- Este fin de semana podría terminar la auditoría a un funcionario
- Rastrean también a subalternos de González Caamal
Auditores de la Contraloría estatal llevan más de dos días revisando hasta altas horas de la noche las cuentas de la dirección de Administración y Finanzas de la Oficina de la Gobernadora, luego del escándalo de la mansión de Ixil, presuntamente propiedad de Carlos González Caamal, titular de esa dirección.
Como hemos informado, González Caamal es el presunto propietario de una lujosa casa en las afueras de Ixil, cuyo costo no corresponde a sus ingresos como funcionario público. También es dueño, al parecer, de otros negocios, entre ellos un restaurante de lujo.
El lunes, cuando el Diario dio a conocer la existencia de esa mansión, la gobernadora Ivonne Ortega ordenó una investigación interna en su propia Oficina, que dirige el chiapaneco Ulises Carrillo Cabrera. También se inició otra, por cuenta de la Contraloría local.
Fuentes cercanas a esa investigación revelan que sus primeros resultados podrían conocerse mañana viernes, “y será hasta entonces cuando se tomen las medidas necesarias“.
Según esas fuentes, la auditoría se habría extendido también a las operaciones realizadas por los subalternos de González Caamal.
Auditores de la Contraloría investigan el presunto caso de enriquecimiento ilícito cometido por el director de Administración y Finanzas de la Oficina de la Gobernadora, Carlos González Caamal.
La investigación, como indicamos en la primera página, llegaría también al jefe del Departamento de Control Presupuestal de esa dependencia, José Carlos Vargas Jiménez, y a la jefa del Departamento de Compras, Nery Marlene May Hurtado, ambos muy cercanos a González Caamal, según testimonios recabados.
Asesor Hasta antes de su incorporación al gabinete estatal, Vargas Jiménez, oriundo de Arriaga, Chiapas, desempeñó el cargo de director de Planeación, Desarrollo Económico y Control Presupuestal en el Ayuntamiento de Tizimín, presidido por José Luis Peniche Bates, acusado recientemente de un desvío de fondos públicos.
Según la ex regidora de ese Ayuntamiento Evangelina Castro Cauich, Vargas Jiménez ocupó ese puesto de enero de 2008 a julio de 2009. “Renunció cuando recibió un trabajo mejor en Mérida, según dijo él mismo”.
Ex trabajadores de la Comuna tizimileña recuerdan que Vargas Jiménez “siempre estaba en la oficina de Peniche Bates, nunca se separaba de él”.
La Contraloría, según las fuentes consultadas, investiga si González Caamal y sus subalternos desviaron parte de los cuantiosos recursos asignados a la Oficina de la Gobernadora, en beneficio propio.
González, en su carácter de director de Administración y Finanzas de esa oficina, manejó en 2009 un presupuesto de $147.3 millones, 82 millones más de lo que le autorizó el el Congreso.
De esa cantidad, $44 millones se destinaron al pago de transferencias para contratación de servicios.
No obstante las serias acusaciones contra González y la revisión de sus cuentas por la Contraloría, la gobernadora Ivonne Ortega informó ayer que la oficina de su despacho, así como otras dependencias, han recibido “la certificación de calidad, que garantiza las buenas prácticas administrativas”.
