Con el registro oficial de sus candidatos para el proceso electoral de mayo, el PRI tiene 11 días para entregar al Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana su informe de gastos de precampaña. Cada candidato tiene siete días para entregar a su partido sus respectivos gastos, y su partido cuatro días para revisar el informe y entregarlo al Ipepac.
Como informamos, ayer el PRI realizó un magno evento que incluyó la movilización de 30 mil personas, de acuerdo con los organizadores, en poco más de 200 autobuses.
Se instalaron tarimas, hubo grupos musicales, se imprimieron camisetas y se repartió comida, entre otras cosas.
Néstor Santín Velázquez, consejero del Ipepac y presidente de las comisiones de Precampañas y Denuncias Electorales, recordó que cada partido tiene 11 días para informar a la autoridad electoral sus gastos de precampaña, a partir de que registren oficialmente a sus candidatos. El PAN ya lo hizo porque su proceso de elección se realizó el domingo 7 de febrero.
El consejero recordó que el monto de gasto para las precampañas corresponde al 20% del presupuesto que se les destinó para las elecciones federales de hace tres años, a cada candidato se le aprobó un tope de $1.367,082.
—Para la elección constitucional, los partidos tienen permitido recibir aportaciones de sus militantes para el financiamiento de sus campañas, pero tienen topes establecidos —afirmó. El consejero explicó que la fórmula para establecer los montos máximos de aportaciones de militantes equivale al 20% del monto anual destinado al gasto ordinario de los partidos. Este asciende a $28.866,303, por lo tanto cada partido puede recibir de sus militantes hasta $2.866,303 para las campañas.
Cada partido, explicó el consejero, sólo puede recibir de cada simpatizante un monto máximo de aportación voluntaria de $143,315, equivalente al .5% del monto destinado por gasto corriente —explicó.
Los partidos tienen estrictamente prohibido recibir recursos de las empresas privadas. Recordó que los partidos políticos reciben recursos públicos por tres rubros: gasto ordinario, para su funcionamiento; promoción del voto, para las campañas, y actividades específicas.
