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Empresarios, en el escándalo de Peniche Bates
La corrupción del ex alcalde priista de Tizimín José Luis Peniche Bates, documentada por la propia Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey), muestra la incapacidad de este organismo para fiscalizar los recursos públicos y también la estratégica participación de constructores y otro tipo de proveedores en las operaciones de desvío de dinero público.
Como hemos informado, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), antecedente de la Asey -el organismo del Congreso, supuestamente autónomo, encargado revisar las cuentas públicas, a cargo de René Márquez Arcila desde 2007- acreditó un presunto desvío de recursos por $64.120,620 en la gestión de Peniche Bates, según el documento “Observaciones no solventadas del H. Ayuntamiento de Tizimín en el periodo 2007-2010″, cuya copia tiene Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
En ese documento aparece una lista de constructores, algunos ya mencionados en entregas anteriores de este reportaje, y otros que no, como José Víctor Cantellano Baca, Jesús Edilberto Pinto Sánchez y Alejandro Cruz Chan Naal, este último ligado a Ivonne Ortega Pacheco y Angélica Araujo Lara.
Rastros
Chan Naal, de acuerdo con averiguaciones de Central 9, aparece como uno de los responsables de las graves deficiencias encontradas en la construcción de la Unidad Deportiva de Ciudad Caucel, inaugurada en mayo de 2011 por el Ayuntamiento de Mérida, y cerrada tres meses después, en medio de escandalosos indicios de corrupción, como abundaremos posteriormente.
En cuanto a Peniche Bates, la CMH le detectó anomalías calculadas inicialmente en $454.5 millones. El ex funcionario recibió “un pliego de observaciones” de la Contaduría Mayor y un plazo para solventarlas, es decir, aclarar las dudas o devolver el dinero desviado. El alcalde sólo solventó una parte -no se sabe en qué términos- pero dejó otra sin aclarar, de modo que la Contaduría entregó un informe de resultados al Congreso. Éste, como ya publicamos, declaró no aprobadas las cuentas del ex edil tizimileño y emitió un decreto en el que instruye a Márquez Arcila a proceder según la ley, la cual contempla la denuncia penal.
¿Sí o no?
Aunque Márquez habría interpuesto la denuncia, según hemos publicado, fuentes extraoficiales de la Asey nos aclaran que eso no ha ocurrido y el gobierno sigue sin recuperar el dinero y castigar a los responsables, pese a la gravedad de los desvíos.
Éstos fueron de tal magnitud que, dice el documento de la CMH, el constructor Cantellano Baca, uno de los favoritos de Peniche Bates, obtuvo 20 contratos de obra por un monto de $11.096,200, aproximadamente, en sólo cuatro meses, de mayo a octubre de 2009, aunque la Contaduría rechazó todos esos contratos. Los motivos: no presentó pruebas de la licitación pública, como marca la ley; de la autorización del cabildo y de la firma de los contratos respectivos. Tampoco los expedientes y especificaciones técnicas de las obras -por lo que no se tiene la certeza de que éstas se hicieron correctamente- y el pliego de condiciones con la firma del contratista. Esto sugiere, señala el reporte de la Contaduría Mayor, que Cantellano Baca “no conocía plenamente las condiciones para hacer las obras”.
En otros contratos revisados por la Contaduría, el empresario tampoco exhibió el programa de obra, las fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos y el acta de finiquito.
Impotencia
La mayor parte de sus contratos fueron para pavimentar y bachear calles, construir banquetas e instalar sistemas de alumbrado público. Uno de esos contratos, el FAISM-096-VT-006-2009, para “pavimentar calles en la comisaría de El Cuyo”, por un monto de $3.623,815, carecía del acta de cabildo con la aprobación de la obra, un documento indispensable para darle validez legal al contrato, afirma la CMH.
Cantellano Baca, según averiguó Central 9 en otras fuentes, también recibió, previa “licitación pública nacional”, en 2009, un contrato para construir banquetas y guarniciones en la colonia Santo Domingo, de Tizimín, con recursos de la Sedesol, que fue impugnado por la empresa Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, una de las participantes en la licitación, ante la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP)
Peniche Bates, advierte esa empresa en un documento, “omitió expresar las razones legales, técnicas o económicas en que se basó” para adjudicar esa obra a Cantellano. Además, dice, éste “no cumplió lo señalado en las bases -no cuenta con la experiencia requerida- y presentó un catálogo de conceptos con errores”. La SFP respondió a la empresa que no podía hacer nada ante su denuncia, “porque la obra está pagada y concluida”.
Nada pasa
Sin embargo, la propia CMH le dio la razón al inconforme sobre la insolvencia técnica de Cantellano y su modo irregular de obtener contratos. Ese organismo revisó el bacheo de calles en la misma colonia de Santo Domingo, realizado por el constructor en 2009 -contrato FAISM-096-VT-017-2009, por $175,885, conseguido por adjudicación directa- y encontró que la obra no tenía presupuesto ni expediente técnico. La CMH ordenó la reposición de ese dinero a Cantellano y Peniche, ya que, dice textualmente la Contaduría, se configura un “posible desvío de recursos”, pero ninguno de los dos hizo caso. Continuará.-
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Formas de desvío
Otra falla detectada en el Ayuntamiento de Tizimín de 2007 a 2010 es la entrega de contratos para la “reconstrucción de calles”, una forma más de desviar recursos públicos.
Contratos
José Víctor Cantellano Baca, uno de los constructores favoritos de ese ayuntamiento, obtuvo varios contratos de ese tipo, entre ellos uno para “reconstruir calles pavimentadas en Popolnah”, con un importe de $483,986.
Anomalías
La Contaduría Mayor invalidó ese contrato porque el constructor no tenía la aprobación del cabildo, el acta de adjudicación, el expediente técnico y el pliego de condiciones, por lo que se presumía un posible desvío de recursos. Empero, nada pasó, ni aun cuando los vecinos dijeron que las calles no necesitaban reconstrucción.
Evasión fiscal
A Cantellano se le señala también como evasor de impuestos. Su nombre está en la lista de personas físicas con fuertes adeudos fiscales, publicada por el SAT en enero.
