Noticias de Yucatán
—Las autoridades no están para reprimir a los ciudadanos sino para escucharlos y atenderlos —agregó—. No debe haber represión incluso en casos de actividades comerciales que afecten la imagen del gobierno.
—La detención de los jóvenes fue un error, no podemos menos que condenarlo. Sin embargo, hay que decir que el tono que ha tomado la campaña electoral se presta a este tipo de cosas.
—Y esto se debe a que funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal se meten en el proceso.
La presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, indicó que en la detención de esas dos personas se violaron varias leyes y garantías ciudadanas.
—Se falsificaron expedientes, se violó la libertad de expresión y se quebrantaron otros derechos.
En una entrevista, la dirigente resumió los atropellos contra esos vendedores de camisetas: el gobierno se contradijo al dar varias versiones sobre el motivo de la detención, impidió a los acusados comunicarse con familiares o un defensor, y les aplicó tortura fisica y psicológica.
Además los mantuvieron encarcelados (en tres lugares distintos: celdas de la Secretaría de Seguridad Pública, de Policia Judicial y de la PGR), fueron privados de su libertad durante un día, pagaron $15,000 para poder salir en libertad y quien los acusó resultó un individuo que tuvo problemas con la ley.
—Resulta extraño que la Comisión de Derechos Humanos haya dado 15 días al gobierno estatal para proporcionar unas cuantas copias de este asunto. Eso puede hacerse en unas horas.
—Extraña el silencio de cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros sectores de la sociedad sobre estos atropellos. Esto sería parte de la apatia y el temor social que observamos hoy día.
Ayer también opinaron del caso Luis Medina Cantillo, uno de los coordinadores de Sociedad en Movimiento, y la diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama. Uno de los detenidos y sus familiares aportaron sus testimonios.
(abuso, injusticia, represión, impunidad, prepotencia)
Opiniones de PAN y PRD: se violaron leyes y garantías civiles
· Extrañeza por el silencio de varios sectores sociales
02/03/2010
La detención de los dos jóvenes que vendían camisetas con la leyenda de “Yo chiflé a Ibom” es condenable, fue una acción ilegal e ilegítima del gobierno del Estado, declaró Alejandro Cuevas Mena, líder local del PRD.—Las autoridades no están para reprimir a los ciudadanos sino para escucharlos y atenderlos —agregó—. No debe haber represión incluso en casos de actividades comerciales que afecten la imagen del gobierno.
—La detención de los jóvenes fue un error, no podemos menos que condenarlo. Sin embargo, hay que decir que el tono que ha tomado la campaña electoral se presta a este tipo de cosas.
—Y esto se debe a que funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal se meten en el proceso.
La presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, indicó que en la detención de esas dos personas se violaron varias leyes y garantías ciudadanas.
—Se falsificaron expedientes, se violó la libertad de expresión y se quebrantaron otros derechos.
En una entrevista, la dirigente resumió los atropellos contra esos vendedores de camisetas: el gobierno se contradijo al dar varias versiones sobre el motivo de la detención, impidió a los acusados comunicarse con familiares o un defensor, y les aplicó tortura fisica y psicológica.
Además los mantuvieron encarcelados (en tres lugares distintos: celdas de la Secretaría de Seguridad Pública, de Policia Judicial y de la PGR), fueron privados de su libertad durante un día, pagaron $15,000 para poder salir en libertad y quien los acusó resultó un individuo que tuvo problemas con la ley.
—Resulta extraño que la Comisión de Derechos Humanos haya dado 15 días al gobierno estatal para proporcionar unas cuantas copias de este asunto. Eso puede hacerse en unas horas.
—Extraña el silencio de cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros sectores de la sociedad sobre estos atropellos. Esto sería parte de la apatia y el temor social que observamos hoy día.
Ayer también opinaron del caso Luis Medina Cantillo, uno de los coordinadores de Sociedad en Movimiento, y la diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama. Uno de los detenidos y sus familiares aportaron sus testimonios.
