Publicada: 20 agosto 2011
La falta de servicios de salud y educación, a pesar de ser los principales derechos de los infantes, es de lo que más se carece en Yucatán y su situación se agrava con la pornografía infantil, que es real, grave y no la admiten las autoridades, indicó Leticia Paredes Guerrero, investigadora de la Uady.
Consideró que el problema más grave es el referente a la salud, porque más del 50% de los menores ni siquiera tiene Seguro Popular.
Entrevistada luego de presentar ante funcionarios de diversos grupos civiles y académicos la base de datos para elaborar con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el análisis situacional de los derechos de los infantes en Yucatán, agregó que el conflicto con la salud se manifiesta por los requisitos que exigen las diferentes instancias para afiliarlos o porque sus padres no tienen esa prestación social en sus trabajos.
Sin embargo, en muchos casos -continuó Leticia Contreras- aunque sus padres cuenten con Seguridad Social por su profesión o labor, sus hijos no pueden gozar del mismo porque éstos no están en la escuela.
Sobre todo en el interior del Estado, al terminar la primaria muchos jóvenes - con edades entre los 11 y 17 años- deciden no continuar cursando la secundaria por lo que ya no se les permite a los padres que tengan ese beneficio.
"Se les niega un derecho que por ley les corresponde, y se estima que el 50% de los menores en Yucatán se encuentran en esta situación, lo que es un problema alarmante", añadió la investigadora.
Manifestó que otro conflicto entre los menores de edad es que en el nivel de estudios de secundaria al menos el 25% de los alumnos que se inscriben no concluyen el curso en tiempo y forma.
Leticia Contreras aclaró que lo anterior representa que ese porcentaje no realiza la secundaria en tres años, generalmente en más tiempo, y otros ni siquiera logran terminar el nivel.
Misión
El objetivo de su trabajo, precisó, es proporcionar de manera sistematizada información estadística de diversos indicadores de la niñez, la cual fue recabada en diversas instituciones que integra el gobierno y ponerla al servicio de las mismas instituciones gubernamentales, la sociedad civil, las universidades, los organismos a favor de la infancia y a todas aquellas personas interesadas en la temática.
Concretamente, señaló que se basan en los siete principales derechos de los infantes que son: Salud, Educación, Vida cultural y Recreación, Trato justo, Participación, Vivir en Familia y Protección.
Entre otros datos su estudio aporta información sobre muerte infantil, mortalidad materna, matrícula de inscripción, deserción y eficiencia terminal en educación básica obligatoria, matrícula de inscripción deserción y eficiencia terminal en educación media
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