nepotismo, porque no cobra en la Comuna, “su papá le paga”, afirmó la diputada local del PAN Lízbeth Medina Rodríguez.
Para el legislador local priista Martín Peniche Monforte, eso es sólo una muestra “del doble discurso de los panistas, que acostumbran decir una cosa y hacer lo contrario”.
Ayer informamos que empleados del Ayuntamiento de Tizimín desaprueban que el hijo del alcalde panista trabaje en el Palacio Municipal. Mezo Peniche respondió que su hijo es su asesor y él le paga de su bolsa, no de fondos públicos.
Entrevistada al respecto, Lizbeth Medina salió en defensa del alcalde: “Yo sé, y me consta, que el hijo del alcalde no está en la nómina del Ayuntamiento, cobra por otro lado, su papá le paga, no tiene ningún cargo en el municipio”.
Señaló que el alcalde “es muy honesto y respetable, no haría esas cosas indebidas”.
También consideró aceptable que el alcalde tenga a su hijo como asesor, porque es abogado y confía en él.
En cuanto a la directora de Equidad y Género de Tizimín, que también tiene a su hijo en el Ayuntamiento, la diputada panista dijo que ignora esa situación.
Sobre el mismo tema, Peniche Monforte, diputado del PRI por el distrito de Tizimín, dijo: “Más pronto cae un hablador que un cojo” y así quedó demostrado con el alcalde de Tizimín, quien “practica el nepotismo en el Ayuntamiento”.
“Esa es una muestra más del doble discurso del PAN, como el diputado panista Pedro Couoh Suaste... Censuran prácticas inmorales, pero las cometen sin empacho alguno.
“Bajo la premisa de que no hay que ser más papistas que el Papa, lo panistas comenten todo tipo de tropelías bajo el maniqueísmo de que cuando es hecho por panistas no hay nada que cuestionar”, indicó.
Exige revisión El diputado consideró que los integrantes del Cabildo de Tizimín deben revisar ese caso del alcalde y el de la directora de Equidad y Género.
“Deben exigirle al primer edil que explique las razones para designar a familiares de sus colaboradores en puestos del gobierno municipal”, puntualizó.
A Couoh Suaste le recomendó estar más atento de lo que hacen los ayuntamientos panistas asesorados por los hermanos Patricia y Jorge Gamboa Wong, ex diputada local y ex director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida.
“Ahora ya conocemos qué tipo de asesorías ofrecen esos ex funcionarios públicos panistas” subrayó
Congreso
- Tizimín En el PRI condenan el caso del alcalde de Tizimín, pero en el PAN lo defienden.Exijan a la autoridad Un diputado del PRI pidió a los habitantes de Tizimín que exijan a la autoridad municipal que sea congruente entre lo que dice y hace, de lo contrario esos discursos en donde se desgarra las vestiduras quedarán en entredicho.
Su papá le paga Una diputada del PAN dice que el hijo del alcalde no tiene ningún cargo en el Ayuntamiento: “No manda ni tiene cargo y su papá le paga, no el municipio”.
Que explique El priista insistió: “Que el alcalde José Mezo explique a la comunidad de Tizimín por qué fomenta el nepotismo. Sería mucho más honesto que lo acepte”.
Varios problemas frenan proyectos
La jefa del Ejecutivo precisó que con el INAH el problema es porque la mayoría de las veces que trazan una carretera se topan con zonas arqueológicas y las tienen que calificar.
Por ejemplo, citó el caso del Parque Científico y Tecnológico, donde trazaron la carretera y se encontraron tres montículos.
Ivonne Ortega dijo que con la Semarnat tienen varios proyectos: “Se tardó mucho en trámites para iniciar el malecón internacional y el Palacio de la Civilización Maya, por ejemplo”.
Entre trámites y vueltas con esas dependencias, indicó que se han llevado los tres años de su gobierno, pero ya cumplieron las normas que marca la Ley y espera que todo se agilice.
Señaló que no quiere pensar que en estos atrasos tenga algo que ver el hecho de que el ex gobernador panista Patricio Patrón Laviada esté en la Profepa, “que es parte de la Semarnat”.
—Esperemos que no, creo que todos tenemos el compromiso de desarrollar el Estado y en consecuencia el país, sería muy lamentable que con fines políticos se frenara o atrasara el desarrollo del estado —comentó.
Sobre la ley antimigrante que entra en vigor hoy en Arizona, la gobernadora dijo que es algo que todos los gobernadores del país han rechazado y cuestionado.
—Lamentablemente no hemos hallado oídos a ese rechazo y estaremos pendientes —indicó.
Según los reportes que tiene, al parecer no hay muchos yucatecos en Arizona.
Entre sus actividades, Ivonne Ortega atestiguó ayer la firma de dos convenios: uno para facilitar la comercialización de artesanías en tiendas del Isstey y otro para beneficiar a empleados de la dependencia encargada de la seguridad social de los trabajadores estatales.
Ya se invirtieron $40 Mlls. en el plan del tren rápido
A la fecha se han invertido unos 40 millones de pesos en estudios del Tren Rápido y se espera tener los resultados definitivos el próximo mes de septiembre, dijo el secretario de obras públicas del gobierno del Estado, Francisco Torres Rivas.
Añadió que de contar con esos resultados en el tiempo previsto, estarían en posibilidades de iniciar esta obra en el primer semestre del próximo año.
También indicó que hay cinco empresas interesadas en desarrollar este proyecto y aun cuando por no convenir en estos momentos no puede dar a conocer los nombres de éstas, anticipó que son de Canada, España, Corea, China y México.
Estimó que sería hasta más adelante, luego de conocer los resultados del estudio de factibilidad, cuando se definirá qué empresa tendrá a su cargo realizar el proyecto en 2011.
Los recursos para realizar este proyecto, comentó, serían del Estado, la Federación y los particulares que decidan invertir.
Para eso, indicó que trabajarán desde ahora en el cabildeo con los diputados federales para que apoyen el proyecto en 2011.
El funcionario recordó que los estudios de factibilidad de este proyecto están a cargo de un despacho particular, del ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno pasado de Vicente Fox Quesada, Aarón Dickter.
Informó que desde 2008 cuando empezaron a trabajar en este proyecto los estudios se han financiado con diversos recursos.
Inicialmente, comentó, le destinaron 15 millones de pesos del Fideicomiso de Infraestructura y en el presente año le asignaron 25 millones de pesos más.
Estos últimos 25 millones, precisó Torres Rivas, fueron parte del préstamo que autorizó al Gobierno del Estadola anterior legislatura.
No quitará la vista el PAN en el caso Ucú
“Los que tienen fuertes intereses económicos y políticos en este caso no somos nosotros, sino los funcionarios del gobierno del Estado y sus allegados”, replicó la ex procuradora del DIF al responder a las críticas del asesor del ejido Luis Fernando Pérez Escalante.
“Es un caso difícil, lo sabemos, los tentáculos de la corrupción pueden llegar hasta las más altas esferas del gobierno, pero nosotros seguiremos en la lucha por el respeto a la ley”, indicó la ex coordinadora de la bancada panista del Congreso.
Al dar su versión de la polémica operación, Pérez Escalante afirmó, como publicamos, que en breve obtendrán el dominio pleno y los títulos de propiedad para concretar la venta de las 3,012 hectáreas del ejido.
“Eso está por verse”, señaló Patricia Gamboa.
“Hasta donde sabemos el proceso está detenido porque se encontraron irregularidades, en particular violaciones a la Ley Agraria, por tratarse de tierras forestales que no son sujetas de compraventa —recalcó—. Esperamos que las autoridades estatales no sigan cayendo en ilegalidades ni en actos de corrupción”.
Patricia Gamboa y el senador suplente Hugo Laviada Molina interpusieron ante la Procuraduría una denuncia por peculado y prestación indebida del servicio público contra los involucrados en la compraventa de Ucú.
Los denunciantes afirmaron que hay un desvío de $343 millones, ya que el Ejecutivo pagó por un bien que no tiene en propiedad hasta hoy.
“De acuerdo con la ley no pueden comprarlas. Tampoco las podrían utilizar por ser reservas forestales”, reiteró la abogada Gamboa Wong.
“Haciendo a un lado sus críticas, el asesor de Ucú sólo vino a enredar más con su versión el caso Ucú. El dice que el IVEY es el que paga a los ejidatarios, pero ¿por qué el IVEY si el que pidió el préstamo para las tierras es el Ejecutivo? Jurídicamente son dos intancias diferentes.
“¿Hay traslape de responsabilidades o simplemente les vale gorro la ley? Si el Ejecutivo pidió el crédito, es el que debería estar pagando a los ejidatarios, no el IVEY”, advirtió la abogada.
“Otra mentira que saca a relucir el asesor es que este gobierno sí usó un intermediario en la operación de Ucú. Se habían ufanado de que ellos no lo estaban haciendo, como, según dijeron, lo hizo el gobierno anterior.
“El propio Pérez Escalante reveló que el gobierno del Estado le paga una comisión.
“El asesor puede decir que están por obtener los títulos de propiedad de las tierras, pero habrá que esperar. Aunque, claro, se podría esperar todo, ya no nos asusta nada.
“En este momento los hechos hablan: el Ejecutivo ya pagó por unas tierras que no tiene, nadie tiene los títulos de propiedad. No crean que porque ya no estamos en funciones vamos a dejar las cosas como están.
“Los diputados actuales y los legisladores federales del PAN le van a dar seguimiento a este caso de peculado y prestación indebida del servicio público”, subrayó la ex diputada panista.
El problema de los baches, “a la baja”
Antonio Duarte Briceño, director de Obras Públicas, explicó que ya han atendido 23 mil metros cuadrados de calles, entre las que se encuentran las más importantes de la ciudad y varias avenidas.
Con esta medida se han reducido las zonas de esos agujeros de 1,200 reportadas al principio de esta administración a 800.
El programa se puso en marcha en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que encabeza Rodrigo Victoria Olalde.
Duarte Briceño agregó que atenderán todos los reportes que les lleguen por cualquier vía. Durante la presentación se hizo una demostración del servicio en tiempo real.
En la visita a la Dirección de Obras Públicas, la alcaldesa también dio a conocer el plan 100 acciones en los primeros 100 días de gobierno.
El programa beneficiará a 92 colonias de la capital yucateca, con obras en infraestructura, vivienda, calles, parques y jardines con una inversión superior a los $53 millones.
Estos trabajos se enfocarán principalmente a la periferia de la ciudad, sobre todo a zonas ubicadas en el Sur, Oriente y Poniente. Los recursos se distribuirán por medio de varios programas: Rescate de Espacios Públicos, con una inversión de $22.374,300, con 11 acciones en beneficio de 11 colonias.
Hábitat 2010, con recursos por $28.641, 022. Atenderá a 30 colonias con 51 acciones.
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu), con una inversión de $1.014,025, para la realización de 19 acciones en 16 colonias, específicamente en la construcción de sistemas de alcantarillado.
También Plan de Infraestructura (Ramo 33), que llegará a 14 colonias con 19 acciones con $1.083, 686 , y por último el plan Tu Casa, que llega a 101 colonias con 375 medidas que incluyen construcciones de baños, pies de casa y techos.
100 acciones
- Programa Angélica Araujo dio a conocer el plan 100 acciones en los primeros 100 días de gobierno: Construcción Los recursos serán para la construcción de guarniciones, aceras, calles y pasos peatonales, ampliación de la red eléctrica y de agua, rehabilitación de parques, edificación de baños, pies de casa y techos.
Condonarán recargos del predial
El Cabildo aprobó por unanimidad la creación del Programa de Apoyo a Deudores de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. mediante el cual se condonan el cien por ciento de las multas y los recargos de los morosos del Predial que se pongan al corriente.
En sesión extraordinaria se aprobó que, para acogerse a se beneficio, los contribuyentes deberán ponerse al día antes del 31 de diciembre de este año.
El programa, que estará vigente a partir del 1 de agosto, especifica que el contribuyente que haya firmado un convenio de pago en parcialidades anterior a la fecha de entrada en vigor de este nuevo acuerdo se beneficiará por la parte insoluta del crédito, siempre y cuando esté al corriente en los pagos pactados.
De los 313,036 predios registrados en la ciudad, 101,004 están en cartera vencida, lo que significa un adeudo de $215.611,641 de junio de 2005 a la fecha.
En la misma sesión, los regidores aprobaron la propuesta de la alcaldesa Angélica Araujo Lara para la creación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (Copladem).
El Copladem será el órgano técnico, coordinado y consultivo en materia de planeación municipal y promoverá la participación ciudadana en todos los sectores sociales, y mantendrá la coordinación en todos los niveles de gobierno.
El consejo será presidido por Angélica Araujo y estará integrado por regidores, directores municipales, comisarios y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la Secretaría de Planeación y Presupuesto del gobierno del Estado, así como a instituciones académicas y organismos no gubernamentales.
En el tercer punto de la reunión, la alcaldesa puso a consideración del Cabildo la ampliación del plazo de trabajo de varias empresas que prestan sus servicios al municipio, en espera de los concursos correspondientes, y las bases de licitación sobre los programas de Rescate de Espacios Públicos y Hábitat, que se aprobaron por unanimidad.
Varios regidores hicieron uso de la palabra para subrayar la importancia de la coordinación con todos los niveles de gobierno.
Grave falla del sector turístico
Los empresarios del sector turístico ven con preocupación la falta de grandes congresos y convenciones en esta plaza, en particular en la temporada alta de esas reuniones en el país, informó Armando Casares Espinosa, quien tiene la comisión en ese rubro en el Consejo Empresarial Turístico (Cetur).
Los únicos eventos programados o que se han realizado en ese rubro son pequeños, apuntó. No hay reuniones que traigan un mínimo de 1,000 ó 1,500 visitantes en cada caso. La falta de esas convenciones y exposiciones se refleja un menor flujo de turistas nacionales y extranjeros.
—El lapso septiembre-diciembre es tradicionalmente el más productivo en ese rubro, y sin embargo para esta temporada no hay programado ningún evento con gran número de asistentes.
—Esta situación es consecuencia del trabajo que se dejó de hacer para promover a Mérida y para cerrar tratos que aseguren la realización de eventos en esta capital —indicó el directivo, quien es agente de viajes.
Indicó que el mercado de las convenciones y congresos es especial, la tarea de promoción en ese rubro se hace con mucha anticipación y abunda la competencia, cada destino ofrece tarifas, servicios y otros atractivos para lograr contratos.
También subrayó la importancia de no interrumpir promociones e incluso reforzarlas porque cada vez surgen más centros de convenciones en el país y crece la competencia para Mérida.
—Un elemento en contra nuestra es la elevada tarifa de avión, lo cual nos pone en desventaja contra las ciudades de León, Acapulco y Veracruz, a las cuales se puede llegar por carretera desde la metrópoli. Esos tres sitios nos están quitando convenciones.
—A ello se suma la tarifa del Centro de Convenciones Siglo XXI, que es mayor que la de otras instalaciones de su tipo en el país. La ciudad de León arrebató un evento a Mérida al dar un descuento de 50% en su centro de convenciones.
En Mérida hay que analizar si nos conviene hacer lo mismo a cambio de la derrama económica que dejan los convencionistas.
Reporte directo: “*bache”
Con el propósito de brindar mejor atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Mérida puso en marcha el programa asterisco bache (“*bache”), que consiste en enviar un mensaje de texto vía celular para reportar este tipo de agujeros en las calles.
La capacidad de respuesta es de hasta 72 horas. El plan consiste en enviar, vía mensaje, la palabra BACHE más la dirección exacta del lugar donde está el agujero, al teléfono 99-91-29-59-59.
Un funcionario recibe el reporte del sistema, canaliza la petición al responsable y se asigna una cuadrilla para atender cada solicitud. Al concluir los trabajos el ciudadano recibe un mensaje de texto vía celular, en el que se le comunica que su petición ha sido atendida.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara encabezó ayer la presentación del programa.
Contraste en el empleo
- Menor índice de desocupación, pero sueldos muy bajos en el Estado
- 560 mil trabajadores ganan entre uno y tres salarios mínimos
Yucatán vive las dos caras de la moneda en cuestión de empleo, pues por un lado es uno de los estados con menor índice de desempleo, pero por el otro figura entre los que pagan los más bajos sueldos del país, afirmó el secretario del Trabajo en la entidad, Miguel Angel Rubio Zaldivar.
En el marco de la inauguración del Kiosco del Empleo, en el edificio del Registro Civil, que se ubica en la calle 65 entre 64 y 66, Rubio Zaldívar dijo que el 70 por ciento de los 800 mil trabajadores con empleo formal que hay en el estado gana entre uno y tres salarios mínimos al día, es decir entre 54.47 y 163.41 pesos.
Sólo un llamado
“Lo único que hacemos es exhortar a los empresarios para que mejoren la condición de los empleados”.
El funcionario detalló que de los 560,000 que ganan entre uno y tres salarios, la mayoría (alrededor de 450 mil) no rebasa los dos salarios mínimos.
También indicó que de acuerdo con el reporte del Inegi del primer trimestre del año, Yucatán se ubica en el quinto lugar de los estados con la menor tasa de desempleo, con 2.9 por ciento, cuando el promedio nacional es de 5.7 por ciento.
“En el próximo reporte del Inegi, Yucatán se debe ubicar en el segundo o tercer lugar”.
Bajos sueldos
En contraste, el Estado está en el lugar 26 de 32 en relación con los sueldos que paga.
Asimismo, informó que en otros estados del país el salario mínimo es de 57.46 diarios y la mayoría gana entre 3 y 6 salarios al día.
Ayer se inauguró el segundo kiosco del empleo en el Estado, en el edificio del Registro Civil ubicado en la calle 65 entre 66 y 68 del Centro, y funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Miguel Angel Rubio Zaldívar, secretario del Empleo, declaró que el kiosco será de gran ayuda para los buscadores de empleo.
“Hay miles de vacantes, no sólo en Yucatán, sino en el país”, añadió.
Luego del corte del listón inaugural, Rubio Zaldivar informó que por la crisis económica del año pasado se perdieron alrededor de 7,500 empleos, y hasta ayer se había recuperado la totalidad de los empleos y se habían reincorporado al empleo formal otras 6,680 personas.
El otro kiosco está en el Pasaje Picheta. Los buscadores de empleo nada más tienen que ir a esos lugares e introducir en la máquina datos personales y experiencia laboral; de inmediato les saldrán las opciones de empleo acordes con su perfil.
Hay otros dos centros digitales para buscar empleo, uno en la Japay y el otro en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, en la Ciudad Industrial.
En estos centros, además de la oferta de vacantes, el buscador de empleo recibe asesoría acerca de la manera de elaborar un curriculum y cómo hacer una buena entrevista de trabajo.
En lo que va del año 7,447 usuarios han utilizado el servicio del kiosco, es decir, 1,241 personas cada mes.
Dafne López Martínez, director del Registro Civil, indicó que a esa oficina acuden aproximadamente 800 personas al día, por lo que resulta importante acercarles ese servicio para que conozcan las posibilidades de empleo.
En el país hay 66 kioscos de consulta y a través de ellos los interesados también pueden inscribirse a listas de correo electrónico para recibir avisos sobre ofertas de empleo.
La inauguración estuvo a cargo del consejero jurídico del Estado, Sergio Cuevas González, Rubio Zaldívar, el delegado de la Secretaría del Trabajo, Luis López López, y López Martínez.
Colocan cadenas en el malecón de Progreso
PROGRESO.— Empleados del restaurante “Henequenes”, encabezados por un mesero, colocaron una cadena y cinta amarilla en el área de playa de ese negocio en el malecón para evitar que entren los ambulantes.
La medida causó problemas a turistas de crucero que llegaron ayer y ocasionó el malestar de ambulantes y trovadores, porque en el área delimitada no les permitían la entrada.
Con el argumento de que los ambulantes acosan a los turistas y porque “Henequenes” tiene concesión en la playa, los meseros delimitaron y prácticamente convirtieron la zona en playa privada.
La cadena y la cinta amarilla fueron colocadas a las 9 de la mañana, cuando los turistas de barco comenzaron a llegar al malecón.
“Henequenes” está al inicio del malecón. Igual que otros restaurantes, tiene palapa en la playa donde atiende a sus clientes, turistas locales, nacionales y extranjeros que llegan al puerto, pero fue el único que delimitó su área.
Los trovadores Juan de Dios Cortés Valdez, Pedro Peraza y Marco Moreno García externaron su inconformidad.
Otros ambulantes también se quejaron del cierre de la playa y lo reportaron a agentes de la policía municipal, que a su vez se comunicaron al ayuntamiento.
Los meseros, molestos por la presencia del representante del Diario, acusaron a los ambulantes de ser rateros y “una bola de m...”, y por culpa de ellos “Henequenes” tiene dos demandas por parte de la naviera Carnival, que trae los cruceros.
En forma prepotente y amenazadora, el mesero que encabezó el cierre dijo que tienen la concesión de la playa y por eso colocaron la cadena y la cinta amarilla, pero se negó a mostrar la concesión y a identificarse.
Su actitud cambió cuando llegó el director municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre, Mario Ahumada Fuentes, y se entrevistó con el gerente del restaurante, Eric Graniel Graniel.
Enseguida los meseros retiraron la cadena y cinta amarilla.
Preparan una propuesta para mejorar los Cendis
El Ayuntamiento de Mérida renovaría las concesiones y servicios que terceros ofrecen al DIF municipal, a fin de garantizar el buen estado de los alimentos que ofrecen a los ciudadanos que atienden.
Durante un recorrido de supervisión por el Cendi Integrador, el “U' najil Paalal” (La casa del niño) del mercado San Benito y el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM), la alcaldesa Angélica Araujo Lara dijo que harán una propuesta para mejorar el suministro de alimentos de manera ágil y garantizar que estén en óptimas condiciones. Con base en este procedimiento se haría la licitación para el suministro de frutas, verduras, carne, víveres y abarrotes.
Durante la visita, la alcaldesa supervisó la condición de las instalaciones y habló con el personal sobre las necesidades en estos centros y las personas que reciben los servicios.
En el Cendi “U' najil Paalal” del mercado San Benito solicitó a las responsables un proyecto de renovación integral o reubicación del lugar ante las condiciones en que opera hoy día.
Personal de los Cendis y el CAAM informó a la concejala sobre los problemas de caducidad de algunos alimentos y la necesidad de un mejor sistema de abasto de estos productos.
—Como han visto, que cada área adquiera individualmente lo que considere le servirá causa que tengamos desperdicios en los alimentos —agregó.
Por este motivo, la funcionaria señaló que revisarán administrativamente sus requerimientos para que —en caso de que sea necesario— se cambie el proceso de distribución.
Con este propósito analizan la posibilidad de tener una bodega que suministre lo necesario a cada una de las áreas que maneja alimentos, “y no como ahora, que cada uno pide y concentra los productos”.
—Encontraremos la manera ágil y rápida de tener los alimentos, cuidando que estén en buen estado y que sean los que se necesitan —aseguró.
En cuanto a infraestructura, la alcaldesa agregó que los principales problemas que se reportan son filtraciones en los techos a causa de las lluvias y falta de mantenimiento en las áreas exteriores, cuyos servicios brindan terceros a la Comuna.
Fue ejecución no un robo
De acuerdo con las declaraciones de los cuatro detenidos (dos están prófugos), el robo no ocurrió, pues esa dependencia recuperó $14,000.
Los acusados sólo se llevaron $2,000. La otra cantidad se encontró en el lugar de los hechos, en el fraccionamiento Miraflores.
Se desconoce dónde acabó la “gran cantidad de dinero” que tenía el occiso en su casa. La empleada doméstica Candelaria Gómez Alegría, detenida, habló del efectivo que tenía el occiso.
Los otros detenidos son David Melchor Vela Peralta, sobrino del occiso, la bailarina Hortensia López Gómez y su padre Sofomías López Alvarez. Están prófugos el ex militar Mariano López Gómez, también hijo de López Alvarez y un amigo de éste que lo acompañó en el crimen.
Los datos que hacen sospechar que estaba anunciada la muerte de Vela Peralta es que el fallecido se quedó solo con la empleada doméstica: su esposa salió de viaje y su sobrino fue a comprar empanadas y dejó la puerta abierta. Al retornar encontró “asustada” a Candelaria Gómez, hablaron del ataque y ambos se fueron a la casa de la doméstica en la colonia Plan de Ayala Sur.
Informaron a todos los demás involucrados de los hechos y, casi tres horas después, avisaron a la policía. Vela Peralta recibió un tiro en la cabeza.
Uno de los encapuchados, que se supone es Mariano López, dijo a Candelaria en el lugar de los hechos “agarra el dinero y luego me dan mi parte” y se retiró.
La esposa del occiso retornó de viaje el día del crimen.
El robo no fue señalado como el móvil del crimen. Las investigaciones de la Procuraduría hablan de una confabulación entre los inculpados y los prófugos para acabar con Vela Peralta por motivos que no se precisaron.
Esta omisión robustece la versión de que el caso fue un “ajuste de cuentas”, pero la Procuraduría encaminó sus primeras investigaciones a un homicidio por robo.
Denuncian por abuso a judiciales
En visita al Diario, Euán Caamal, vecino de la calle 42 entre 11 y 12 del barrio de San Joaquín, relata que hace unas semanas a su negocio llegó Fredy Mena, quien llevó su vehículo para limpieza y lavado.
“Tres horas después que llevó su vehículo, el cliente me llamó para decirme que se le habían perdido $6,900 que había en el interior.
“Yo le dije que no había ningún dinero en el automóvil. Sin embargo, él me denunció en el Ministerio Público.
“Llevo más de cinco años en este trabajo y nunca había tenido problemas e, incluso, no tiraría a la basura todo lo que he hecho lavando autos”.
El quejoso indica que policías judiciales le detuvieron por una orden de aprehensión y le obligaron a firmar un pagaré para devolver el dinero.
Amenazas “Yo les dije una y otra vez que no tomé ese dinero. Sin embargo, el agente judicial de nombre Julián me obligó a firmar esos pagarés bajo amenaza e, incluso, me amenazo con golpearme si yo publicaba esta anomalía.
“Es lamentable la actitud de la Policía Judicial, pues debe de investigar primero como ocurrieron los hechos, pero hay complicidad con el denunciante.
“Meses separado en forma injusta”
En un comunicado, el inconfome recordó que fue detenido por una acusación penal que considera injusta. También se le siguió un proceso administrativo que aún no concluye.
Además de Chuc Cisneros fue detenido el secretario de ese juzgado, Edwin Uc Suárez, quien, como publicamos, obtuvo el amparo de la justicia federal porque no hay pruebas en su contra y está sometido a juicio por el Juzgado 3o. Penal.
El amparo obtenido por Uc Suárez aún no causa efectos legales, sino transcurrido 10 días hábiles, lapso que vencerá en la primera quincena de agosto.
Mientras tanto, los dos abogados están suspendidos de sus cargos y labores.
“Estoy sin empleo, sin dinero para sobrevivir y con una (mala) fama pública que me crearon, todo por una acusación que es injusta”, expresó Chuc Cisneros en su escrito.
El abogado insistió en su inocencia en los dos procesos, el penal y el administrativo.
En relación con éste último, solicitó al Tribunal Superior de Justicia un veredicto para que de alguna manera se determine su situación laboral. Asimismo se pregunta si es “un chivo expiatorio” o víctima de una “venganza o de intereses personales”.
Hay nueva herramienta para notificar calles con baches
Para dar una respuesta inmediata a los ciudadanos, la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, presentará hoy el programa Asterisco Bache.
Los detalles del nuevo plan se darán a conocer hoy, en el marco de una visita que la funcionaria hará a la Dirección de Obras Públicas.
La alcaldesa explicó que con este nuevo programa se responderán, “prácticamente en tiempo real”, todos los reportes de los ciudadanos.
En la presentación se mostrará cómo operará el nuevo sistema, incluso con un ejemplo, para que los ciudadanos sepan cómo funciona “y desde su teléfono celular denuncien o señalen dónde hay baches, para que se atienda lo más pronto posible”.
Angélica Araujo agregó que el programa funcionará en toda la ciudad, y que los habitantes ayudarán a las autoridades proporcionando la dirección en donde está el bache, a través de un mensaje, para que se le dé respuesta inmediata a sus necesidades con las cuadrillas municipales.
Critican el “pago de favores”
El presidente de la asociación civil Jóvenes con Liderazgo Humanista, Roberto Tzuc Cel, dijo que es lamentable que el gobierno del Estado sacrifique la excelencia académica de los alumnos del Conalep para privilegiar el pago de favores de campaña con la designación de Edwin Espadas Cervantes como su director general.
“Designar al coordinador de la campaña juvenil del PRI a la alcaldía de Mérida como nuevo director del Conalep sin tener la formación académica ni la experiencia suficiente para ello compromete notablemente la educación de miles de jóvenes”, añadió el activista, de 25 años de edad y contador público de profesión, de acuerdo con un comunicado de ese organismo.
“La educación de los jóvenes no debe quedar en manos de gente sin el perfil adecuado, en manos de quienes carecen de la formación necesaria para tan importante responsabilidad.
“Además, el nombramiento de Vida Gómez Herrera, quien era dirigente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, como directora de Mérida Joven es señal de que la alcaldesa hará uso de nuestros impuestos para su promoción personal”.
“Estas designaciones constituyen el inicio de la conformación de la estructura electoral del PRI de cara al 2012, utilizando recursos públicos, de modo que representan una afrenta para la sociedad”, sostuvo el activista.
“Edwin Espadas hasta hoy sigue siendo presidente de Actitud 21, la asociación civil creada por el PRI que por la vía de la compra o coacción sirvió para reclutar cientos de jóvenes para las pasadas campañas electorales. Todo indica que la designación de Edwin Espadas buscará hacer del Conalep un instrumento de coacción y compra del voto del PRI con miras al 2012”, puntualizó.
Sobre el nuevo director del Conalep, Roberto Tzuc destacó que los padres de familia y la sociedad en general deben estar pendientes del desempeño de las nuevas autoridades de ese centro de estudios.
El comunicado indica que Jóvenes con Liderazgo Humanista es una asociación civil conformada por universitarios de la capital y el interior del Estado que trabajan para promover la superación de quienes menos tienen, en especial de los jóvenes, a quienes brindan apoyo para que puedan continuar sus estudios.
Presunto nepotismo en Tizimín
TIZIMÍN.— A pesar de que el alcalde José Dolores Mezo Peniche criticó en la administración pasada el nepotismo, empleados de la Comuna revelan que el primer edil se contradice, pues “es evidente que familiares de funcionarios laboran en el ayuntamiento panista”.
Según se constató en el palacio municipal, la funcionaria Lorena Vázquez Díaz, directora de Equidad y Género, colocó a su hijo Sergio Pérez Vázquez en el área jurídica de la Comuna.
El director de la Policía, Fredy Aranda Herrera, contrató como instructor a su entenado Luciano Andrés González Sierra, quien imparte cursos a los policías municipales.
También trabajan en el ayuntamiento Armando Díaz Sansores, como chofer del DIF, y su sobrina Margely Díaz, asistente en el área de Servicios Públicos. En el palacio municipal también se ha visto en varias ocasiones a José Alejandro Mezo Gastelum, hijo del alcalde, caminado por los pasillos, entrando a las oficinas y dando indicaciones a los empleados del Ayuntamiento de Tizimín. Según el primer edil, su hijo mayor sólo acude al palacio municipal “cuando él lo llama para una asesoría personal”.
En entrevista el 9 de julio el alcalde dijo que en su gestión no habría nepotismo.
