"El juicio político debe ser sin apasionamiento"

29 julio 2011
Noticias de Yucatán

(túnel, represión, violencia, juicio político, prd)

El PRD pide que se investigue a todos los involucrados
Publicada: 29 julio 2011

David Barrera Zavala, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirma que vigilarán que el juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara sea estrictamente jurídico, sin "apasionamientos partidistas".

El líder perredista indica también que en los sucesos del 4 de julio hay responsabilidades administrativas y penales de parte de los agresores y de las autoridades que se abstuvieron de cumplir su deber.

"Una parte de esas responsabilidades son de acción y otra es de omisión. En el primer caso están los que agredieron, y en el segundo quienes permitieron los ataques"; subraya.

"Las autoridades debieron recurrir a la fuerza pública para impedir los hechos de violencia. Resultó irresponsable la actitud de la gobernadora, quien dijo que no envió a los agentes policíacos al sitio para evitar que la situación fuera peor.

Si hubieran intervenido

"Al contrario, si hubiera intervenido la fuerza pública las cosas no habrían llegado al nivel que alcanzaron".

David Barrera expone también que el Ejecutivo estatal debe ordenar a la Fiscalía que actúe con prontitud en las investigaciones, pues ya transcurrió casi un mes y no hay resultados. Las decisiones legales, agrega, deben alcanzar a todos los responsables por igual, incluso a funcionarios de cualquier nivel, entre ellos regidores y diputados del PAN que intervinieron.

"Hay un vídeo donde se ve al regidor panista Kirbey Herrera Chab lanzar un golpe a una persona", expresa.

En su opinión, los violentos hechos de 4 de julio no debieron ocurrir y es deplorable que se haya reprimido a personas que se expresaban contra el túnel.

"Si la empresa Proser (constructora de la obra) consideraba que los manifestantes le impedían trabajar o se cometió algún delito cuando la gente subió a la maquinaria para que estas no realizaran su labor, entonces lo que procedía era que su propietario pusiera una denuncia ante la Fiscalía, para que ésta a su vez pidiera la fuerza pública.

"Los agresores no son empleados del Ayuntamiento ni de Proser, de modo que se presta a pensar que fueron contratados por alguien. Los atacantes no acudieron por voluntad propia".

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