La PGR en realidad disfrazó y torturó a albañiles haciéndolos pasar como sicarios

15 septiembre 2015
Noticias de Yucatán

MÉXICO.— Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal “Guerreros Unidos” en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con el semanario “Proceso”.

En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la PGR, junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año, en el basurero del municipio de Cocula.
Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo.
Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.
Desmienten la versión
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados.
En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente del gobierno , concuerda que quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales, de las cuales se tiene copia, ese argumento fue inventado por la PGR.
Desde diciembre pasado los autores del reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre; que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.
Además se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.

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