Publicada: 29 julio 2011
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Al dar su punto de vista jurídico al respecto, Loría Vázquez dijo que esa información no es reservada, sí puede conocerla la población. Explicó que en el proceso para elegir al constructor no se licitó la obra sino el contrato respectivo, y la ley que regula los PPS es la que establece los parámetros mínimos que deben cumplirse en el convenio.
Por tanto, los ciudadanos pueden saber si se cumplen o no los parámetros que manda la ley. -Esto es similar a los contratos de adhesión, en los cuales una parte fija las condiciones y la otra sólo puede aceptarlos o rechazarlos -indicó Pablo Loría-. Los contratos de adhesión son como aquellos que la gente firma con las arrendadoras de vídeos, no hay forma de cambiarlas, sólo queda aceptarlos o rechazarlos.
Respecto al argumento del gobierno de no entregar esos datos porque es un "documento no finalizado, puesto que el mismo pudiera ser manipulado por las partes antes de la firma...", Loría Vázquez expuso que el acuerdo ya se firmó, así lo dieron a conocer los medios de difusión.
Es más, agregó, el contenido fue público desde la etapa del concurso en que se abrieron las propuestas de cada participante, "y ya transcurrieron los 45 días que marca la ley para firmar el contrato".
-Ese documento ya está finalizado, ya no puede ser manipulado por las partes y puede hacerse público. Si no estuviera firmado, entonces la empresa no estaría haciendo la obra.
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